El Gobierno aprobó este martes a través de Real Decreto una nueva tarifa eléctrica de PVPC con la que se pretende reducir los vaivenes del mercado mayorista con el que España ha tenido que convivir durante los dos últimos años.

Esta nueva fórmula entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2024 para los consumidores a través de la aplicación en sus facturas -no tendrán que hacer nada para acogerse a estos cambios-, al incorporar así parcialmente las señales de precio a largo plazo, abordando una dexindexación parcial de los mercados al contado, al incluir referencias de los mercados de futuro que darán.

Tal y como ya explicó este periódico, la medida afectará a unos ocho millones de usuarios, una vez que más de 1,5 de contratos han pasado a estar en la tarifa regulada por el gobierno a la libre, después de que los precios del megavatio a la hora se dispararan durante los primeros meses de la guerra en Ucrania.

Los 8,5 millones de clientes que tienen la PVPC comenzarán a observar los nuevos cambios a partir del 1 de enero del próximo año. No obstante, aquellas empresas que estaban bajo el paraguas de este mercado tendrán que abandonarlo y acogerse al libre. Es decir, toda aquella sociedad deberá negociar un precio por megavatio a la hora con las comercializadoras eléctricas, tal y como explican fuentes ministeriales. Solo las micropymes podrán acogerse a la nueva reforma.

La condición de microempresa se acreditará mediante declaración responsable ante el comercializador de referencia y deberá ajustarse a lo previsto en la reglamentación europea, esto es, empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

El Gobierno para sacar adelante la medida se acoge al artículo 5.6 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En él, se expresa que “a los efectos de un período transitorio que permita establecer una competencia efectiva entre los suministradores de contratos de suministro de electricidad y lograr precios de la electricidad minoristas plenamente efectivos basados en el mercado de conformidad con el apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas que no se beneficien”.

Además, desde el Ministerio de Transición Ecológica se defiende que gran parte del tejido empresarial de España son micropymes. “Según los datos del informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre estructura y dinámica empresarial en España, el 95,8% de las empresas en España son microempresas (0-9)”, remarcan desde la cartera liderada por Teresa Ribera.
“Por otro lado, a finales de 2020 aproximadamente el 10% de los CUPS con potencia contratada ≤10kW eran empresas. Se asume que se mantiene este porcentaje para el ejercicio 2022”, narran dichas fuentes.

Con todo, de acuerdo a los datos que maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el número de pequeñas empresas que podrán beneficiarse de la nueva modalidad de tarificación estará por encima de 830.000.

Las eléctricas piden mejoras

La patronal de las empresas eléctricas, a pesar de aplaudir la nueva metodología para evitar volatilidad en el mercado, considera que la nueva normativa “debería haber recogido además otras cuestiones que son esenciales para la actividad que desempeñan las comercializadoras de referencia”.

En primer lugar, la asociación liderada por Iberdrola y Endesa pide actualizar los costes prudentemente incurridos de la comercialización tal y como establece la normativa, correspondiente a una actividad regulada, estando pendiente la revisión de los costes de comercialización para los periodos 2019-2021 y 2022-2024.