Hacienda admite que recaudará menos de lo previsto con el impuesto a las grandes fortunas por un error en su redacción, que ha intentado corregir por la puerta de atrás a tan solo unos días de la fecha en que el tributo debe abogarse y provocando un buen tirón de orejas del Consejo de Estado. Ahora, pese a ello, el Ministerio no se plantea modificar la ley para que tenga el efecto que en un principio se buscaba de cara a próximos ejercicios.

En el departamento que dirige María Jesús Montero no creen que ellos hayan cometido un error a la hora de redactar la ley por la que se rige el impuesto -que en principio es temporal-, pero sí asumen que la interpretación que realizó la pasada semana el Consejo de Estado y por la que les llamó la atención será la que tendrá que aplicarse. Y que, a consecuencia, la recaudación se verá inevitablemente mermada. "No es un error, sino una cuestión muy técnica que se ha interpretado de la forma más restrictiva", explican fuentes del departamento.

Si el Gobierno tenía previsto recaudar unos 3.000 millones de euros en los dos años que por ahora estará en vigor el nuevo gravamen, aprobado al albor de un año de fuerte inflación y de la insistencia del Ejecutivo por que en ese contexto quienes más tienen deben contribuir más a las arcas públicas, ahora los ingresos se verán seriamente reducidos. Sucederá así puesto que parte de los contribuyentes más ricos de las comunidades autónomas donde el impuesto de patrimonio está bonificado, a los que se dirigía este nuevo gravamen, podrán deducirse la cantidad que les correspondería pagar de patrimonio si no existiesen rebajas en su región, en lugar de la que realmente abonen, como se pretendía.

Un dictamen fulminante del Consejo de Estado

A menos de un mes para que arrancase el plazo de presentación del impuesto, que empieza este julio, un dictamen del Consejo de Estado avanzado por Vozpópuli hizo saltar las alarmas. El órgano consultivo alertó de que el Ejecutivo trataba de introducir una modificación sustancial en la ley a través de la orden ministerial que aprobaba el modelo para su liquidación, criticando que ese tipo de cambios no pueden llevarse a cabo sin pasar por audiencia pública y por otros trámites pertinentes.

Por eso, finalmente Hacienda publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin los cambios que había planteado. La modificación pretendía alterar algo establecido en la ley y que hasta el momento había pasado del todo desapercibido: que algunos contribuyentes tienen derecho a deducirse la cuota que les correspondería pagar por patrimonio pero antes de abonarlo, es decir, sin tener en cuenta las bonificaciones de las comunidades autónomas.

Pero no serán todos los contribuyentes con más de tres millones de patrimonio quienes se verán beneficiados del error. El embrollo legal parte tiene que ver con el escudo fiscal, que establece que las cuotas de IRPF y Patrimonio no pueden exceder, juntas, el 60% de lo que se paga de IRPF. Eso se calcó en el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas aunque cambiando el 60 por un 80%, y es lo que permite a parte de los afectados restar lo que habrían de pagar de patrimonio de la cuota del nuevo impuesto, en lugar de lo que realmente terminen pagando.

Según algunas fuentes citadas por Expansión, Hacienda terminará recaudando el 20% de lo que esperaba recibir, pero en el Ministerio aseguran que la cantidad no será esa, aunque tampoco se atreven a hacer una predicción alternativa.

Hacienda aprobó el impuesto en diciembre de 2022 para conseguir que pudiera declararse ya en 2023, pese a que en un primer momento la intención era que se declarase por primera vez en 2024 sobre el patrimonio del año anterior. "Lo que más llama atención es cómo hacer las cosas rápido tiene un impacto muy grande en el efecto que querías tener", explicó a este medio, en una entrevista previa, Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown.

Hay que recordar también que este impuesto ha generado polémica entre el Ejecutivo y algunas comunidades autónomas porque Madrid, la Junta de Andalucía y la de Galicia -las dos primeras lo tienen bonificado al 100%, y la última ha aumentado su bonificación- interpusieron recursos ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión cautelar del nuevo impuesto las dos primeras comunidades. La Justicia admitió el recurso, pero rechazó suspenderlo.

Hay expertos que consideran que podría considerarse que el impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno habría legislado contra la política fiscal de las regiones, pero será el alto tribunal el que deberá determinarlo. Pase lo que pase, el presidente del Partido Popular Feijóo ha prometido derogar el impuesto si llega al poder, concretamente en el mes de septiembre.

Pero esto no implica la devolución de lo ya abonado este mes de julio, sino tan solo que no se aplique en el ejercicio 2023, que se declara en julio de 2024. La promesa del líder popular va en la línea de devolver la autonomía fiscal a las comunidades autónomas. Por el contrario, Yolanda Díaz, al frente de la coalición Sumar que integra a Podemos, pretende que el tributo sea permanente, algo que ya defendió Unidas Podemos cuando Hacienda aprobó el impuesto.