PSOE y Sumar anunciaron en la mañana de este martes que habían llegado a un acuerdo para un nuevo gobierno de coalición. Y entre las medidas más sonadas que incluye ese pacto están la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y fijar un tipo del 15% en el impuesto de sociedades sobre el resultado contable -en lugar de sobre la base imponible, como hasta ahora- con el objetivo de recaudar más. Ambas ideas han quedado ya por escrito, aunque no hay que olvidar que se trata de un acuerdo de gobierno, es decir, una mera hoja de ruta para una legislatura que después podrá o no cumplirse.

El tema de los impuestos y las grandes empresas ya venía siendo un importante caballo de batalla para Podemos. La vicepresidenta en funciones ha insistido en diferentes ocasiones en que es un escándalo que negocios pequeños como una peluquería paguen menos de tipo efectivo que multinacionales, y en parte por esa presión se terminó estableciendo un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades -también por su presión se introdujo un impuesto temporal a la banca y a las eléctricas el año pasado-. Ahora, la intención es ir más allá, estableciendo que el impuesto se calcule sobre el resultado contable de las empresas en lugar de sobre la base imponible.

"Esta reforma asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE, la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto", dice el texto. La intención es mejorar la progresividad del sistema fiscal, acortar la brecha de ingresos sobre PIB respecto a la media europea al final de la legislatura y conseguir una mayor recaudación que permita "financiar servicios públicos y prestaciones sociales de calidad", reduciendo también "la desigualdad y la pobreza", "tal y como establece la Constitución".

Sumar va un poco más allá de eso, con la vicepresidenta asegurando este martes que su fin es evitar "los ejercicios de ingeniería fiscal" de las empresas, y, en última instancia, recaudar unos 10.000 millones de euros más anualmente que poder dedicar a otros gastos. Aquí lo llamativo es que esa cantidad se sumaría a los alrededor de 30.000 millones de euros anuales que a día de hoy recauda la Agencia Tributaria por impuesto de sociedades -el último dato disponible, de 2022, es de 32.176 millones-, por lo que el aumento de los ingresos no es en absoluto nimio: sería del 30% sobre los ingresos actuales.

En principio, la recaudación por sociedades este 2023 podría alcanzar los 40.000 millones de euros. El año más prolífico para su recaudación fue 2007, cuando supuso unos ingresos de casi 45.000 millones de euros, todo según datos de la AEAT, dependiente del Ministerio de Hacienda.

De base imponible a resultado contable

El cambio legislativo que plantea el Gobierno de coalición -ahora en funciones- para la próxima legislatura puede parecer muy técnico, pero si se aplica supondría un cambio importantísimo para la fiscalidad de las compañías. Actualmente las empresas pagan el impuesto de sociedades después de calcular la diferencia entre sus ingresos y sus gastos y de aplicar una serie de ajustes técnicos. Es así como se obtiene la base imponible, sobre la que se paga el impuesto en la actualidad. Sin embargo, pagarlo sobre el resultado contable sería pagarlo sobre la diferencia "desnuda" entre los ingresos y los gastos de las compañías, lo que no solo generaría inconvenientes importantes para muchas, sino posiblemente también problemas legales.

"Esto, si se aplica, obligaría a tributar en situaciones en las que las empresas no han obtenido beneficios", explica el director del Instituto de Estudios Económicos -centro de estudios de la patronal CEOE-, Gregorio Izquierdo. "Pero el problema no solo sería el tener que tributar por un beneficio distinto a la capacidad económica, sino que no permitirían aplicar las correcciones técnicas habituales, que a día de hoy en algunos casos permiten no tener que tributar nada".

Izquierdo se refiere aquí a tres mecanismos básicos para ajustar los resultados de las empresas: los de consolidación fiscal, por los que los grupos empresariales tributan en conjunto -para que no pagar dos veces por el mismo beneficio-; los de compensación de pérdidas, y los que permiten deducir las ventas que un grupo empresarial ha acometido en el extranjero y por lo que ya ha pagado impuestos fuera. "Son ajustes que están generalizados en todos los países, aunque esto se vista de medida para acercarnos a los estándares de la Unión Europea", remarca el economista. En acuerdo también se insiste en la importancia de acortar la brecha de ingresos sobre PIB respecto a la media europea a lo largo de la legislatura.

Hacienda asegura que no ha calculado ese dato

Preguntado por la magnitud del aumento de recaudación, desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el dato de los 10.000 millones que en teoría se ingresarían de más gracias a este cambio fiscal no procede de sus técnicos. Aun así, esa es la cifra que Yolanda Díaz ha proporcionado este martes en el anuncio del acuerdo programático, y lo que estima que se recaudaría al conseguir que las empresas tributen "sobre los beneficios reales", y "no sobre lo que nos dicen que perciben", según sus palabras.

Por otro lado, en la cartera del acuerdo también está subir el salario mínimo garantizando que no se pierde poder adquisitivo, mantener los impuestos extraordinarios a la banda y las energéticas y reducir la jornada laboral —primero a 38,5 horas, después a 37,5 horas y a partir de ahí de la mano del diálogo social—. También hay un compromiso para "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Es decir, no llega a endurecerse el despido como Yolanda Díaz venía pidiendo durante la campaña de las elecciones generales, sino que se queda en un propósito genérico.