Economía

CEOE presionará a Trabajo para ligar el SMI a los contratos públicos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la ceremonia de entrega de unos premios.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la ceremonia de entrega de unos premios. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La batalla por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), por una vez, no está en las cifras. En esta ocasión, sindicatos y patronal han decidido poner el foco en los contratos públicos, pese a que la ministra María Jesús Montero ya se negó este martes en redondo a negociar ese aspecto. Pero fuentes de la patronal de organizaciones empresariales CEOE han asegurado a este periódico que forzarán al Gobierno para que ceda en este aspecto a cambio de su sí al nuevo incremento de los sueldos más bajos.

Para los empresarios, es ilógico, un sinsentido y un problema que el Ejecutivo venga subiendo el salario mínimo al mismo tiempo que se impide que se revisen los contratos públicos ya licitados. La consecuencia es que la subida del SMI asfixia a las empresas subcontratadas por la Administración que tienen un gran número de trabajadores cobrando estos sueldos, que pueden terminar teniendo que sacrificar la calidad de su servicio.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya había manifestado esta semana que la citada indexación a la subida del SMI es "de lo más razonable", pero fuentes de su equipo ahora prácticamente lo establecen como una línea roja. Mucho tiene que cambiar el planteamiento de Trabajo, precisan, para que acepten un incremento salarial que no contemple la indexación, y no les valen promesas a futuro. Sobre todo, ahora que los sindicatos UGT y CCOO también están pidiendo lo mismo, algo del todo poco habitual.

El problema, la ley de desindexación

El conflicto viene de dos leyes del Gobierno de Mariano Rajoy, que el actual Ejecutivo está preservando. Son la Ley de Desindexación de la Economía y la Ley de Contratos Públicos, que impiden trasladar los incrementos salariales aprobados por ley a los contratos de licitaciones públicas. Es un melón que ya ha tratado de abrirse en otras ocasiones en las que Yolanda Díaz ha abierto la negociación para la subida del SMI, y en concreto ya se discutió el pasado enero, cuando la inflación media del 2022 había quedado en el 8,5%, la más alta desde los años 80.

La negativa del Gobierno ha sido constante, lo que choca con su postura general ante las leyes que el PP aprobó en una época de políticas de austeridad, la misma que propició la reforma laboral ahora tumbada por la vicepresidenta y ministra Díaz. De hecho, los sindicatos denuncian que esta situación está provocando vulnerabilidades entre los empleados de las contratas y subcontratas, incluso descuelgues de convenios colectivas, porque hay empresas que no pueden aplicar las mejoras salariales si no se actualizan las asignaciones de sus contratos.

"No vamos a hacer ninguna cuestión que haga que el coste de los servicios públicos se incremente en relación con lo que actualmente venimos prestando. Y tampoco parece lógico que las subidas del salario mínimo interprofesional recaigan sobre las cuentas públicas que pagamos todos los ciudadanos", aseguró la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En cambio, el Ministerio de Trabajo sí ha mostrado su disposición a estudiar las peticiones. Pero la decisión no es de ese departamento, sino de Economía y Hacienda, que rechazan la idea en redondo.

El SMI subirá alrededor de un 4%

En caso de que CEOE no dé su sí al alza del SMI por el tema de las contratas públicas, los sindicatos han asegurado que serán más duros en sus exigencias al Gobierno. Por el momento, UGT y CCOO han pedido incrementar el SMI alrededor de un 5%, con ciertas condiciones. La patronal, por su parte ha propuesto subirlo un 3% más un 1% adicional en caso de desviación de la inflación, tal y como se firmó en mayo para el conjunto de los trabajadores sujetos a convenios colectivos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Si Trabajo acepta esta última propuesta, el salario mínimo quedaría en los 1.112 euros al mes, en 14 pagas, frente a los 1.080 euros al mes actuales, salvo en caso de que la inflación se desvíe más de lo esperado. De su lado, el Gobierno ha propuesto una subida del 4%, hasta los 1.123 euros, porque considera que debe revalorizarse como mínimo tanto como han subido los precios -y la inflación media de 2023 va a quedar tan solo ligeramente por debajo del 4%, de hecho las pensiones subirán en enero un 3,8%-.

Por otro lado, la patronal ha pedido una deducción de las cuotas sociales en el sector agrario, es decir, bonificaciones para los trabajadores de la agricultura. El rechazo de CCOO y UGT, sin embargo, y también el de Trabajo parecen haber hecho dar marcha atrás a CEOE, que no ha vuelto a insistir en el tema como una prioridad. En otras ocasiones los empresarios también han pedido que el salario mínimo suba de forma diferente en función de la región, o en función del sector, pero el Gobierno siempre ha cerrado la puerta a estas posibilidades.

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