El Gobierno y Junts llevan días discutiendo sobre cómo hacer volver a Cataluña a las empresas que se marcharon tras el referéndum del 1 de octubre. El Ejecutivo ha necesitado a los independentistas para sacar adelante varios reales decretos importantes que finalmente han sido aprobados a un alto precio. ¿La amnistía? Sí, eso estuvo bien, pero ya fue la pieza de cambio para investir a Pedro Sánchez, así que los catalanes ahora han exigido otras ventajas a cambio de su abstención en una ajustadísima votación en el Congreso.

Por eso, ahora el foco está en el pacto que posibilitó la aprobación de los dos decretos urgentes -el tercero, el del empleo, no salió adelante por el voto en contra de Podemos- y también en la manera en la que se articulará ese dudoso regreso forzado.

Lo cierto es que no está nada claro cuál podría ser la fórmula que el Gobierno escogerá para satisfacer a sus socios, que urgen a tomar medidas para conseguir que las empresas desplazadas devuelvan su sede social a la región. La opción de sancionarlas parece prácticamente descartada por inviable en el plano legal, y aparentemente continúa sobre la mesa la posibilidad de crear incentivos fiscales para las que decidan regresar, así como la de endurecer la legislación para que las compañías establezcan su sede donde radique su actividad principal.

Cualquiera de todas estas opciones, sin embargo, generan un sinfín de dudas a los expertos consultados por este periódico, que recuerdan la importancia de la unidad de mercado y advierten de las consecuencias de ir contra ella. Detrás de todo este cúmulo de posibilidades y de dudas, no obstante, se esconde otra pregunta quizá más importante: ¿cómo de importante es para una comunidad autónoma que ciertas empresas tengan su sede allí? ¿Es tan vital la diferencia? ¿De qué manera le beneficia a la Generalitat este deseado regreso de las empresas?

Lo cierto es que el lugar donde radica la sede social de una empresa es solo el centro de operaciones de la misma, donde la compañía toma las decisiones, pero no el lugar donde se encuentra su estructura productiva ni sus servicios. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un cambio legislativo que facilitaba el cambio de sede social, sí, que ahora Junts quiere revertir, pero hay que recordar que esos traslados exprés no afectaban a la estructura de las empresas. Es decir, que cambiar de domicilio social solo implica inscribirse en una ciudad diferente en el Registro Mercantil, pero no trasladar los medios de producción, las oficinas, las fábricas ni tampoco las plantillas.

De hecho, la implicación del cambio de domicilio social es tan pequeña que no tiene apenas efecto fiscales a nivel tributario. El tributo más importante que afrontan las empresas es el impuesto de sociedades, y este tiene titularidad estatal, por lo que las compañías pagan lo mismo estén donde estén -solo con la excepción de País Vasco y Navarra, comunidades forales y por tanto fuera del régimen común-. De este modo, una comunidad como por ejemplo Cataluña sigue beneficiándose de los impuestos que pagan las empresas con sede social en otras regiones, como es el caso del banco Sabadell en Alicante, y viceversa. Es así puesto que el Estado es quien recauda ese gravamen y después distribuye a través de la financiación autonómica.

¿Entonces? ¿Hay otros impuestos? Sin duda, sí: está el de transmisiones patrimoniales y el de bienes inmuebles (IBI), que se abonan a los ayuntamientos, y en caso de fusiones o absorciones se paga el de operaciones societarias. Pero la mayor parte de los tributos locales están más relacionados con los bienes físicos, de manera que no varían con los cambios de sede social, sino con los traslados por ejemplo de inmuebles.

Uno de los miedos que cundió en 2017 fue la idea de que los bancos podrían dejar de tener acceso a liquidez como consecuencia de la declaración unilateral de independencia (DUI), pero pronto quedó claro que esa situación solo se habría producido en caso producirse una independencia real y por tanto una salida del Eurosistema, con todo lo que ello conlleva, algo que ni pasó ni tenía visos de pasar especialmente después de que el Govern suspendiese la DUI solo segundos después de anunciarla.

Sin embargo, eso no evitó que entonces los clientes temieran que ante una posible independencia su dinero no estuviese bajo la protección del Banco Central Europeo (BCE). Por ello, antes de que se llevase a cabo el cambio de sede en Banco Sabadell y CaixaBank, los dos bancos catalanes más importantes, se registró una fuga de depósitos de más de 10.000 millones de euros solo en la semana posterior al referéndum.

Por tanto, el cambio de sede fundamentalmente afecta a la imagen de la empresa, lo que puede repercutir negativamente en las cuentas de la compañía en caso de que cierto contexto político ahuyente a los inversores. Sin duda el temor de que la región realmente se independizara en 2017 podía tener serios efectos en las compañías cotizadas, y por tanto sujetas a los mercados y a los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Una hipotética independencia podría percibirse como una fuerte fuente de inestabilidad, razón de más para huir de la región y establecerse en un lugar más tranquilo.

Las empresas descartan volver a Cataluña

A día de hoy, las empresas que cambiaron su sede social descartan volver a Cataluña. Además, fuentes empresariales conocedoras de la situación aseguran que la credibilidad de la compañía quedaría en entredicho si después de 6 años vuelven a cambiar su sede social. "Se cambiaron las sedes en medio de un polvorín político, toda la credibilidad se perdería si volviéramos ahora", aseguran esas fuentes. También señalan la que la polarización política actual no es el mejor escenario para cambiar la sede de vuelta a Cataluña.

Otras fuentes cercanas apuntan a que el cambio no sentaría bien entre inversores, accionistas y clientes. De hecho, añaden que podría ser más perjudicial la imagen que se diese que los posibles incentivos fiscales, económicos o laborales que podría tener el cambio de sede a Cataluña. Por el momento, la mayoría de las empresas grandes que se cambiaron de sede han decidido no hacer declaraciones al respecto y más cuando no está nada claro. No hacer declaraciones de todos los movimientos políticos es la premisa que están tomando todas ellas, ya que aseguran están centrados en sus clientes.