El año pasado, tan solo 14.000 personas optaron por jubilarse parcialmente, es decir, por empezar a cobrar su pensión al mismo tiempo que continúan trabajando en su empresa unas horas a la semana. Aunque la fórmula es ideal para el Gobierno, porque cuanto más tarde se jubilen los trabajadores mayor es el ahorro en pensiones -y en plena jubilación del baby boom el dinero público no sobra-, a día de hoy la idea no termina de calar entre los que están a punto de retirarse. Y es lo que el Ejecutivo planea revertir a lo largo de los próximos meses.

La reforma de la jubilación parcial es uno de los flecos que queda pendiente de la reforma de las pensiones. La idea del Gobierno era presentarla antes del 30 de junio del año pasado, pero el adelanto electoral frustró esa expectativa, que buscaba cumplir con lo que ya consta en la propia ley de pensiones.

En la norma, se establecía que el Ejecutivo debía presentar en el Pacto de Toledo antes del 1 de abril de 2024 "una reforma negociada de la figura de la jubilación parcial a fin de garantizar un régimen de compatibilidad efectiva entre trabajo y pensión, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste de esta modalidad de pensión".

Ahora, el Ministerio de Seguridad Social -que encabeza Elma Saiz tras la salida de José Luis Escrivá- se ha propuesto que los mayores puedan salir de forma progresiva del mercado de trabajo, en lugar de pasar de trabajar a diario a no hacerlo, como ahora es lo habitual. Con ese fin, este lunes sindicatos y organizaciones de empresarios se reunieron con la ministra para empezar a abordar los temas que tienen pendientes esta legislatura. Si consiguen que se generalice este tipo de jubilación, el ahorro sería pertinente, pero lo complicado será encajar los intereses de unos y otros.

A día de hoy, la jubilación parcial existe, pero su letra pequeña complica su acceso. Para las empresas, el problema es que el trabajador que se ha jubilado parcialmente tiene que cotizar al 100% de su anterior base de cotización, independientemente de que se emplee durante solo un tercio de la jornada. Es decir, que la empresa tiene que abonar a la Seguridad Social lo mismo que el empleado si trabajase a jornada completa, lo que hasta hace unos meses suponía un coste extra frente al contrato de una persona a tiempo parcial, por la que solo tenía que pagar la parte proporcional de esa cotización. 

Pero si se recorta la cotización de forma proporcional, repercutiría negativamente en la pensión de los trabajadores a lo largo de toda su vida, y eso desincentivaría que los casi jubilados acepten mantenerse en el mercado laboral aunque sea parcialmente. Por otro lado, la regulación está muy ligada a los contratos de relevo, regulación que también se busca modificar. Y aparte existe la jubilación activa, que permite a jubilados compatibilizar el cobro de su pensión con una actividad laboral, pero solo después de haber llegado a la edad legal, lo que no produce ahorro alguno en gasto en pensiones.

Los sindicatos son partidarios de volver a la regulación de 2011, revirtiendo los recortes del PP, que endureció las condiciones condiciones de acceso a una jubilación a la que hasta entonces podía accederse hasta cuatro años antes de llegar a la edad legal -ahora solo se puede acceder a la jubilación parcial antes de la edad legal de jubilación solo si es a través de un contrato de relevo-. Sin embargo, los empresarios esperan beneficios para que la fórmula sea más atractiva para las compañías, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.

Pero ambas partes están de acuerdo en que esta fórmula de jubilación debe utilizarse para mantener a más personas en el mercado laboral, como establecieron en el último Acuerdo por el Empleo y para la Negociación Colectiva (AENC). "Con tal fin, los convenios colectivos podrán reconocer el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación e impulsarán, en su caso, los mecanismos para su puesta en marcha en cada uno de los sectores y empresas, en función de sus circunstancias y características propias", firmaron UGT, CCOO, CEOE y Cepyme.

Otras promesas de pensiones

Por otro lado, Seguridad Social también deberá abordar otras promesas electorales que aparecían en los programas del PSOE y Sumar. El de Pedro Sánchez aseguraba que trataría de fomentar la natalidad "regalando" un año cotizado extra a quienes tengan o adopten hijos. El PSOE se comprometía a reconocer ese año extra de cotización, "que redundará en la futura pensión", a cada uno de los progenitores del niño, aunque no concretaba de cuánto será exactamente esa aportación extra a la Seguridad Social que pagará el Gobierno ni si contabilizará como uno de los primeros o de los últimos años de la vida laboral -así tendría que ser para que redunde en el cálculo de la pensión-.