Economía

El Banco de España y el CES formarán parte del Consejo de la Productividad

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una imagen anterior a asumir el cargo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una imagen anterior a asumir el cargo. Europa Press

Un miembro del Banco de España, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), y otros economistas designados por varios ministerios integrarán el Consejo de la Productividad, el nuevo organismo que el Gobierno creará en las próximas semanas con la misión de analizar esta variable y las políticas públicas que le afecten. Este jueves, los Ministerios de Economía y Trabajo han sacado a audiencia pública el proyecto para constituir el Consejo, tal y como el ministro Carlos Cuerpo ya había anunciado que haría.

La creación del Consejo de la Productividad supone un hito en tanto que los acuerdos entre ambos departamentos del Gobierno eran inexistentes mientras Nadia Calviño estaba al frente del primero, pero también porque el debate sobre la productividad será clave de cara a la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de Yolanda Díaz de cara a esta legislatura. La iniciativa no es del Gobierno, sino que da respuesta a una recomendación del Consejo de la Unión Europea, aunque esta no era vinculante.

La idea es contar con un organismo que se encargue "de forma específica de analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad, con el objetivo de fomentar la aplicación de reformas que inciden en su mejora y de forma adicional en un mayor crecimiento económico", han explicado desde ambos Ministerios. "Con este objetivo se creará el Consejo de la Productividad que tendrá entre sus funciones la elaboración de análisis económicos y estadísticos y la emisión de opiniones públicas orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española y su reparto, así como de las políticas públicas con impacto en estos ámbitos".

Según el borrador del real decreto que está en audiencia pública, varios ministerios tendrán potestad para nombrar a otros miembros del citado Consejo: el de Economía nombrará al presidente; el de Trabajo, al vicepresidente; y los de Ciencia, Transformación Digital y Hacienda podrán designar cada uno a un vocal. Completarán el panel la persona nombrada por el Banco de España, aún por designar pero que deberá ser un integrante de la Dirección General de Economía y Estadística; el presidente del CES, que ahora es Antón Costas, y otros cinco economistas independientes, tres de los cuales los propondrá Economía y dos más que propondrá Trabajo, pero que deberá aprobar el Consejo.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO podrán proponer a dos personas que también formarán miembro de Consejo, pero no tendrán voto, y de la misma manera sucederá con las dos personas que deben designar las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme. Por último, el titular de la Dirección General de Análisis Macroeconómico, Eduardo Aguilar, será el secretario del Consejo, y tampoco tendrá voto. De este modo, por el momento solo se conocen dos de los nombres que integrarán el organismo.

Quedan fuera, de este modo, los miembros de instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque algunas fuentes han considerado que lo habitual es que un organismo independiente de su calibre se mantenga alejado de las iniciativas del Gobierno. Eso sí, el Consejo podrá contar con la opinión de los expertos de la AIReF en alguna de sus sesiones, así como con personal del Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) u otros organismos pertinentes.

Lo que también tiene previsto detallar el real decreto es quiénes no podrán ser designados como miembros: altos cargos del Gobierno o de las comunidades autónomas, diputados, integrantes de la dirección de partidos políticos, o integrantes de sindicatos o patronales. Asimismo, se establece que deberán permanecer como miembros durante cinco años, sin posible renovación, solo pueden cesar por causas excepcionales. También establece que se convocarán reuniones una vez cada seis meses, aunque pueden llevarse a cabo sesiones extraordinarias.

Un informe cada año

Entre las funciones del organismo está elaborar análisis económicos y estadísticos "orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española", su reparto entre rentas del trabajo y beneficios empresariales, así como de las políticas públicas con impacto en estas dimensiones. El consejo también opinará sobre la política económica del Gobierno y puede solicitar informes a expertos independientes, pero sobre todo tiene el mandado de elaborar un informe anual, que presentará antes del 15 de diciembre y que explicará en la Comisión de Economía en los tres meses siguientes.

El proyecto de real decreto no establece cuánto cobrarán los miembros del Consejo, sí recoge que de los gastos del mismo se hará cargo el Ministerio de Economía y que percibirán indemnizaciones según el decreto que las rige. Entre las áreas que analizará el organismo cuando así le sea encomendado, recoge la "innovación, la inversión pública y privada, la educación y la formación profesional, la adopción de nuevas tecnologías, la especialización sectorial, así como factores relacionados con los costes que afecten al precio y a la calidad de los bienes y servicios producidos en la economía, entre ellos a los relativos a la competencia, el tamaño y la concentración empresarial y los competidores mundiales a corto plazo".

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