Economía

La cesión de impuestos a Cataluña retrasaría las inspecciones a las 9.000 multinacionales

La Agencia Tributaria Catalana (ATC) debería solicitar información a la Agencia Tributaria y esto alargaría los procesos, según los inspectores de Hacienda

Centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat (Barcelona). Amazon / Europa Press

La lucha contra el fraude fiscal sería una de las funciones de la Agencia Tributaria que se vería afectada si la propuesta de la Generalitat para que el Estado le ceda la totalidad de las competencias tributarias sale adelante. El Govern reclama que sea la Agencia Tributaria Catalana (ATC) quien asuma la inspección de las obligaciones fiscales, un asunto que retrasaría las investigaciones que puedan realizarse a las más de 9.000 multinacionales con sede en Cataluña, según los inspectores de Hacienda.

"La ATC tendría que requerir la colaboración de la Agencia Estatal para realizar prácticamente cualquier inspección, porque no podrá verificar operaciones realizadas fuera de Cataluña", asegura la asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en el informe sobre Las consecuencias de la independencia fiscal de Cataluña.

Este sería uno de los "muchos problemas" que tendría la cesión de la inspección, según la IHE, porque las funciones quedarían muy "limitadas", frente a la "capacidad" que tiene en la actualidad la Agencia Tributaria.

"La ATC estaría obligada a "encargar" este trabajo a la Agencia Estatal, y eso siempre genera retrasos, puesto que los órganos de inspección de la Agencia Estatal tienen sus propios planes de Inspección, lo que hará que el trabajo que desarrollan para otra no sea el que se realice en primer lugar". Esto llevaría a que los plazos de estas investigaciones se alarguen, "en perjuicio de los derechos de los contribuyentes", añaden.

Esto sucedería en cuanto a los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, pero de forma más grave en referencia a las empresas multinacionales. Según los últimos datos de la Agència per la competitivitat de l'Empresa (Acció) en Cataluña tienen sede 9.255 empresas extranjeras que representan el 31,6% del volumen de negocio y el 19,5% de la ocupación en la región. Del total, 518 son grandes compañías con más de 250 trabajadores y una facturación anual de 50 millones de euros.

"El fraccionamiento dificulta la lucha contra el fraude, en cuanto a los procedimientos y la comunicación que debería existir. Se crearía un muro que va en contra de los últimos cambios que hemos ido viendo a nivel nacional e internacional", apuntó Ana De la Herrán, presidenta de la IHE, durante la presentación del informe.

Inspección de grandes patrimonios

La propuesta catalana también tendría consecuencias para el control de grandes patrimonios, que está centralizada en la Unidad Central del Control de Patrimonios Relevantes. "Si se fraccionara la AEAT, este control para detectar conductas irregulares de los grandes patrimonios no se podría hacer para los contribuyentes domiciliados en Cataluña".

También plantearía conflictos para la ejecución de planes de inspección de fiscalidad internacional y sería necesaria la colaboración entre la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) con la Agencia Tributaria de Cataluña. Desde IHE apuntan que se ocasionarían problemas en los planes de control aduanero y del contrabando y remarcan que la ATC no puede "realizar actuaciones de embargo fuera del territorio catalán", porque así lo recoge la Constitución.

"La cesión a la ATC de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos recaudados en Cataluña conllevaría efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema tributario, ya que incrementaría los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuiría su seguridad jurídica y, en general, haría más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario", concluyen los inspectores.

Por todas estas consecuencias, desde la asociación reclaman al Gobierno que "la AEAT no se convierta en moneda de cambio" porque argumentan que "el fraccionamiento" de la institución "supondría la quiebra de la trayectoria de dicho organismo desde su creación".

"Inconstitucional"

Además de las consecuencias del fraccionamiento de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda tildaron de "inconstitucional" la propuesta catalana. Aseguran que rompe los principios de "igualdad, justicia y solidaridad" que incluye la Constitución. La asociación profesional defiende que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), ni el Estatut recogen las posibilidades que pide ahora la Generalitat.

La idea de establecer un consorcio, como propone la Generalitat, tampoco contaría con el visto bueno de los tribunales, aseguran los inspectores. Y es que, estos consorcios están previstos cuando "la naturaleza de un tributo lo exija", situación que no se da en ningún caso con los impuestos que recoge el sistema tributario actual.

Los inspectores reconocen, igual que "todos los expertos", que el modelo de financiación autonómico está "desfasado". Pero añaden que "esa deficiencia del modelo actual no puede justificar que Cataluña diga que se sale del modelo", sobre todo, cuando todos los estudios apuntan a que la Comunidad Valenciana es la región peor financiada.

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