El gasto público en pensiones ha rozado este mes de marzo los 12.700 millones de euros, un 60% más que hace una década, según los datos que ha publicado este martes la Seguridad Social. Se trata de un incremento que se produce en plena jubilación de la generación del baby boom y con las pensiones revalorizándose año a año de forma considerable puesto que se ligaron a la inflación en 2021.

El aumento del gasto público en pensiones de todo tipo tiene que ver tanto con la inflación y el aumento en las nuevas altas, pero también con que quienes se están retirando a día de hoy cotizaron más que las generaciones anteriores, y por tanto generaron su derecho a una mejor pensión. Pero el factor que más ha incrementado el coste que esta partida tiene para el Estado es su unión con la subida de los precios, que provocó que en enero del año pasado todas las pensiones contributivas aumentasen un 8,5%, y que este enero lo hicieran un 3,8%, en línea con el IPC promedio de los once meses anteriores.

En comparación con marzo de 2014, hace diez años, pagar las pensiones este mes ha costado 4.750 millones de euros más, cuando la nómina mensual fue de 7.946 millones de euros. Frente al mismo mes antes de la pandemia, en 2019, la cuenta es 3.000 millones superior. Solo las pensiones de jubilación este mes han costado cerca de 9.290 millones, cuando hace diez años el importe era de 5.650. De hecho, ahora las pensiones de jubilación cuestan el doble de lo que costaban cada mes en 2010, lo que evidencia el importante reto que el sistema público tiene ahora por delante.

La pensión de jubilación la cobran a día de hoy 6.458 millones de personas en España, un 24% más que en 2010, el primer año al que llegan los registros -comparables- del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son las que más aumentan mes a mes, a razón de un 1,9% más en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las de viudedad apenas crecen un 1% cada mes, y algunos ejercicios no aumentan, sino que se reducen. Lo mismo sucede con las de orfandad, que se han reducido en cuatro de los últimos seis años. Respectivamente, estas pensiones solo las cobran 2,3 millones de mujeres españolas y 341.000 niños, un 2% y un 26% más que en 2010.

Los nuevos jubilados cobran un 50% más que los de 2008

Pero la clave no está solo en el aumento de jubilaciones, también en que estos pensionistas tienen derecho a unas prestaciones mejores que sus padres. De hecho, los datos muestran que la pensión media de jubilación, que reciben cada mes 6,3 millones de personas, ha subido hasta los 1.438 euros al mes. En cambio, los nuevos jubilados, los que se dieron de alta en el sistema este marzo, han percibido 1.563 euros, casi un 50% más de lo que cobró el jubilado que se diera de alta en 2008. Por otra parte, hay 940.547 perceptores de incapacidad permanente, 323.449 de orfandad, y 45.128 en favor de familiares.

Eso explica, en parte, que en el marco de la reforma de las pensiones se decidiera cambiar el método para el cálculo de la pensión: en 2044, según la ley que se aprobó, las pensiones se calcularán en base a la cotización de los últimos 29 años cotizados, frente a los 25 actuales. Y la intención es terminar en un modelo en el que esta prestación se compute en base a lo que el trabajador haya cotizado a lo largo de toda su vida laboral. En el periodo de tránsito entre un método y otro, los nuevos pensionistas podrán elegir entre calcular su pensión en base a los 25 últimos años de su carrera y los 29 últimos descartando los 24 peores meses, con ligeros cambios que se implementarán año a año hasta culminar en el nuevo modelo en 2044.

Para el ejercicio pasado, el Gobierno había presupuestado 190.600 millones de euros para las pensiones, de los que 167.000 irían dirigidos a las pensiones contributivas, 20.400 a las de clases pasivas y 3.000 a las no contributivas. Para este año no hay presupuestos aprobados y el Ejecutivo ya ha decidido que continuará con los anteriores prorrogados, centrándose ahora en la elaboración de las cuentas públicas para 2025.

Con todo, la previsión es que el gasto en pensiones este año toque ya los 200.000 millones de euros anuales, un encarecimiento de la factura que se busca combatir con el aumento anual de las cotizaciones sociales que abonan mes a mes trabajadores y empresas a la Seguridad Social, tanto con el bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional como con la nueva cuota de solidaridad y también con el aumento del límite de las bases máximas de cotización.