El acuerdo entre ERC y PSC para investir al candidato socialista como president de la Generalitat incluye que sea la Generalitat quien recaude todos los impuestos que se generan en Cataluña. Y esto tendrá consecuencias para el Estado, según advierte el economista experto en el modelo de financiación autonómica e investigador de Fedea Ángel de la Fuente que señala que “si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos”.

El pacto de investidura supone un cambio en el sistema de financiación autonómica que tendrá un impacto significativo en los recursos que el Estado reparte entre el resto de comunidades autónomas. Cabe señalar que junto a la Comunidad de Madrid y Baleares, Cataluña es una de las aportadoras netas al sistema, es decir, que aporta más de lo que recibe a la caja común. En una nota breve analizando el texto del acuerdo, De la Fuente calcula que la Generalitat podría obtener hasta 13.000 millones de euros más con esta “independencia fiscal”.

El acuerdo implica que sea la Generalitat quien "gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña". El texto firmado por ambas formaciones hace mención a la "infrafinanciación" que se busca solventar creando un modelo de financiación singular para la región. De esta forma, Cataluña recaudaría todas los impuestos del sistema tributario y la Generalitat pagaría una tasa de "solidaridad" al Estado por los servicios e inversiones que éste le preste.

Pero la cuantía que Cataluña deberá pagar en compensación con los servicios prestados no está acordada, por lo que De la Fuente cree que se convertirá en una herramienta de negociación que podría ir reduciendo el precio con el tiempo. “En cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas”, opina el economista.

Fedea calcula que la aportación neta de Cataluña al sistema de financiación es de 2.088 millones de euros, una cuantía que triplica la Comunidad de Madrid, y que supondría una pérdida del 1,69% del total de recursos que el Estado destina a todas las comunidades autónomas, por lo que De la Fuente considera “modesta” esta pérdida directa. Sin embargo, si se tienen en cuenta los impuestos que recauda la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Cataluña y que ahora pasarían a estar en manos de la Generalitat, estaríamos hablando de 30.000 millones de euros.

Para lograr esa cifra, el economista explica que ha “aproximado la distribución por regiones de la recaudación tributaria del Estado a partir de la de los correspondientes tramos autonómicos de los mismos impuestos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales)” y ha “imputado la recaudación del Impuesto de Sociedades en proporción al PIB regional”. Teniendo en cuenta la cifra anterior y el “déficit fiscal” que la Generalitat calcula en 22.000 millones -muy por encima de la cuantía que calculaba hace años el Ministerio de Hacienda, como explica Fedea-, “suponiendo una reducción de la aportación catalana a la caja común del 60% del objetivo de máximos, Cataluña incrementaría su financiación neta en un 51% con respecto a la situación de partida, situándose destacada a la cabeza del actual régimen común y reduciría su aportación a la caja común en un 41%”.

Ante una situación como esta, el Estado podría recurrir a varias opciones para no ver mermados los recursos económicos. El documento plantea que “si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que queda del territorio común”. “Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio. Si se optara por una reducción del 30% del objetivo máximo, estos porcentajes se reducirían a la mitad, pero seguirían siendo apreciables”, calcula el economista.

Otras consecuencias

Además de las consecuencias económicas, Ángel de la Fuente coincide con los Inspectores de Hacienda en que “el troceamiento de la AEAT en una serie de entidades de menor escala aumentará sin duda los costes de la gestión tributaria y reducirá su eficacia”. La asociación de Inspectores ya alertó de que estos cambios en la gestión de los impuestos podían suponer un incremento del fraude, al no disponer la Agencia Tributaria de Cataluña de competencias sobre registros fiscales en otras regiones.

El investigador de Fedea añade que el acuerdo “complicará la gestión del sistema de financiación autonómica y se perderá transparencia”. “Al no haber ya una cesta común de tributos cedidos para todas las comunidades (del actual régimen común), será complicado calcular una capacidad fiscal homogénea que sirva de guía para fijar las necesarias transferencias de nivelación y asegurar el cumplimiento del principio de ordinalidad que (con buen criterio) se pretende introducir ahora en el sistema”, describe.

Como publicó este periódico, el pacto de ambas formaciones también tiene implicaciones legislativas que, en palabras de De la Fuente, “supondría un cambio cualitativo en la naturaleza del Estado, abriendo la puerta a la generalización de ciertos rasgos confederales que hasta el momento estaban restringidos a una pequeña parte del territorio”.