El sábado saltó la noticia de que Telefónica Venezolana, filial venezolana de Telefónica, había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU para pagar una multa de 85,26 millones de dólares (casi 80 millones de euros). El motivo era cerrar la investigación de una trama de sobornos a miembros del Gobierno de Venezuela.

En un comunicado remitido por el propio Departamento de Justicia estadounidense, la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal, explicó que "Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa".

Argentieri apuntó que "Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela". Y aseguró que la multa impuesta era "otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y exigir a las empresas que rindan cuentas por su conducta delictiva".

El mismo día que se publicó el comunicado Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) por violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Los hechos sancionados sucedieron en 2014, cuando el presidente de Telefónica era César Alierta, José María Álvarez-Pallete (actual presidente) era consejero delegado y Ángel Vilà (actual consejero delegado) ejercía como director de Finanzas Corporativas.

Según ha informado este lunes El Confidencial, citando a fuentes próximas al caso, la operadora sabía desde hace meses la magnitud del expediente sancionador, y durante las negociaciones con la Justicia estadounidense pactó una serie de condiciones para evitar un juicio "que hubiera tenido peores consecuencias". Una de ellas el despido de "los máximos responsables de los sobornos", entre los que estaba Pedro Cortez, que era consejero delegado de la filial venezolana cuando se produjeron los pagos de comisiones a miembros del Gobierno de Nicolás Maduro.

En su perfil personal de LinkedIN, Cortez recoge que fue presidente ejecutivo y CEO de Telefónica Venezolana entre 2012 y 2017, momento en cual pasó a ejercer el mismo puesto en la filial peruana de la compañía (Telefónica del Perú). En ese cargo se mantuvo hasta julio de 2023, cuando fue nombrado director de estrategia de Hispam, la unidad del grupo empresarial que reúne los negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Venezuela.

La vinculación de Cortez con Telefónica finalizó en julio de 2024, y desde entonces el ejecutivo actúa como "profesional independiente". Este periódico se ha puesto en contacto con la operadora para preguntar si su salida estuvo motiva por este asunto, pero han declinado hacer comentarios.

Los entresijos de la investigación

Según documentos judiciales a los que ha accedido la Justicia estadounidense, en 2014 Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Venezuela, que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta, la compañía reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como "comisión" a funcionarios del gobierno venezolano.

Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el costo de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus "pagos corruptos", a Telefónica Venezolana se le permitió cambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.

"Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, accedió a llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano", aseveró el fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York. "Luego, los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos", añadió.

El Departamento de Justicia llegó a esta resolución con Telefónica Venezolana basándose en "una serie de factores", entre ellos, la naturaleza y la gravedad del delito. Según ha explicado, la operadora recibió una sanción menor porque cooperaron con la investigación. Por ejemplo, poniendo voluntariamente a disposición a los empleados que se encontraban fuera de los Estados Unidos para entrevistas o recopilando, analizando y organizar pruebas e información, acompañadas de traducciones de documentos.

Sin embargo, la Justicia de EE.UU afirma que en las fases iniciales de la operación la empresa no estuvo por la labor de colaborar, algo que les ha jugado en contra junto con el hecho de que en 2019 la filial brasileña de la compañía, Telefónica Brasil, ya recibió una sanción de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) por comprar entradas del Mundial de Fútbol de 2014 y la Copa Confederaciones de 2013 a funcionarios brasileños.

Con todo, Telefónica Venezolana ha implementado una serie de "medidas correctivas oportunas", como disciplinar o despedir a ciertos empleados involucrados y fortalecer su programa de cumplimiento anticorrupción. Y tanto la filial como su matriz corporativa, Telefónica, han acordado seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA.