El Gobierno se enfrenta a dos expedientes sancionadores de la Unión Europea que "pueden culminar en una multa multimillonaria", según ha alertado este jueves el presidente de CSIF, Miguel Borra. La causa es la elevada tasa de temporalidad del sector público, que a cierre de 2024 se situaba en el 35,54% según los datos del Ministerio de Función Pública. Un porcentaje muy lejano del comprometido con Bruselas del 8%. Además, en el sector sanitario y universitario esta tasa alcanza el 50,06% y el 49,53, respectivamente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conformó el pasado miércoles una comisión que pretende analizar durante los próximos meses el efecto de la temporalidad tras la reforma laboral de 2021. Durante su intervención, celebró que el sector privado redujese su tasa hasta el 12,4%, omitió los datos referentes al sector publico y criticó el modelo anterior a su reforma.

"Podemos decir que hasta el año 2021, un tercio de la población asalariada estaba atrapada en la temporalidad, si nos comparamos con las medias europeas era vergonzante lo que teníamos (...) Trabajadores que iban encadenando contratos sinedie era la práctica que teníamos en España, los he denominado trabajadores de usar y tirar. Este era el modelo que teníamos en nuestro país", concluyó la ministra.

Sin embargo, estos "trabajadores de usar y tirar" no son cosa del modelo previo a la reforma, siguen existiendo en el sector público. A cierre de 2024, de los 3.043.024 empleados públicos totales que trabajan en España, 1.077.716 de ellos poseían contratos temporales, lo que representa el 35%. Los datos son todavía más elevados en el sector sanitario y en el universitario.

Fuga de talento: los sanitarios formados en España optan por trabajar en otros países

De los 704.842 sanitarios públicos, el 50,06% (352.833) poseía un contrato temporal a cierre de 2024. Sacramento Rodríguez Arroyo, vicepresidenta del sector nacional de sanidad de CSIF, ha comentado para El Independiente que los profesionales del ámbito sanitario realizan "guardias de hasta 24 horas y turnos de noche y festivos; todo unido a contratos que duran días, con tareas que se van acumulando mientras van encadenando contratos".

Estas condiciones generan "niveles altos de estrés e inestabilidad laboral y mental", que se traducen en muchas ocasiones en la fuga de talento de profesionales formados en España pero que "optan por trabajar en otros países, donde las condiciones sociales y económicas son mucho mejores", ha lamentado la vicepresidenta de sanidad de CSIF.

La tasa de temporalidad univeristaria es casi un 20% superior a la educativa no universitaria

En el sector educativo universitario la tasa de temporalidad es del 49,53%, es decir de los 188.260 empleados universitarios, 93.251 son temporales. En el ámbito educativo más alto, los encargados en formar a los profesionales del futuro se topan con salarios de entre 700 y 800 euros.

"Tenemos mileuristas y esto es intolerable. Implica una menor atracción de talento y una reducción en la calidad de la investigación", ha explicado para este diario Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de educación de CSIF.

La temporalidad de los centros universitarios públicos del 49,53% contrasta con el 33,4% de la enseñanza no universitaria. Según ha señalado Gutiérrez, esta diferencia de casi 20 puntos se explica porque, "los catedráticos no son sustituidos por asociados, llegan a ese puesto por promociones a diferencia de las sustituciones en los institutos". De esta forma, las universidades públicas contratan más personal temporal "puesto que implica una retribución más barata", ha lamentado el presidente de educación de CSIF.

Todavía quedan por cubrir un tercio de las plazas públicas comprometidas con Bruselas

A pesar del compromiso en el papel con Bruselas a través del Plan de Recuperación, "la temporalidad es muy económica y existe una falta de voluntad y planificación política muy grave", ha concluido Gutiérrez. Además, los problemas estructurales de fondo no se han resuelto con la reforma laboral de Díaz, por ejemplo, en la resolución de las convocatorias de las oposiciones que pueden prolongarse años mientras las plazas son cubiertas por trabajadores temporales.

Así, pese a los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021 y que se suponía que debían concluir el 31 de diciembre de 2024, todavía quedan por cubrir casi un tercio (32,7%) de las plazas. Por este motivo, desde CSIF exigen eliminar la tasa de reposición y modificar la reforma laboral a fin de solventar los problemas estructurales y sancionar a las administraciones que no cumplan con los compromisos legislativos.