La opa del BBVA sobre el Sabadell está desde hace días en manos del Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidió elevar la operación al Consejo de Ministros. Cinco departamentos del área económica así se lo reclamaron. Ahora tiene hasta el 27 de junio para decidir si impone condiciones adicionales a las fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar luz verde a la operación.

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Pero más allá de las aportaciones que puedan hacer desde departamentos como Seguridad Social, Trabajo, Transición Ecológica, Industria o Consumo, la ley habilita al Gobierno a solicitar un nuevo informe a la CNMC antes de dar su veredicto sobre la operación.

"El acuerdo final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informe a la Comisión Nacional de la Competencia", reza el literal de la ley. El apartado 3.b) del artículo 60 remarca después que, "antes de adoptar el Acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la Comisión Nacional de la Competencia". Consultadas fuentes del Ministerio de Economía por El Independiente al respecto, no se pronuncian de momento sobre ello.

El organismo que dirige Cani Fernández emitió su dictamen favorable el 30 de abril tras casi un año de análisis pormenorizado de todas las implicaciones que puede tener la operación en el mercado. Y supeditó la operación al cumplimiento de una serie de compromisos por parte de BBVA, especialmente fuertes en lo relativo al mantenimiento del crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes), uno de los negocios más fuertes del Sabadell.

Lo hizo después de haber extendido sus pesquisas a una segunda fase de investigación en la que recabó información de diferentes actores implicados como sindicatos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales contrarias a la opa, aunque solo admitió la personación del Sabadell. La presidenta del organismo defendió hace solo unos días en el Congreso que el hecho de que no fueran admitidos como "interesados" no significa que no fueran "escuchados los argumentos expuestos en documentos que han podido aportar durante el procedimiento". Sin embargo, la exclusión formal del proceso de algunos de ellos motivó recursos ante la Audiencia Nacional.

Es el mismo tribunal que ha admitido ahora a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el despacho madrileño de abogados Statera Legal contra la consulta pública que abrió Economía entre el 6 y el 16 de mayo en la página web del Ministerio. El ministerio decía querer recabar información adicional de todos aquellos interesados que quisieran emitir su opinión sobre la opa.

La consulta generó una fuerte polémica en ámbitos financieros y empresariales. Cuerpo, que ha prometido un informe con los resultados, ha repetido en varias ocasiones que con ese mecanismo usado habitualmente para la elaboración de normativa solo quería contar con información cualitativa antes de tomar su decisión de elevar o no la opa al Consejo de Ministros.

La derivada en Bruselas

Más allá del frente judicial, la opa ha adquirido en los últimos días una derivada comunitaria. Desde Bruselas no ven que se den condiciones para que el Gobierno torpedee la operación corporativa del banco que preside Carlos Torres sobre el de Josep Oliu. La comisaria de Competencia, la ex ministra socialista Teresa Ribera, declinó este lunes pronunciarse sobre la opa y la advertencia que emanó días antes de la propia capital comunitaria. "Si no estoy equivocada, los miembros de la Comisión y sus servicios no comentan casos de operaciones en macha", zanjó la ex titular de Transición Ecológica en el Gobierno de Pedro Sánchez.

De momento, el Ejecutivo tiene que dilucidar si aplica condiciones adicionales que podrían llevar al banco vasco incluso a retirar la opa si perdiese el atractivo económico con el que la planteó. Pero el Consejo de Ministros no puede prohibirla como tal. Eso sí, si la opa acaba triunfando porque así lo quieren una mayoría de accionistas del Sabadell, el ministro Cuerpo sí tendría en su mano vetar la posterior fusión. Por lo que no se descarta el escenario de que haya una opa sin fusión.

De momento, el ministro se apoyó en argumentos como la cohesión territorial para dictar la Orden mediante la que elevó la operación al Consejo de Ministros. También citaba otros aspectos como "la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial" o la "promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos".

Esos argumentos sí están expresamente recogidos por la ley de Defensa de la Competencia como motivos de interés general que pueden usarse para introducir condiciones adicionales a las introducidas por Competencia. Pero el ministro cita además otros aspectos adicionales ausentes de listado que recoge la norma como la repercusión de la opa en "la protección de los trabajadores" o en "los objetivos de política social".

Y ahí es donde más énfasis se hace desde el lado de Sumar, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno al que pertenece la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. La dirigente gallega ha pedido directamente paralizar la opa ante los eventuales despidos que se producirían y que ha llegado a cifrar en unos 5.000. Su formación política ha organizado precisamente este jueves un foro en el Congreso con su presencia en el que se debatirá sobre el sector bancario. También habrá representantes del BBVA y acudirá la presidenta de la Asociación Española de la Banca y vicepresidenta de CEOE, Alejandra Kindelán.

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