Las transferencias que realiza el Estado desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social son un indicador clave sobre el nivel de sostenibilidad de las finanzas públicas. A mayor cantidad transferida, mayor necesidad de financiación y por tanto, menos sostenibilidad del organismo demandante. Pues bien, hasta mayo, ascienden a 15.452 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 30,8%. Pero la partida más significativa, la de las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, alcanza los 13.359 millones, lo que supone un crecimiento del 37,8%.

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El departamento que dirige Elma Saiz atribuye la fuerte subida fundamentalmente a la percepción anticipada de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo respecto al ejercicio anterior (3.639 millones de euros más que en el mismo periodo del año previo). Según el Ministerio, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, "en la percepción anticipada de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo". Se trata de una indicación para avanzar en la separación de fuentes de financiación y garantizar así la sostenibilidad del sistema. Las cotizaciones de los trabajadores se destinarán exclusivamente a sufragar las prestaciones contributivas en lugar de financiar todo el sistema. Por eso, las transferencias del Estado se dirigen a pagar las no contributivas como las de viudedad, orfandad, invalidez o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ofreció datos este lunes correspondientes al primer trimestre, que también refleja que entre enero y marzo de 2025 se transfirieron 2.284 millones más que en 2024. Este incremento se ha producido por el "mayor ritmo de ejecución presupuestaria en el año en curso, motivado principalmente por la aportación del Estado para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación con un total de obligaciones reconocidas de 2.204 millones".

Este desembolso es el más grande para un primer trimestre desde que existe registro, es decir, desde 2004. Nunca se habían transferido más de nueve mil millones en un primer trimestre, la cifra más próxima es la del primer trimestre de 2014, cuando el Estado tuvo que transferir 8.398 millones de euros a la Seguridad Social.

Evolución del registro de transferencias

Desde 2014 se fueron recortando las transferencias, favorecidas por la recuperación económica tras la crisis de 2008 y las secuelas derivadas en los siguientes años. Sin embargo, la senda de recortes se paralizó con la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018. Desde entonces, se han ido incrementado progresivamente. Mientras que en 2024 las transferencias para el primer trimestre alcanzaron los 7.561 millones de euros, en el mismo periodo de 2023 el saldo fue de 4.921 millones.

Aunque las transferencias no dejan de crecer, las cotizaciones sociales tampoco pierden ritmo. Según se desprende del informe trimestral de Hacienda, las cotizaciones también alcanzaron un máximo histórico, se han recaudado 52.171 millones de euros, un 7,3% más que en el primer trimestre de 2024. El ministerio ha señalado que buena parte de este aumento se ha debido al "incremento en 2025 del porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en 0,1 puntos porcentuales respecto al aplicado en 2024 situándose en el 0,8%".

Estos dos datos permiten entender cómo la Seguridad Social ha obtenido superávit en el primer trimestre, en concreto, de 3.621 millones, un 160,5% más que entre enero y marzo de 2024, donde los resultados dieron un superávit de 1.390 millones. En términos del PIB, el resultado positivo del primer trimestre de 2025 equivale al 0,22%, superior en 0,13 puntos porcentuales a la ratio de 2024 del 0,09%.

Sin embargo, se trataría de un "superávit ficticio", según explica José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, para El Independiente. "La Seguridad Social debe ser reformada, pretendía ser un sistema contributivo por el que las cotizaciones sociales sostendrían los gastos derivados de las prestaciones. Pero los pensionistas y sus salarios de entrada a la jubilación aumentan cada mes y las cotizaciones sociales son insuficientes para su sostenibilidad", concluye el experto.

La AIReF contra las transferencias

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dio luz verde a la sostenibilidad del sistema de pensiones en su primer examen. Sin embargo, se quejó de las "importantes debilidades metodológicas" en la definición de la regla de gasto. Entre ellas, advertía que el uso de transferencias estatales como medida de ingreso debía ser, como mínimo, limitada. También avisó de que un incremento de las transferencias, en ausencia de medidas, supondría "una minoración de los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto" o que incluso habría que recurrir "al endeudamiento" para salvaguardar el sistema de cobertura social.

Ante sus quejas, el Ejecutivo borró las transferencias como medida de ingreso del sistema de pensiones y se comprometió a realizar un nuevo examen de sostenibilidad. Así, con la nueva regla de gasto, donde se descuentan las transferencias, la Autoridad Independiente deberá presentar una nueva evaluación antes del 1 de junio de 2026, dos años antes del que estaba previsto por ley.

Asimismo y pese a todas las problemáticas derivadas de la sostenibilidad del sistema, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presumido este lunes de que las pensiones contributivas se han revalorizado un 22,7% desde 2019, mientras que las no contributivas lo han hecho en una horquilla de entre el 40% y el 50%. Durante la clausura del acto Blindaje de las pensiones en la Constitución Española que ha organizado la Asociación Nacional de Pensionistas en Defensa de las Pensiones Públicas (Adeppu), la ministra también ha destacado que el sistema público de pensiones de España no es tan solo una política social, sino toda una expresión de "modelo de país".

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