Las medidas del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por Pedro Sánchez resultan insuficientes y en ocasiones ineficaces, a ojos de los expertos en contratación pública. "Todas las medidas que propone son de carácter reactivo, no hay ninguna de carácter preventivo o proactivo y eso es clave. No por hacer una ley más reglamentista evitaremos la corrupción", afirma rotundo José María Gimeno Feliú, director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

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Una agencia... ¿independiente?

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Sánchez expuso un paquete de medidas, muchas de las cuales ya están vigentes de una u otra manera. El plan prevé la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública que, según Moncloa, "asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas". Pero Gimeno Feliú cuestiona la efectividad de la misma y recuerda que era una reclamación que ya le habían hecho los expertos "y este Gobierno dijo que no".

Hasta que se ponga en marcha "llevará un tiempo" y "después habrá que ver de quién depende". Aunque teóricamente se llame independiente, órganos de este tipo suelen tener una dependencia orgánica y presupuestaria de algún Ministerio. Además, España ya cuenta con la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), que hasta ahora ha rehusado adoptar un papel vigilante.

La prohibición de contratar

Otra de las grandes patas del plan de Sánchez es la prohibición de contratar con la Administración a empresas condenadas por corrupción. Gimeno Feliú recuerda que la primera vez que se introdujo esta figura en la regulación fue en el año 1995. Y duda de su efectividad, puesta hasta que un órgano dicta la prohibición puede pasar mucho tiempo, ya que se requiere sentencia judicial firme. Además, para gigantes del sector como Acciona (caso Cerdán), podría suponer un problema a nivel de empleo. Y un reto para la Administración en caso de que fueran varias grandes del sector las condenadas.

"Reputacionalmente, la prohibición de contratar no es lo mejor, porque aún existiendo, no se ha disuadido. Creo que tenemos que hacer algo más quirúrgico. Por ejemplo, que la persona de la empresa que ha urdido el asunto no salga indemne y sea despedida, inhabilitada o multada", reflexiona el catedrático.

La prohibición de contratar no es lo mejor. Creo que tenemos que hacer algo más quirúrgico"

Durante su intervención, Sánchez aseguró además que pondrá en marcha una "lista negra" con empresas condenadas por corrupción para impedir que puedan seguir contratando con la Administración. Aunque se da la paradoja de que esa lista ya existe y está en poder del ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Sin embargo, no ofrece acceso público a la misma, a diferencia de la lista de morosos que publica cada ejercicio con los principales deudores del fisco.

Metodología de los fondos europeos

Por otro lado, Sánchez propuso extender la metodología de prevención del fraude aplicada a la adjudicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a toda la Administración del Estado. Para Gimeno Feliú, esto es algo que "ya se podía haber hecho" antes y cree que añadiría "mucha burocracia" y "en contratos pequeños, podría paralizar muchísimas administraciones". Además, dice que el sistema de compliance (departamento de cumplimiento normativo) que requiere el plan de Sánchez a las empresas está ya implantado "y no ha funcionado".

Eso sí, el catedrático defiende que para los grandes pliegos de contratación -por ejemplo en el ámbito de las infraestructuras y la obra pública- pueda realizarse un control ex ante y no siempre después por los órganos fiscalizadores o judiciales. "Aquí los tribunales de cuentas vienen a posteriori. Tener órganos de control que son forenses no ayuda mucho. En otros países los pliegos son verificados por una autoridad independiente", explica. En este sentido, reclama que "los pueda impugnar cualquiera que vea algo ilegal" y no solo las partes interesadas como los contratistas, "que tienen un código no escrito de no impugnación".

Control de los partidos e IA

Respecto de los partidos políticos, el plan contempla el cambio de la ley para reforzar el control económico de los mismos. Y prevé que tengan que realizar auditorías externas adicionales al control del Tribunal de Cuentas. "Me parece bien, pero lo principal sería que cuando hagan licitaciones se apliquen la ley de Contratos", subraya Gimeno Feliú. En este sentido, recuerda que "se autoexcluyeron con una enmienda del grupo de Unidas Podemos" y que "la Comisión Europea ha demandado al Reino de España" porque la ley de Contratos no se ha adaptado a la directiva comunitaria.

Asimismo, el Gobierno también quiere introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público con el objetivo de identificar indicios de corrupción. "La Inteligencia Artificial ya se podía haber implantado. La Oficina europea de lucha contra el fraude (Olaf) tiene a nivel europeo desde hace quince años un sistema de datos para vigilarlo", remata.

Tampoco ve que los denominados 'Pactos de Integridad' que contempla el plan del Gobierno sean la panacea. Se trata de un acuerdo o contrato entre los licitadores de un procedimiento de contratación y un tercero neutral, independiente y libre de conflictos de interés. Se trata de vigilar que las partes actúan dentro de los límites de la ley, atiendan los riesgos de corrupción y promueven la confianza pública en relación con un proyecto concreto. "Refuerzan la imagen de que las cosas se hacen bien, pero no previenen la corrupción", enfatiza Gimeno Feliú.

Donde sí está de acuerdo es en el ámbito de la concienciación. El plan contempla organizar una campaña social para fortalecer la concienciación anticorrupción e informar al público de la necesidad y las posibilidades de reporte de irregularidades en instituciones públicas. "Hay que mejorar la educación en favor de la integridad y no lo hemos trabajado suficiente", añade el catedrático.

La corrupción se sigue dando pese a que España cuenta con órganos de recursos contractuales, juntas consultivas, oficinas de transparencia, oficinas del denunciante, órganos de control externo, intervenciones generales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y hasta agencias antifraude. "Con una arquitectura institucional de carácter correctivo tan densa nos están fallado los frenos", abunda. Y todo esto "tiene reputacionalmente un coste de marca país". Por eso, Gimeno Feliú pide un debate político con "luces largas".

Eso sí, deja una nota de optimismo: "Con 20.000 poderes adjudicadores, los casos y los riesgos están focalizados en determinadas personas y puntos". Lo más sensible, a su juicio, son puntos del procedimiento en los que la influencia del poder político se puede colar frente al poder puramente administrativo: el informe de necesidad, los pliegos y requerimientos técnicos; la petición del nivel de solvencia; los criterios de adjudicación y cómo se da la puntuación. "A veces las fórmulas esconden también corrupción", avisa. Después, el control es clave en la fase de ejecución de los contratos: "Ahí se pueden producir elementos de riesgo... y el que quiere hacer trampas, los usará".

Entre otras cosas, el plan del Gobierno también promete ampliar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y crear la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo vinculada al ámbito penal.

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