La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima una sustancial merma en la recaudación por el Impuesto sobre el margen de Intereses y Comisiones que sustituye al anterior gravamen temporal a las entidades financieras creado por el Gobierno en 2022.

PUBLICIDAD

"A partir de los primeros datos publicados se estima para el conjunto de 2025 una recaudación en torno a 300 millones de euros por debajo de lo que se ingresó en 2024 por el anterior gravamen", dice en su Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2025 presentado este miércoles.

Según indicó el departamento de María Jesús Montero, los ingresos el pasado ejercicio por este concepto fueron de 1.695 millones, mientras que el gravamen a las empresas energéticas (que no logró extender) le reportó 1.164 millones. Ahora, la AIReF habla de 310 millones menos respecto a la previsión de 1.700 millones que el Gobierno incluyó en el Informe de Progreso Anual 2025 remitido a Bruselas a finales de abril.

El organismo que preside Cristina Herrero no da más detalles de a qué atribuye esa bajada de los ingresos respecto al modelo anterior, que fue transformado en un impuesto con un nuevo carácter progresivo que cuenta con varios tramos en base a la facturación. Las entidades con una cifra de negocio de hasta 750 millones pagarán un 1%; hasta los 1.500 millones, un 3,5%; hasta los 3.000, un 4,8%; hasta 5.000 millones, un 6% y, los que superen los 5.000 millones, un 7%.

Contra él se han posicionado las patronales bancarias, que han decidido recurrirlo ante los tribunales. A principios de junio, las asociaciones bancarias AEB y CECA que agrupan a los grandes bancos y cajas, interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo.

Las asociaciones bancarias creen que el impuesto tiene "graves efectos para la financiación de familias y empresas, su impacto negativo para la inversión y, en general, su perjuicio al conjunto de la economía". Asimismo, denuncian que "supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas" porque España "es la única gravada por un impuesto de este tipo" en el continente.

De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) también se pronunció duramente en contra de este tipo impositivo. El organismo que dirige Christine Lagarde consideró que se trata de un gravamen discriminatorio con posible impacto negativo en la concesión de crédito.

A través de una enmienda al proyecto de ley para crear un impuesto global del 15% a grandes multinacionales, el PSOE consiguió modificar la figura del anterior gravamen temporal, y hacer que pasara de ser una prestación patrimonial de carácter no tributario a un impuesto propiamente dicho. Esto implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar.

PUBLICIDAD