El Gobierno cambiará las oposiciones con cursos obligatorios

El Gobierno prepara cambios en el modelo de oposiciones de los funcionarios de mayor rango, los subgrupos A1 y A2 de la Administración General del Estado (AGE). Administradores Civiles, gestores catastrales, Interventores y Auditores del Estado, Inspectores de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social o Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, entre otros.

La reforma prevé que tengan que realizar dos años de formación obligatoria en escuelas de posgrado antes de poder acceder a la plaza de funcionario. Los aspirantes deberán realizar pruebas de acceso a esos institutos y escuelas que ponga en marcha Función Pública, donde se medirá "su potencial". Con ello, el ministerio que dirige Óscar López espera poder "reclutar un número mayor de aspirantes que de plazas de personal funcionario".

Después, "se mantendrán las pruebas clásicas de la fase de oposición de cada cuerpo y escala con el fin de determinar la aptitud y establecer un orden de prelación entre los aspirantes hasta el total de plazas convocadas". Aquellos que no obtengan la condición de personal funcionario de carrera, pero que sí hayan superado el proceso formativo, podrán obtener un título de posgrado con carácter oficial.

El ministerio diseñará itinerarios formativos medidos en el sistema europeo de créditos académicos ECTS (uno equivale a aproximadamente 25-30 horas de trabajo del estudiante).

"Se avanzará en un modelo consensuado que combinará el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades, manteniendo la tensión competitiva entre los aspirantes y articulando alianzas con institutos y escuelas del espacio administrativo europeo", ha dicho la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, en la presentación la estrategia de transformación de la Administración, titulada 'Consenso por una Administración Abierta'.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes convocará anualmente un sistema de becas y ayudas al estudio con base en el real decreto de umbrales de renta y patrimonio familiar para garantizar "la igualdad de oportunidades entre los aspirantes".