El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, obtuvo unos ingresos totales de 1,21 millones en la década que transcurre entre los años 2008 y 2018. Así lo detalla la Agencia Tributaria en un informe realizado para la Fiscalía y remitido al juzgado de instrucción número 2 de Tarragona que investiga al ex responsable del fisco durante el Gobierno de Mariano Rajoy, a su equipo y al despacho legal que fundó, por haber presuntamente favorecido a empresas con cambios regulatorios.

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Los investigadores recopilan para el juez las retribuciones de diferentes pagadores que tuvo Montoro desde que teóricamente se desvinculó del despacho que había fundado hasta que salió del Ejecutivo del PP en 2018. Entre 2012 y ese año recibió por su cargo como ministro una retribución bruta de 496.829,96 euros, que se queda en 346.885,64 tras aplicar las retenciones correspondientes. Sus salarios anuales brutos oscilan desde los 72.495,14 euros de 2012 hasta los 80.260,79 euros que llegó a cobrar en 2016.

Asimismo, entre los años 2008 y 2019 cobró un total de 457.211,11 euros del Congreso de los Diputados. Si se aplican las retenciones, se quedan en 393.897,37 euros netos. Buena parte de los ingresos correspondían a rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen.

En paralelo, y antes de ser ministro, el Partido Popular le abonó entre 2008 y 2011 un total de 234.323,05 brutos, que tras el pago de impuestos se quedaron en 182.771,98 netos. El exministro, que se ha dado de baja en el partido que dirige Alberto Núñez-Feijóo, declaró otros ingresos extra de 14.953,94 euros durante su etapa en Hacienda y 4.997,52 euros brutos más del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en 2018. Se quedaron en 3.248,39 netos.

El informe de la Agencia Tributaria elaborado por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción también hace referencia a otros tantos ingresos menores de diferentes instituciones, organismos y universidades. Por ejemplo, cobró 8.982,14 euros de la Universidad de Cantabria; 7.904,70 euros entre 2006 y 2011 de la fundación del PP (FAES); o 2.105,88 euros del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la patronal CEOE.

200.000 euros en 2007 de Equipo Económico

Por otro lado, el informe recoge que en 2007 había declarado unos ingresos de 200.000 euros brutos de Equipo Económico, el bufete legal ahora en el epicentro de la investigación por la que se le ha imputado junto a otras 27 personas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas.

La defensa legal de Equipo Económico pidió precisamente este miércoles que se anulen los correos electrónicos clave en los que se basa la causa, al considerar que se obtuvieron de manera irregular. Según un escrito al que ha tenido acceso la agencia Efe, la defensa pide a la Audiencia de Tarragona que anule estos correos, que fueron intervenidos por los Mossos d'Esquadra en un "hallazgo casual" durante un registro a la gasista Messer en Tarragona cuando investigaban la construcción de una planta en El Morell entre 2007 y 2009.

En los correos, un técnico de Messer le decía a su director general: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro". Según la defensa, a raíz de ese "hallazgo casual", el juzgado y los Mossos iniciaron una investigación "prospectiva" que se mantuvo en secreto desde 2018 y que ha culminado con la imputación de Montoro y su equipo en Hacienda. Sostiene que los Mossos, "al margen del más mínimo control judicial" realizaron una "investigación paralela y prospectiva" durante más de cinco meses, antes de entregar su informe al juez.

En otra parte del informe de la Agencia Tributaria, los investigadores también señalan un pago desde una cuenta de Luxemburgo el 7 de febrero de 2019 por valor de 77.934,77 euros a una española de la que Montoro es titular. Bajo el concepto Pension Complementaire, correspondería según fuentes de su entorno al cobro del fondo de pensiones del Parlamento Europeo al que se adhirió voluntariamente cuando era eurodiputado (2004-2008) y que no ingresó hasta que dejó la política activa. Se trataba de un polémico instrumento gestionado a través de una sicav, por el que dimitió el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer en 2014.

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