El Congreso de los Diputados se prepara para debatir este miércoles el Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales hasta las 37,5. Se trata de la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que la defiende como una herramienta para mejorar la conciliación de los trabajadores españoles sin que ello suponga una reducción salarial. Sin embargo, la propuesta únicamente cuenta con el respaldo de los sindicatos, mientras que las patronales han reiterado en diversas ocasiones su rechazo, alegando que tendrá un impacto negativo sobre la productividad, la creación de empleo y los costes empresariales. Asimismo, dentro del seno de la Cámara Baja, Junts, PP y Vox presentaron en el mes de junio tres enmiendas a la totalidad contra la iniciativa, lo que pone en duda que pueda salir adelante este miércoles.

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Trabajo defiende que el debate puede seguir posponiéndose. El ministerio de Yolanda Díaz había previsto que la votación inicial tuviera lugar en julio, pero decidió aplazarla para intentar cerrar un entendimiento con Junts. Esa negociación, sin embargo, no ha cristalizado y el Ejecutivo ya prepara un plan de resistencia: si la propuesta fracasa esta semana, volverá a registrarla en el Congreso. Precisamente en la misma línea que ya adelantó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el XIII Congreso de CCOO celebrado en junio: "Si no es a la primera (votación), será a la segunda o a la tercera". Un mensaje compartido por los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lo expresó también, aunque con cautela, el pasado miércoles; pese a que consideraba "prematura" la votación, "si no saliera, se puede votar más veces".

No obstante, la titular de Trabajo también cuenta con dos ases bajo la manga con los que podría compensar a su electorado en caso de que la reducción de la jornada no prospere. Se trata del refuerzo del registro horario y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medidas que además no requerirán pasar por el Congreso, ya que el Gobierno puede activarlas directamente desde el Ejecutivo.

El endurecimiento del registro horario podría implementarse mediante un real decreto, pero al no tener rango de ley, su alcance sería limitado. El real decreto permitiría establecer aspectos técnicos, como la interoperabilidad del sistema o el desarrollo informático necesario para su puesta en marcha, pero no bastaría para incrementar las sanciones a las empresas o para obligarlas a llevar un registro digital.

Para ello, sería necesaria una reforma legislativa como la que plantea el proyecto de ley del Ejecutivo, que modifica el Estatuto de los Trabajadores para que el registro sea obligatorio y digital y actualiza la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para que las multas se apliquen por trabajador en lugar de por centro de trabajo.

Por su parte, a mediados de septiembre está prevista la primera reunión de la mesa negociadora que abordará la subida del SMI para 2026. Aunque por el momento no se han concretado cifras, el secretario general de UGT dejó claro este miércoles que "la subida del SMI tiene que ganar puntos porque no nos podemos conformar con que el crecimiento de la economía y el SMI no crezca claramente por encima del coste de la vida", en referencia a la inflación, que actualmente se sitúa en el 2,7% interanual.

¿Cuánto costaría reducir la jornada?

Más allá del debate político, la principal incógnita de la reforma es su coste económico. Los cálculos de distintos organismos apuntan en la misma dirección, una reducción de la jornada sin merma salarial tendría un impacto significativo tanto en el PIB como en el empleo.

Según BBVA Research, la medida restaría seis décimas al crecimiento y ocho décimas a la ocupación. En sectores como el turismo, Exceltur advierte de que la facturación podría caer hasta un 19%. Por su parte, Cepyme cifra las pérdidas potenciales en 48.000 millones de euros, mientras que la CEOE las sitúa en torno a 23.000 millones. Las patronales alertan además de que, en la práctica, la reforma equivale a un incremento salarial encubierto del 6% al 7%, un sobrecoste que recaería íntegramente sobre las empresas.

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