Cierre nuclear: se busca culpable

El reloj no ha dejado de correr. Lo ha hecho entre un tic-tac de discursos encontrados y promesas al aire. El calendario dice que ya ha llegado la hora de cerrar, de iniciar el proceso de desmantelamiento del primero de los siete reactores nucleares operativos en nuestro país: Almaraz I. En marzo, si nada lo impide, será hora de solicitar el cese definitivo. El inicio del calendario de cierre debería concluir en 2035, para cuando se ha fijado el final de la ‘era nuclear’ en España. Es al menos lo que se recoge en el plan que se acordó entre el Gobierno y el sector en 2019.

Pero aquella España no es la misma que la de 2025. Tampoco el modelo energético ni las amenazas globales al mismo. En seis años, incluso la sensibilidad y aceptación social hacia la energía nuclear ha cambiado en muchos países europeos. También en España. Reconsiderar lo acordado entonces ha sido más una petición de las eléctricas que del Gobierno Sánchez. En los últimos meses, el Ejecutivo ha asegurado, no con mucho convencimiento, que estaría dispuesto a reconsiderar el plan de cierre si se cumplen determinadas condiciones o ‘líneas rojas’. Las compañías nucleares han insistido en que todo debe pasar primero por una revisión a la baja de la carga impositiva que soportan. Y entre tanto, el calendario ha seguido avanzando.

Ahora, a puertas de que el cierre de Almaraz sea casi inevitable, se ha instalado una suerte de búsqueda de culpables de su final. ¿Es el Gobierno? ¿Son las compañías? Unas y otras no han dejado de cruzarse acusaciones en los últimos meses en lo que ha sido la escenificación de una suerte de ‘diálogo de sordos’.

Este sábado, en Navalmoral de la Mata, cerca de Almaraz, se llevará a cabo una jornada de apoyo a la continuidad de la central. Acudirán trabajadores, vecinos y políticos. Del PP y el PSOE. Ha confirmado su participación la presidenta extremeña, María Guardiola, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Angel Morales. Será un acto para reclamar la prórroga de la central de la que dependen no pocos municipios de la comarca.

Por el momento, ese escenario no está sobre la mesa. Desde el sector nuclear recuerdan que el Ejecutivo no ha dado ningún paso en esa dirección, que “no hay avances” hacia una reconsideración del cierre y que tampoco existe cita para ningún encuentro. En el Ejecutivo, en cambio, aseguran que están esperando a que las compañías propietarias de Almaraz –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- le trasladen una propuesta formal. La última petición por escrito, subraya el ministerio de Sara Aagesen, estuvo respaldada por Iberdrola y Endesa únicamente “y no nos ha llegado ninguna petición de las cuatro, tan sólo lo que hemos escuchado, que quieren seguir, pero poco más”, señalan desde el ministerio.

Vieja promesa electoral

Fuentes de las compañías con intereses nucleares recuerdan que en realidad el Ejecutivo siempre ha querido llegar a este punto de cierre. El final de la generación nuclear en España es un viejo compromiso electoral del PSOE, subrayan. Es cierto que desde tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, el partido socialista ha incluido un cierre progresivo de las centrales como promesa electoral. En 2015 ya se hablaba en las porpuestas electorales del PSOE de la necesidad de un “cierre planificado” y un año después de fijar un “calendario” para el cierre.

Pedro Sánchez recuperó esta promesa y la ha incluido en sus sucesivos programas electorales y acuerdos de gobierno. Lo hizo en el acuerdo de Gobierno con Sumar, ahora en vigor. En él se planteaba un cierre “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente” entre 2017 y 2035. En realidad era la confluencia de los programas electorales de ambas formaciones políticas. Cuatro años antes, en las generales de 2019, el programa del PSOE incorporaba el calendario de cierre e incluso contemplaba medidas para ‘el día después’ en forma de garantías de suministro y de “viabilidad social”. Entonces Podemos, con quien luego alcanzaría un acuerdo de Gobierno, planteaba un ‘cierre exprés’ de todas las centrales que se completaría en 2024. En el acuerdo de Gobierno la formación de Iglesias y la de Sánchez incluyeron la necesidad de “planes de acción urgente para las comarcas afectadas” por el cierre.

En este pulso, el verdadero ‘elefante en la sala’ que unos agitan y otros prefieren ignorar es el económico. En forma de viabilidad de la generación nuclear en el caso de las compañías y en forma de ingresos de tasas e impuestos con los que financiar el desmantelamiento nuclear por parte del Gobierno.

En las tres ‘líneas rojas’ que plantea el Gobierno para una posible prórroga está incluida la de garantizar el suministro y la seguridad radiológica, cuestiones que el sector siempre ha dado por asegurados. El punto crítico es el tercero, que su actividad no suponga ningún sobrecoste a los consumidores. Es ahí donde choca la principal reclamación para continuar y que llevan meses reclamando: una reducción de la carga impositiva.

Financiar el final

Las compañías nucleares insisten en que la viabilidad futura no será posible en las actuales condiciones. La carga en forma de impuesto y tasas la hace inviable, aseguran. Más aún después del incremento de la ‘Tasa Enresa’ que de forma unilateral acordó el Ejecutivo, recuerdan. Supuso un aumento del 30%, tras rebajarlo un 10% del planteamiento inicial. Un aumento que en 2019 el Ejecutivo se había comprometido a no aplicar.

El origen del incremento acordado por el Gobierno se sitúa en un cambio de planes para el desmantelamiento. Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, había proyectado la construcción de un gran Almacén Temporal Centralizado donde irían todos los residuos una vez desmanteladas las centrales. Incluso se había acordado su posible ubicación en Villar de Cañas. Pero el proyecto no prosperó. En el VII Plan de General de Residuos se estableció que sería en las propias centrales donde se construirían siete almacenes –uno por reactor- para depositar los residuos. Este plan era más costoso y por eso debía incrementarse la ‘Tasa Enresa’, en contra de lo comprometido en 2019.

El Gobierno en ningún caso ha contemplado rebajar la tasa. Recuerda que son las compañías, mediante su pago, las que deben asumir el coste de toda la operación, estimada en 20.220 millones de euros. El fondo de desmantelamiento financiado con esta tasa, al que seguirán abonando en los próximos años, tiene ya algo más de 8.000 millones de euros de saldo.

El entendimiento entre las compañías y el Gobierno se complica cada vez más. Además del recurso ante los tribunales por el incremento de la ‘Tasa Enresa’, compañías como Iberdrola y Endesa han reclamado al Gobierno la devolución de los incrementos de pagos hechos a Enresa y que se había comprometido a no aplicar. En el caso de la energética de Sánchez Galán la reclamación a Enresa alcanza los 324 millones, y en el caso de Endesa los 454 millones.    

La 'tasa Enresa', el freno a la prórroga

Mientras Sánchez piensa ya en el día después, el aumento de tasas e impuestos empieza a tener algunos gestos. En Extremadura el Gobierno autonómico ha anunciado su disposición a revisar el pago de la Ecotasa, si con ello despeja el camino hacia la continuidad de Almaraz. Actualmente, según un informe de PWC, una central abona en impuestos y tasas 28,2 euros por MWh. De esta cantidad, la ‘Tasa Enresa’ es la mayor parte; 10,3 euros. Antes de que se incrementara su importe apenas rozaba los 8 euros por MWh.

A la ‘tasa Enresa’ se suma el pago del impuesto sobre la producción de combustible nuclear, a razón de 5,1 euros por MWH, otros 4,85 euros MWh por el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, otros 4,77 euros por MWh en ‘Ecotasa’ por el impacto medioambiental y el resto de impuestos como el IBI, el IAE o la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear.

En este escenario, la activación del calendario de cierre nuclear en Almaraz empieza a ser una realidad casi irreversible. Será en marzo cuando se tenga que solicitar formalmente la activación del cese definitivo. Al reactor 1 sólo le resta una carga de combustible más. El segundo, cuyo cierre está programado para 2028, afronta estos días un proceso de carga que concluirá en noviembre y tras el cual sólo le quedará otro más antes de su cierre.

Después, si no se revierte el calendario, le tocará el turno a Asco I y Cofrentes, en 2030. Dos años más tarde o debería hacer Ascó II y Valdellós II y Trillo en 2035. Para entonces, si el cronograma sigue aplicándose, se habrá puesto fin a la ‘era nuclear’ iniciada en España casi cinco décadas atrás.