"Hoy, la cotización del IBEX ha alcanzado máximos históricos y la Comisión Europea ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico, elevándolas desde el 2,3% pronosticado hace un año al 2,9%". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes la fortaleza de la economía española durante su comparecencia para hacer balance del año. Sin embargo, esta bonanza del ciclo económico —apoyada fundamentalmente en la creación de empleo—, convive con un desequilibrio persistente en las cuentas públicas: la deuda del conjunto de las administraciones ha escalado hasta los 1,709 billones de euros, un nuevo máximo histórico, según los datos que ha publicado también este lunes el Banco de España.

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Este récord no puede entenderse sin mirar en detalle la trayectoria de la deuda en los últimos años y el peso que ha asumido cada administración. Desde septiembre de 2019, la deuda pública se ha incrementado en 469.700 millones de euros, al pasar de los 1,24 billones a los 1,7 billones actuales. Es decir, en apenas seis años, el aumento de la deuda equivale a más de una cuarta parte del endeudamiento total histórico, de modo que uno de cada cuatro euros de deuda se ha generado en el último sexenio.

La Seguridad Social dispara su deuda un 140%

Aunque en total, la deuda pública se ha incrementado un 37,9%, su distribución entre las distintas administraciones públicas ha sido heterogénea. Dentro del reparto, la Seguridad Social destaca con diferencia como la administración donde más se ha intensificado el endeudamiento desde 2019: con un alza del 140,7%. Le sigue la Administración Central, cuyo endeudamiento ha crecido un 42,1% en el mismo periodo, mientras que el avance ha sido mucho más moderado en las comunidades autónomas, con un alza del 13,7%. Y en el extremo opuesto, las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, han reducido su nivel de deuda en un 10,8%.

A este reparto se suma el efecto de la consolidación, es decir, el ajuste contable que elimina la deuda que unas administraciones mantienen con otras para evitar duplicidades en el cómputo total. Esta partida, que refleja principalmente préstamos y transferencias internas entre el Estado y otros niveles de la Administración, también ha aumentado con fuerza desde 2019, un 44,4%. Esta evolución evidencia hasta qué punto una parte relevante del esfuerzo del endeudamiento se ha articulado dentro del propio sector público para sostener financieramente a áreas estructuralmente deficitarias, como la Seguridad Social.

El Estado engrosa la deuda en más de 500.000 millones

Esta lectura por ritmos de crecimiento se complementa con el análisis en términos absolutos, donde el peso del endeudamiento recae mayoritariamente sobre la Administración Central. En volumen, ha sido el Estado el que ha concentrado la mayor parte del incremento de la deuda pública desde 2019. En concreto, ha aumentado en 519.392 millones de euros, hasta situarse en torno a los 1,57 billones, lo que equivale al 79,9% del crecimiento total de la deuda registrado en los últimos seis años.

Por detrás se sitúa la Seguridad Social, cuya deuda ha pasado de los 52.387 millones de euros en 2019 a los 126.095 millones en la actualidad. Este aumento de cerca de 73.710 millones representa aproximadamente el 12% del incremento total de la deuda pública en el periodo. Y por su parte, las comunidades autónomas han elevado su endeudamiento desde los 298.024 millones hasta los 338.850 millones de euros, aportando algo más del 8% al crecimiento agregado (+40.826 millones).

En contraste, las corporaciones locales son las únicas administraciones que han logrado reducir sus niveles de deuda en torno a 2.700 millones de euros, desde los 25.260 millones hasta los 22.535 millones, por lo que no han contribuido al aumento global del endeudamiento de España.

El problema de la reforma del sistema de finanicación autonómico

Este contexto explica también las advertencias lanzadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el estrecho margen del Estado para asumir nuevos compromisos financieros. En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica —que plantea adelantar a las comunidades la entrega de hasta el 50% de impuestos compartidos como el IRPF o el IVA—, la AIReF ha señalado que la Administración Central "lo tiene difícil" para poner más recursos sobre la mesa sin agravar el desequilibrio de las cuentas públicas.

La razón es que los principales factores que presionarán al alza el endeudamiento en los próximos años recaen, en gran medida, sobre el Estado: el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones, los mayores compromisos en defensa y el encarecimiento del coste de los intereses de la deuda. Un escenario que refuerza la idea de que tanto la Administración Central como la Seguridad Social concentran las mayores tensiones estructurales del sistema, justo cuando se discute una redistribución más ambiciosa de los recursos entre administraciones.

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