La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada de averiguar las causas de la tragedia de Adamuz y del accidente de Gelida (Barcelona) acumula un importante retraso en la entrega de dos informes sobre descarrilamientos ocurridos en 2023 y 2024. El organismo con independencia funcional adscrito al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, ha incumplido el plazo de un año fijado por ley que tiene para entregar sus informes sobre sucesos graves en las vías.

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Uno de los dos descarrilamientos sobre el que no ha emitido aún sus conclusiones es el que ocurrió en octubre de 2024 en el túnel que une las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha. Un tren de Renfe se acabó desenganchando de otro al que iba acoplado y comenzó a deslizarse sin control por la infraestructura. Un miembro del centro de regulación del tráfico de Adif activó un desvío y logró hacerlo descarrilar.

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El tren de la serie 114 de Renfe iba con los frenos desacoplados y dos mecánicos del fabricante Alstom a bordo, que resultaron heridos. La rápida decisión de Adif evitó que la composición acabase saliendo a la playa de vías de Atocha, donde habría podido chocar con otro tren. El material que estaba siendo remolcado desde La Sagra hacia un taller de Fuencarral fue achatarrado tras ser retirado de la vía.

Según la investigación preliminar, el tren sufrió una avería que le dejó sin tracción suficiente para superar la fuerte pendiente de la zona. El maquinista no logró reiniciar la marcha tras varios intentos y un retroceso autorizado por Adif. El 17 de octubre de 2025, a punto de cumplirse un año del siniestro, el organismo encargado de la investigación elaboró una nota con los avances de la misma, en la que justifica por qué aún no ha publicado el informe definitivo.

Según esa nota, "la CIAF está a la espera de realizar el levantamiento topográfico del túnel para la verificación de los datos de declividad". Es decir, un estudio que diga qué pendiente tiene una infraestructura cuya puesta en marcha se alargó durante años tras registrar numerosos problemas y retrasos.

La Comisión que preside Iñaki de Barrón -un histórico del ferrocarril con cuatro décadas de trayectoria en Renfe- reconoce no haber sido capaz de cumplir el plazo fijado por la normativa. Argumenta que "debido a la complejidad de dicha investigación por el elevado número de documentos analizados, entrevistas realizadas, así como las distintas pruebas técnicas llevadas a cabo, se ha producido una demora en el proceso, sobrepasándose el plazo estipulado de 12 meses desde el día que se produjo el accidente".

El otro descarrilamiento del que aún tiene que aportar el informe con las conclusiones es el que ocurrió con el Talgo Almería - Madrid (00271) el 26 de noviembre 2023, apenas cinco días después de la toma de posesión de Puente como ministro de Transportes. El suceso ocurrió en la vía 4 de Atocha Cercanías hacia Chamartín por la vía I del túnel de Recoletos. Descarrilaron los seis vehículos de cola de una composición que estaba compuesta por dos locomotoras y nueve coches, dejando 14 heridos leves por contusiones.

Según la CIAF, la rotura de un espadín de la travesía 10 provocó que empezase a descarrilar desde el tercer coche y que los dos últimos fueran encaminados hacia la vía II. Esto dejó la composición atravesada entre las dos vías. Uno de los coches descarrilados rozó contra el hastial del túnel y la infraestructura quedó bloqueada por los trabajos de retirada del material durante dos días.

La CIAF publicó una nota sobre los avances el 27 de noviembre de 2024 en la que se aseguró estar a la espera de información relativa al procedimiento de fabricación del material de la aguja, "con vista a definir una línea de estudio basada en nuevos ensayos que puedan ayudar a determinar el mecanismo, comportamiento y características del material en la rotura". Desde entonces, no ha vuelto a emitir más información.

En paralelo a esos dos descarrilamientos, el organismo tiene abiertas otras seis investigaciones, contando con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gèlida (Barcelona) ocurridos esta semana. También investiga la una colisión con obstáculo ocurrida en Carrascal de Barregas (Salamanca) en octubre; un descarrilamiento en Cortes (Navarra) ocurrido en mayo; un incidente operacional en Las Rozas (Madrid) de febrero y otra colisión con obstáculo en Álora (Málaga). En este último caso, también sobrepasa el plazo estipulado por ley, pues el suceso ocurrió en octubre de 2024.

Sin la nueva agencia independiente

La CIAF es un organismo adscrito al ministerio de Transportes, aunque la ley recoge que debe actuar en todo momento con independencia. Además del presidente, propuesto por el Gobierno, está formada por cinco vocales, expertos en diferentes materias del sector ferroviario.

El máximo responsable de la misma accedió al cargo en 2023, durante la etapa de la exministra Raquel Sánchez al frente del Ministerio. Pero a diferencia del accidente del Alvia en Santiago de Compostela en 2013, cuando la independencia de la CIAF fue muy cuestionada por las víctimas y por la Comisión Europea, en esta ocasión también está involucrado el operador privado Iryo, participado por el Estado italiano.

El ministro aseguró este miércoles en rueda de prensa que no teme que sus conclusiones puedan ser puestas en cuestión por el hecho de que varios de los vocales nombrados en los últimos años tengan largas trayectorias en Renfe y Adif, las dos empresas públicas que también se ven involucradas en la tragedia de Córdoba. "No tengo ninguna razón para dudar de los componentes de la CIAF y su independencia. Esperamos que como buenos profesionales que son emitan el juicio con el criterio", zanjó a preguntas de El Independiente.

Además de Renfe, Barrón de Angoiti también fue miembro de la Unión internacional de Ferrocarriles durante dos décadas. Entre los vocales especialistas, Adolfo Moreno Díaz fue gerente de Planificación, Control del Sistema e Investigación de Accidentes de Renfe y ahora es asesor por cuenta propia. Avelino Castro López estuvo al frente de las direcciones de Seguridad de Circulación, Logística o Mantenimiento en Renfe y, en 2018, pasó a Correos.

Vicente Mendoza García de Paredes estuvo en la subdirección de Circulación sur en Adif, mientras que Francisco Rincón Arroyo fue director adjunto de Programación de Instalaciones del área de Circulación de Adif. Por su parte, José Ignacio Sánchez Marhuenda es ingeniero de caminos y trabajó en grandes firmas del sector como como la ingeniería Sener o la constructora Sacyr.

Puente argumentó que el retraso en la puesta en marcha la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes se debe a los trámites administrativos internos del Gobierno. La ley aprobada por el Congreso daba un plazo de un año a partir de su entrada en vigor para que este organismo fuese dotado de medios. Pero seis meses después de cumplir el tiempo legal estipulado, el Ejecutivo aún no ha aprobado el real decreto que debe dotarla de un estatuto.

En este sentido, el ministro se escudó en que la política del Gobierno es repartir las sedes de las nuevas agencias por el territorio para no concentrarlas todas en Madrid. Por ello, dijo que se está debatiendo en qué ciudad ubicar las oficinas de esa agencia, que también se encargará de investigar accidentes marítimos y aéreos.

En todo caso, defendió que nada cambiaría a "efectos científicos", ya que los técnicos de la actual CIAF encargados de las investigaciones serán transferidos a la nueva autoridad independiente. No así los citados vocales que deben votar y aprobar el informe que elaboren esos investigadores con las conclusiones; y emitir recomendaciones.

En todo caso, Puente quiso marcar distancias con la CIAF y remarcó no tener "ninguna preferencia por ninguna hipótesis" sobre las causas de la tragedia que acabó con la vida de 42 pasajeros y un maquinista. Reconoció que las muescas halladas en las ruedas del tren Iryo representan una "posibilidad innegable" de que el siniestro se deba a un fallo en la infraestructura. Pero al mismo tiempo pidió "no especular" hasta que no avance la investigación. "Sea lo que sea tenemos que garantizárselo a las víctimas. Engañarnos a nosotros mismos no tendría ningún sentido", dijo tras dos horas y media de una comparecencia en la que defendió que el accidente no se produjo por "un problema de inversión ni de mantenimiento".