La estrategia de José Luis Escrivá para financiar la jubilación de la generación del baby boom mediante un aumento de las cotizaciones sociales no bastará para absorber el incremento del gasto previsto en las próximas décadas. Así lo concluye el estudio que ha publicado este viernes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima que el gasto en pensiones crecerá de forma progresiva hasta situarse en 2050 en unos 58.000 millones de euros por encima de su nivel actual. Y de esta factura adicional, cerca de tres cuartas partes —unos 45.000 millones de euros— deberán sufragarse mediante mayores transferencias del Estado a la Seguridad Social. Un esfuerzo presupuestario que, según advierte el organismo, obligará a reducir los recursos disponibles para otras políticas públicas o a recurrir a un incremento de la deuda pública.
La reforma de Escrivá
El entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo en 2023 la reforma del sistema de pensiones con el objetivo de reducir el impacto presupuestario que tendría la jubilación masiva de la generación del baby boom en las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, la reforma del exministro apostaba "por el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones" como vía de financiación del sistema, según describía el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe La subida de las cotizaciones sociales. Una senda que se "desalineaba" con las reformas emprendidas en Europa, orientadas a contener el gasto mediante ajustes en las cuantías de las pensiones futuras o potenciando mecanismos de ahorro individual para la jubilación.
Pues bien, la última evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye que las nuevas cotizaciones introducidas por Escrivá —el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o la reforma del RETA— no serán suficientes para absorber por sí solas el impacto de la jubilación de los baby boomers. Ante ello, el Gobierno deberá incrementar gradualmente el desvío de sus propios recursos para hacer sostenibles las cuentas de la Seguridad Social en las próximas décadas.
58.000 millones extra para sostener las pensiones
En concreto, según los cálculos del estudio que ha presentado este viernes el organismo presidido por Inés Olóndriz, a políticas constantes —es decir, sin que se introduzcan nuevos cambios de ingresos—, la AIReF estima que "el gasto total en pensiones aumentará progresivamente del 13% al 16,4% del PIB entre 2025 y 2050". En euros constantes y sonantes, este incremento de 3,4 puntos porcentuales supondrá para la Seguridad Social pasar de desembolsar unos 219.000 millones de euros en 2025 a 277.000 millones en 2050.
De esta forma, el gasto en pensiones irá aumentando gradualmente durante las próximas décadas hasta situarse, en 2050, en 58.000 millones de euros por encima del nivel actual. Y la cuestión de fondo es que ni la incorporación de nuevos trabajadores en el mercado laboral a través de los flujos migratorios ni el aumento de la recaudación vía cotizaciones bastará para financiar el incremento del gasto previsto.
El Estado asumirá tres cuartas partes de la factura
Ante este escenario, la AIReF calcula que el Gobierno tendrá que aumentar progresivamente las transferencias del Estado destinadas a financiar la Seguridad Social desde el 2% del PIB actual hasta el 4,7% en 2050. En euros, supondría pasar del en torno de los 34.000 millones de euros en 2025 hasta los 79.000 millones, o sea, unos 45.000 millones adicionales en 2050.
Es decir, tres cuartas partes del aumento previsto del gasto en pensiones acabarán siendo sufragadas directamente con recursos procedentes de la Administración Central. Circunstancia de la que alerta la institución presidida por Olóndriz, ya que para financiarlo solo habrá dos vías: o reducir "los recursos disponibles para la financiación de otras políticas de gasto" o aumentar el endeudamiento.
Y el organismo fiscalizador ya ha puesto cifras a este segundo escenario: a políticas constantes, la deuda pública "aumentaría de forma muy acusada a partir de mediados de la década de 2030" hasta alcanzar el 123% del PIB en 2050.
Precisamente esta fue la principal crítica formulada por la AIReF al presentar el estudio. Aunque la institución concluía que la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá cumplía, por el momento, la regla nacional de gasto y no requería nuevas medidas correctoras, también advertía de que este resultado era compatible con un deterioro progresivo de las finanzas públicas y que no garantizaba la sostenibilidad del sistema ni en el medio ni en el largo plazo.
Te puede interesar