Colapso eléctrico: el Gobierno permite a las energéticas duplicar la inversión en la red para liberar enganches

En la red eléctrica española casi no cabe un ‘enchufe’ más. La saturación roza el colapso en muchos puntos, cuando no lo ha alcanzado ya. En buena parte de nuestras comunidades autónomas son numerosas las industrias, centros de datos, puntos de recarga, proyectos de viviendas o planes de electrificación que no encuentran espacio ni subestaciones donde poder obtener autorización para conectarse y acceder a suministro de energía. Iniciativas que en muchos casos se quedan no solo ralentizadas, sino que terminan abandonando nuestro país e invirtiendo en otro lugar.

La situación hace tiempo que la venía advirtiendo el sector y que el Gobierno trabajaba para darle solución. La transición energética y la descarbonización suponen una mayor demanda de energía eléctrica y, con ello, una adecuación de una red que no está suficientemente preparada para ello. Ahora, el Ejecutivo ha accedido a ampliar las autorizaciones para que las energéticas puedan ampliar sus inversiones y elevar la capacidad de la red.

El Gobierno ha decidido conceder una autorización ‘extra’ que permitirá ampliar las inversiones en otros 17.900 millones de euros adicionales de aquí a 2030. Hasta ahora, las inversiones estaban limitadas a porcentajes vinculados al PIB nacional, cantidades que no podían superar el equivalente al 0,065% del PIB en el caso de las inversiones en transporte y del 0,13% del PIB para la distribución. Estos porcentajes suponen en términos absolutos un montante similar al aprobado este martes y que eleva la capacidad de inversión para Red Eléctrica (Transporte) y las grandes energéticas como Iberdrola, Endesa o Naturgy (Distribución) hasta alrededor de 35.000 millones de euros en el próximo lustro.

Red "insuficiente" para satisfacer la demanda

Son inversiones que finalmente pagarán los consumidores en forma de 'peajes' y que se verán reflejados en su factura. Desde la Adminitración se asegura que esa mejora de la red conllevará también un incremento en el número de consumidores que se benefician de ella y que asumen el coste o 'peaje' a pagar, por lo que consideran que no supondrá un incremento del mismo.

Ha sido el propio Ejecutivo el que ha reconocido que los porcentajes establecidos hasta ahora para autorizar las mejoras de la red se han demostrado “insuficientes a la hora de atender las necesidades de transporte de energía y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas”. Lo ha constatado durante la elaboración de la planificación eléctrica de los próximos años, en la que las demandas no solo de la industria, sino de sectores como el de la movilidad eléctrica, el de la generación de energías limpias o el de los centros de datos, se han convertido en economías emergentes y grandes demandantes de energía.

En los últimos años en España se ha visto cómo las peticiones para poderse conectar a la red para poner en marcha distintos proyectos se venían quedando fuera. Si en 2023 solo el 35% de las demandas de conexión a la red eléctrica eran rechazadas, en lo que va de año ese porcentaje roza el 70%. Solo un 10% ha sido autorizada, el resto sigue en estudio.

Liberar hasta 30 GW de conexión hasta 2030

El nivel de saturación de los puntos o nodos de conexión del conjunto de la red está actualmente en alrededor del 85%, si bien en algunas comunidades como Navarra o el País Vasco alcanza el 99%. El objetivo que se ha fijado el Gobierno es poder ‘liberar’ un volumen de demanda ahora en espera de casi 30 GW de aquí a 2030.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros este martes incorpora además un cambio relevante con el que se aspira a agilizar los procesos. Actualmente, el trámite desde que se solicita una conexión hasta que se resuelve podía prolongarse entre tres y cinco años. Además, hasta ahora solo se podía plantear una inversión y mejora de la infraestructura eléctrica en un punto determinado si existía una demanda real por parte de una iniciativa en marcha. Este requisito había provocado que muchos proyectos no se llevaran a cabo por falta de red y que no hubiera red porque no existían proyectos.

Con la nueva norma, las distribuidoras de energía podrán poner en marcha inversiones en un punto antes de que exista un proyecto en marcha, anticipándose así a futuras ejecuciones. Se autorizará que el 20% de la financiación ‘extra’ ahora aprobada se dedique a inversiones donde, pese a que la demanda no esté asegurada en un plazo de cinco años, su construcción sí pueda desbloquear la saturación en un área y dinamizar de nuevo la demanda de proyectos de conexión.

Más transparencia y control

De los 17.900 millones de inversión que se autorizarán, la gran mayoría irán destinados a la red de distribución. A su mejora se podrán destinar 10.200 millones hasta 2030. El cronograma aprobado por el Gobierno plantea 1.000 millones el próximo año, 2.550 en 2028, 3.060 un año más tarde y 3.570 en 2030. Para ampliar y mejorar la red de transporte se destinará ese paquete de 7.700 millones adicionales de inversión autorizada para las compañías: 700 el próximo año, 1.850 en 2028, 2.300 al año siguiente y 2.850 en 2030.

Se quieren priorizar las demandas relacionadas con las actividades industriales, residenciales y de descarbonización del transporte. Además, un 20% deberá ir destinado al control de la tensión, observabilidad y ciberseguridad, en aras de mejorar la seguridad y la transparencia de los datos de la red.

La norma también quiere mejorar la transparencia y control de los planes de inversión. Así, establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de inversión en las redes eléctricas. Las compañías distribuidoras tendrán que someter sus planes a consulta previa, los cuales serán públicos. Además, las empresas solicitantes deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido, en el plazo de un mes, que también serán públicos. Por último, la norma establece un régimen de sanciones por incumplimientos.