Tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero', el Gobierno ha acelerado la creación del registro de 'lobbies'. Ante la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante una ley, Moncloa tiró de real decreto para aprobar un mecanismo que lleva años guardado en el cajón y que, en teoría, debe facilitar que los ciudadanos sepan cómo los grupos de interés intentan influir en la toma de decisiones de los poderes públicos.
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El Gobierno ha encomendado la tarea al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Un organismo que pone de manifiesto en su Memoria Anual 2025 la falta de colaboración con la que operan algunos departamentos del Gobierno cuando los ciudadanos piden tener acceso a información. En concreto, el organismo llama la atención sobre el número de veces que el Gobierno da la 'callada' por respuesta.

"Hay que destacar el elevadísimo número de ellas que se presentan frente a solicitudes de acceso a la información pública que se han desestimado por silencio administrativo; es decir, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución expresa en el plazo legalmente establecido", reza el texto. En concreto, de las 1.577 reclamaciones que ha resuelto el organismo en 2025, fueron 718 las se plantearon por esta razón; un 45,5%.

Esto hace, señala el CTBG, que "quien insta la reclamación desconoce los motivos por los que la Administración ha desestimado su solicitud de acceso a la información como consecuencia del incumplimiento del deber legal de resolver en plazo". Si se observan los datos de años precedentes, el porcentaje de reclamaciones por silencio administrativo no ha parado de crecer. En 2024 eran el 42%; en 2023, el 33,8%; y en 2022, el 33,7%.

De las 1.480 reclamaciones estatales admitidas a trámite en 2025, 976 (el 65,9%) fueron estimadas total o parcialmente. En 434 casos se ordenó entregar toda la información solicitada; en 119, solo una parte; y otras 393 fueron estimadas por motivos formales. Principalmente, por no haberse respetado el derecho del solicitante a recibir respuesta o a acceder a toda la información en plazo.

Interior se sitúa a la cabeza

Los ministerios concentran buena parte de los conflictos. Un total de 999 de las 1.577 reclamaciones estatales resueltas, se dirigieron contra departamentos ministeriales. Suponen el el 63,3%.

El ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska encabezó la lista con 193 expedientes. El de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en manos de Félix Bolaños, 94. Por su parte, el ministerio de Hacienda sumó 83; y Transición Ecológica, 72.

La segunda categoría de entidades contra la que se interpuso un mayor número de reclamaciones es la constituida por los organismos públicos estatales. Ahí se engloban organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales). En 2025 se resolvieron 372 expedientes que afectaban a este tipo de organismos.

Según el Consejo de Transparencia, numerosas reclamaciones son por peticiones en materia de acceso a información de contratos públicos, obras e infraestructuras; ya sea con la pretensión de acceder al contrato suscrito o a la totalidad del expediente de contratación. También en materia de acceso a expedientes administrativos.

Pero otro gran grupo de reclamaciones tiene que ver con información de altos cargos. Por ejemplo, se solicita tener acceso a sus agendas institucionales (visitas, actos, etc); o, bien, a los viajes realizados. En ellos se pide conocer los gastos asociados o hasta los acompañantes.

No en vano, el CTBG subraya cómo buena parte de las reclamaciones son interpuestas por personas físicas, de las que un número "significativo" son periodistas. Otra parte más pequeña fue interpuesta por personas jurídicas como asociaciones, sindicatos, fundaciones o empresas.

Más trabajo para el Consejo con el mismo presupuesto

En general, se ha producido un fuerte aumento de la actividad del Consejo. En 2025 recibió 2.767 reclamaciones, un 40,2% más que un año antes, de las que 1.778 correspondieron al ámbito estatal y 989 al autonómico y local. Las primeras se disparan un 27% y las segundas, un 71%.

Y ello se produce, según destaca el propio organismo, sin que se haya aumentado su dotación presupuestaria ni sus medios personales. A cierre del año pasado contaba con 31 efectivos y un presupuesto inicial de 3,38 millones de euros, el mismo que en los dos ejercicios anteriores.

Ahora, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aún prorrogados, tendrá que asumir nuevas funciones. El decreto que pone en marcha el registro de lobbies a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de 30 días desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva regulación obliga a inscribirse a empresas, organizaciones, ONG, plataformas o personas físicas que quieran influir en decisiones de la Administración General del Estado y su sector público institucional. El registro será electrónico y gratuito y recogerá, entre otros datos, quién ejerce la actividad de influencia, qué intereses representa y cuáles son sus fuentes de financiación.

El órgano competente para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que afecten a los 'lobbies' será igualmente el Consejo de Transparencia.

Los altos cargos y empleados públicos afectados deberán publicar además sus reuniones y contactos con estos grupos en el Portal de Transparencia, mientras que los proyectos normativos incorporarán una "huella normativa" para identificar qué actores han tratado de influir en su elaboración.

La nueva norma sobre 'lobbies' incorpora un régimen sancionador con la introducción de multas económicas, que no estaban en el proyecto de Ley de 2025. En este sentido, las sanciones pueden alcanzar los 40.000 euros en los casos más graves.