Tras el estallido del 'caso Zapatero', el Gobierno ha acelerado la creación del registro de 'lobbies'. Ante la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante una ley, Moncloa tiró de Real Decreto para aprobar un mecanismo que lleva años guardado en el cajón y que, en teoría, debe facilitar que los ciudadanos sepan cómo los grupos de interés intentan influir en la toma de decisiones de los poderes públicos.

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El Gobierno ha encomendado la tarea al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Un organismo de apenas una treintena de funcionarios que pone de manifiesto la falta de colaboración con la que operan algunos departamentos del Gobierno cuando los ciudadanos piden tener acceso a información. En concreto, la última Memoria Anual 2025 del organismo llama la atención sobre el número de veces que el Gobierno da la 'callada' por respuesta.

"Hay que destacar el elevadísimo número de ellas que se presentan frente a solicitudes de acceso a la información pública que se han desestimado por silencio administrativo; es decir, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución expresa en el plazo legalmente establecido", reza el texto. En concreto, de las 1.577 reclamaciones que ha resuelto el organismo en 2025, fueron 718 las se plantearon por esta razón; un 45,5%.

Esto hace, señala el CTBG que "quien insta la reclamación desconoce los motivos por los que la Administración ha desestimado su solicitud de acceso a la información como consecuencia del incumplimiento del deber legal de resolver en plazo". Si se observan los datos de años precedentes, porcentaje de reclamaciones por silencio administrativo no ha parado de crecer. En 2024 eran el 42%; en 2023, el 33,8%; y en 2022, el 33,7%.

De las 1.480 reclamaciones estatales admitidas a trámite en 2025, 976 (el 65,9%) fueron estimadas total o parcialmente. En 434 casos se ordenó entregar toda la información solicitada; en 119, solo una parte; y otras 393 fueron estimadas por motivos formales. Principalmente, por no haberse respetado el derecho del solicitante a recibir respuesta o a acceder a toda la información en plazo.

Los ministerios concentran buena parte de los conflictos. Un total de 999 de las 1.577 reclamaciones estatales resueltas, se dirigieron contra departamentos ministeriales. Suponen el el 63,3%. El ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska encabezó la lista con 193 expedientes. El de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en manos de Félix Bolaños, 94. Por su parte, el ministerio de Hacienda sumó 83; y Transición Ecológica, 72.

Según el organismo, numerosas reclamaciones son por peticiones en materia de acceso a información de contratos públicos, obras e infraestructuras; ya sea con la pretensión de acceder al contrato suscrito o a la totalidad del expediente de contratación. También en materia de acceso a expedientes administrativos. Pero otro gran grupo de reclamaciones tiene que ver con información de altos cargos,
referida bien a sus agendas institucionales (visitas, actos); bien a los viajes realizados (gastos, acompañantes, etc.).

No en vano, el CTBG subraya cómo buena parte de las reclamaciones son interpuestas por personas físicas, de las que un número "significativo" son periodistas. Y una parte más pequeña fue interpuesta por personas jurídicas como asociaciones, sindicatos, fundaciones o empresas.

En general, se ha producido un fuerte aumento de la actividad del Consejo. En 2025 recibió 2.767 reclamaciones, un 40,2% más que un año antes, de las que 1.778 correspondieron al ámbito estatal y 989 al autonómico y local. Y ello se produce, según destaca el propio organismo, sin que se haya aumentado su dotación presupuestaria ni sus medios personales. A cierre del año pasado contaba con 31 efectivos y un presupuesto inicial de 3,38 millones de euros, el mismo que en los dos ejercicios anteriores.

Ahora, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aún prorrogados, tendrá que asumir nuevas funciones. El decreto que pone en marcha el registro de lobbies a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de 30 días desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva regulación obliga a inscribirse a empresas, organizaciones, ONG, plataformas o personas físicas que quieran influir en decisiones de la Administración General del Estado y su sector público institucional. El registro será electrónico y gratuito y recogerá, entre otros datos, quién ejerce la actividad de influencia, qué intereses representa y cuáles son sus fuentes de financiación.

El órgano competente para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que afecten a los grupos de interés será igualmente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

Los altos cargos y empleados públicos afectados deberán publicar además sus reuniones y contactos con estos grupos en el Portal de Transparencia, mientras que los proyectos normativos incorporarán una "huella normativa" para identificar qué actores han tratado de influir en su elaboración.

Los Técnicos de Hacienda valoran el refuerzo del régimen sancionador y destacan especialmente la introducción de multas económicas, que consideran una de las principales mejoras respecto al proyecto de Ley de 2025. En este sentido, resaltan que las sanciones pueden alcanzar los 40.000 euros en los casos más graves.