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La reciente revelación de que el Ministerio del Interior español elaboró en 2024 un dosier con decenas de periodistas clasificados según su ideología y su postura frente al Gobierno de Pedro Sánchez ha despertado una razonable polémica. Para muchos, el episodio evoca una experiencia ya vivida en Iberoamérica: la llamada Lista Tascón que funcionó en Venezuela como instrumento de identificación, etiquetado y persecución de opositores políticos y que dejó heridas profundas en la sociedad venezolana.
No pretendo establecer una equivalencia automática entre ambos casos. España no es la Venezuela chavista de 2004. Pero cuando en un Estado de derecho se comienza a fichar y etiquetar ideológicamente a ciudadanos que ejercen derechos fundamentales, se abre una puerta que, una vez cruzada, es muy difícil de cerrar. La historia de la Lista Tascón debería servir como espejo incómodo, no como profecía cumplida.
De la “verificación” a la persecución política
Entre 2003 y 2004, la oposición venezolana promovió, al amparo del artículo 72 de la Constitución de 1999, la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Millones de ciudadanos ejercieron así un derecho constitucional expreso.
Tras el éxito de la convocatoria, el diputado oficialista Luis Tascón accedió, con anuencia del Consejo Nacional Electoral y a petición del propio Chávez, a la base de datos de los firmantes. Después hizo pública una lista con nombres y números de cédula de más de 2,4 millones de personas.
La justificación oficial fue la “verificación” de firmas y la transparencia del proceso. En la práctica, la lista se convirtió en un registro de adversarios políticos a disposición del Estado. Funcionarios públicos, empleados de empresas estatales –como PDVSA– y contratistas del Gobierno que figuraban en ella fueron objeto de despidos, discriminación en contrataciones y ascensos y hostigamiento mediante calificativos como “escuálidos” o “traidores a la patria”.
La Lista Tascón funcionó como un mecanismo psicológico de coacción y amedrentamiento. No fue un simple listado, sino una infraestructura que permitió identificar, etiquetar y castigar a opositores en los ámbitos laboral, administrativo y social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó posteriormente estos hechos como violaciones de los derechos políticos y del principio de no discriminación. Su autor murió en 2010, pero las consecuencias sociales y políticas de aquella práctica perduraron.
El dosier de Interior: fichaje ideológico de periodistas
A comienzos de septiembre de 2026, investigaciones periodísticas revelaron que el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Fernando Grande-Marlaska, había elaborado en febrero de 2024 un dosier interno titulado “Tertulianos radio y televisión”.
Cuando en un Estado de derecho se comienza a fichar y etiquetar ideológicamente a ciudadanos que ejercen derechos fundamentales, se abre una puerta que es muy difícil de cerrar
El documento, con sello oficial de Interior y de su Oficina de Comunicación, contenía fichas y fotografías de decenas de periodistas, tertulianos, directivos de medios y asociaciones profesionales; información sobre los medios en los que trabajaban; y comentarios valorativos sobre su ideología y posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las etiquetas aparecían expresiones como “apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “reconocido anti-sanchista”, “afín al PSOE”, “independiente” o “extrema derecha”.
Tras la revelación, el Ministerio reconoció la existencia del listado y lo describió como un documento informativo, interno y consultivo, sin propósito de censura o limitación del ejercicio periodístico. También pidió disculpas a los profesionales que se hubieran sentido ofendidos.
Sin embargo, la existencia de un fichero estatal que etiqueta ideológicamente a periodistas suscita una preocupación legítima por sus posibles usos: acceso privilegiado a información, presión indirecta, trato diferenciado o autocensura.
Paralelismos inquietantes, diferencias decisivas
Los contextos son distintos. España es una democracia constitucional con separación de poderes, prensa plural y mecanismos de control. Venezuela, en cambio, utilizó la Lista Tascón en un contexto de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales. Además, la lista venezolana afectó a millones de personas y produjo consecuencias materiales masivas; el dosier español afecta, según lo conocido, a decenas de periodistas y no existe hasta ahora evidencia de sanciones directas derivadas de él.
Pero las diferencias no eliminan el paralelismo de fondo. En ambos casos, el Estado construye una clasificación ideológica de personas que ejercen derechos protegidos: la participación política en Venezuela y la libertad de expresión y de prensa en España. También se repite una justificación aparentemente técnica o interna: verificación de firmas en un caso y consulta institucional en el otro.
El peligro está en que una clasificación de esta naturaleza puede convertirse en un instrumento de trato desigual. Hoy puede limitarse a una ficha informativa; mañana, en un contexto de mayor tensión o erosión institucional, puede utilizarse para decidir quién accede a información, quién es recibido, quién es marginado o quién debe ser considerado un adversario.
La democracia debe anticiparse al abuso
La historia de la Lista Tascón enseña que los instrumentos de fichaje ideológico rara vez permanecen neutralizados en el ámbito de lo “interno”. En Venezuela, la información sirvió para premiar lealtades y castigar disidencias. La respuesta oficial de que se trataba solo de un mecanismo de verificación no impidió su utilización como herramienta de control político.
España no debe esperar a que aparezcan represalias para reaccionar. Las democracias no se erosionan de golpe; se desgastan mediante prácticas que se normalizan. Por eso es necesario aclarar quién ordenó la elaboración del dosier, con qué criterios se asignaron las etiquetas, quién tuvo acceso a él y qué uso concreto se hizo de la información.
También debe garantizarse la transparencia ante el Congreso, el Defensor del Pueblo y, respetando la protección de datos, la ciudadanía. Ningún órgano del Estado debería elaborar archivos secretos destinados a clasificar ideológicamente a periodistas, medios o ciudadanos, salvo en investigaciones legalmente previstas y bajo control judicial.
La neutralidad institucional no es una opción política, sino un deber constitucional. Fichar por ideología, aunque se presente como una tarea administrativa inocua, puede vulnerar la igualdad, la libertad de prensa y la confianza ciudadana.
La advertencia es clara: la Lista Tascón no debe repetirse en España. No porque ambos episodios sean idénticos, sino porque comparten una lógica que conviene detener a tiempo: la conversión de la pluralidad política en un archivo de lealtades y sospechas. Para impedirlo no basta con decir “aquí no pasará”. Hace falta transparencia, investigación, límites jurídicos y una ciudadanía vigilante que impida que se construyan, a la sombra del poder, los archivos del mañana.
Carlos Sarmiento Sosa es coordinador del Capítulo España del Bloque Constitucional de Venezuela
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