La presidencia del Banco Central Europeo (BCE) afronta una nueva etapa marcada por las tensiones geopolíticas, las presiones inflacionistas y el elevado endeudamiento de los Estados. Durante el mandato de Christine Lagarde, la institución ha tenido que gestionar la pandemia y la escalada de los precios provocada por la invasión rusa en Ucrania en 2022. Ahora, las tensiones energéticas derivadas del conflicto en Oriente Próximo vuelven a poner a prueba al organismo. Sin embargo, la presidencia de Lagarde concluye el 31 de octubre de 2027 y necesitará un sustituto.
Para sucederla, el pasado 21 de julio se hizo oficial la candidatura del economista y exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Desde entonces, el economista ha logrado reunir un consenso poco habitual entre el PSOE y el PP, dos partidos que no siempre encuentran terreno común. Primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hace un mes anunció su respaldo al exgobernador pese a que los informes anuales del Banco de España durante su mandato incluían recomendaciones y advertencias que no siempre coincidían con las prioridades del Ejecutivo. Y a este apoyo se ha sumado hace unas semanas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Un acuerdo que sitúa a Hernández de Cos ante una oportunidad histórica: si consigue los apoyos necesarios en Europa, España tendrá por primera vez un presidente al mando del BCE. Y es que, pese a ser la cuarta economía de la eurozona, desde la creación de la institución en 1998, nunca ha logrado ocupar la presidencia del alto organismo.
Un perfil técnico reconocido en Europa
Su trayectoria ayuda a explicar este respaldo. Nacido en Madrid en 1971, Hernández de Cos es doctor en Economía por la Universidad Complutense y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y en Derecho por la UNED. Con 26 años, se incorporó al Banco de España, donde logró convertirse en director general de la Dirección General de Economía y Estadística en 2015, antes de asumir el cargo de gobernador del organismo en 2018 a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
A nivel internacional, entre 1998 y 2004 formó parte del grupo de trabajo de Finanzas Públicas del BCE, así como del de Envejecimiento y Sostenibilidad del comité de Política Económica del Consejo ECOFIN de la Unión Europea. Además, entre 2019 y junio de 2024 presidió el Comité de Basilea —la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria— y desde 2025 ejerce como director general del Banco de Pagos Internacionales.
Así, su experiencia combina el conocimiento de la economía española con la participación en las decisiones monetarias europeas y en los foros internacionales de supervisión financiera. Por ello, su recorrido le ha situado como el favorito para suceder a Lagarde entre los expertos.
En enero, una encuesta entre expertos en política fiscal publicada en el periódico Financial Times lo colocó como el candidato más cualificado para suceder a Lagarde, seguido del neerlandés Klaas Knot. Desde entonces, ha sido el favorito de las encuestas. La más reciente, publicada por Bloomberg este mismo viernes, recoge el respaldo de doce economistas al español, frente a nueve que se inclinan por Knot.
La oportunidad institucional para España
No obstante, el respaldo nacional y el reconocimiento de los expertos no garantizan su llegada a la presidencia del Banco Central Europeo. Por ello, Hernández de Cos lleva meses manteniendo contactos con distintas capitales para presentar su candidatura y explorar la posición de los gobiernos europeos, cuyos apoyos serán decisivos para su elección.
Además, la candidatura también responde a una cuestión de influencia: desde que Luis de Guindos dejó la vicepresidencia del BCE en mayo de 2026, España no cuenta con representación en el Comité Ejecutivo. Lograr la presidencia permitiría al país recuperar un puesto de primer nivel en el centro de las decisiones monetarias europeas.
Inflación, tipos de interés y deuda: el triángulo del BCE
No obstante, si finalmente de Cos logra reunir los apoyos necesarios para suceder a Lagarde, tendrá que afrontar una encrucijada económica en la que confluyen tres frentes: la inflación, los tipos de interés y la deuda pública. El desafío está en que las decisiones destinadas a contener uno de estos problemas pueden agravar el otro.
El BCE se enfrenta a una encrucijada en la que cada decisión sobre los tipos de interés tiene consecuencias que van más allá de la inflación. El repunte de los precios de la energía, alimentado por las tensiones geopolíticas, vuelve a poner a prueba el objetivo de estabilidad de precios del organismo en el 2% (la inflación media de Europa en septiembre alcanzó el 3,7% y en España el 4,9%). Después de haber subido en dos ocasiones los tipos en lo que va de año, después de llevar años congelados, si la subida de los precios energéticos se acaba trasladando al resto de bienes y servicios, mantener la inflación bajo control puede exigir una política monetaria todavía más restrictiva, con tipos de interés más elevados durante más tiempo.
El problema es que este endurecimiento también encarece la financiación de los Estados, especialmente en países con elevados niveles de endeudamiento público, como Francia. Cuando suben los tipos de interés, emitir nueva deuda o refinanciar la existente puede resultar más caro, lo que aumenta progresivamente los recursos que los gobiernos deben destinar al pago de intereses. Precisamente, en Europa, donde el Estado de bienestar ocupa un lugar central, el encarecimiento de la deuda limita la capacidad de los gobiernos para sostener el gasto público. Es decir, a medida que aumenta la factura de los intereses, se reduce el margen presupuestario para destinar recursos a otras partidas, como la sanidad, la educación, la vivienda o las pensiones.
De este modo, el próximo presidente del BCE se enfrentará a un equilibrio complejo: contener la inflación exigirá mantener los tipos elevados durante más tiempo, pero esta misma política aumentará la factura de la deuda pública y reducirá el margen presupuestario de los gobiernos.
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