Los accionistas de El Corte Inglés libran desde hace unos años una batalla que, pese al ascenso de Marta Álvarez Guil a la presidencia de El Corte Inglés y la salida de voces críticas de su Consejo de Administración, como la de Dimas Gimeno, todavía sigue viva. Uno de los frentes que continúa abierto es el que inició hace unos meses María Antonia Álvarez –madre de Gimeno- para reclamar la nulidad del acto de adopción de Marta Álvarez Guil y de su hermana, Cristina, por parte Isidoro Álvarez. El juzgado de primera instancia consideró hace unos meses que la demandante carecía de “legitimidad activa” para iniciar el procedimiento, pero este punto está recurrido ante la Audiencia Provincial y está lejos de concluir.

Para entender este proceso hay que tener en cuenta que Isidoro Álvarez legó su patrimonio empresarial, principalmente, a través de la sociedad Cartera de Valores IASA, que posee el 22% de las acciones de la compañía española de grandes almacenes.

Marta y Cristina Álvarez Guil  disponen cada una del 34,2% de esta empresa, mientras que Dimas Gimeno, el 13,5%, María Antonia Álvarez, el 9% y César Álvarez, el 9%. Estos dos últimos eran hermanos de Isidoro Álvarez, mientras que Gimeno, su sucesor en la presidencia de los grandes almacenes, era uno de sus sobrinos.

En el año 2018, uno de los cuatro testigos del procedimiento de adopción de las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil confesó ante notario que el abogado del expresidente de El Corte Inglés, Ramón Hermosilla, le pidió antes del juicio que declarara que ambas habían convivido con Isidoro Álvarez un año completo cuando contaban con entre 13 y 18 años, pese a que le constaba que entre 1978 y 1984 -esos años- no se había producido tal nexo.

Tras tener constancia de este hecho, María Antonia Álvarez presentó una demanda en la que solicitaba la nulidad del acto de adopción, dado que sería presuntamente irregular al no haberse cumplido el requisito legal de la convivencia previa.

El testigo que rectificó su versión fue directivo de El Corte Inglés y tuvo una estrecha relación profesional y de amistad con Isidoro Álvarez, según se hizo saber al juez.

Primer varapalo

El juzgado de primera instancia concluyó que la demandante no tenía legitimidad activa para iniciar este procedimiento; y tuvo en cuenta el argumento de la defensa, que afirmó que María Antonia Álvarez ni fue, ni pudo ser parte del expediente de adopción, por lo que no puede apelar a la revisión del expediente ni reclamar su nulidad.

Según explican fuentes del procedimiento, la demandante recurrió a finales de julio ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir la repetición de la audiencia previa, al considerar que sus derechos sucesorios se han visto afectados por una adopción que –considera- existen pruebas de que fue irregular.

Con la invalidación del acto de adopción, detallan los mismos informantes, María Antonia Álvarez o bien lograría la anulación los dos últimos testamentos de Álvarez; o bien que, en caso de que el juzgado no tenga a bien la aplicación de esa medida, que Marta y Cristina Álvarez Guil dejen de ostentar la condición de herederas universales.

Dado que Isidoro Álvarez no tuvo hijos biológicos, su hermana podría haberse beneficiado de una ‘rebaja’ impositiva del 95%.

Hay que tener en cuenta –según se ha trasladado al juez- que las dos hijas adoptivas han tenido la posibilidad de beneficiarse de una reducción del 95% de la base imponible del impuesto de sucesiones que no hubieran conseguido en caso de que su adopción –que la demandante considera irregular- no se hubiera formalizado. Dado que Isidoro Álvarez no tuvo hijos biológicos, su hermana podría haberse beneficiado de esta ‘rebaja’ impositiva.

Problema en la Fiscalía

Por otra parte, según informaba Efe este lunes, la Fiscalía General del Estado inició el pasado 13 de julio un expediente para aclarar si hubo alguna irregularidad de su representante en la audiencia por la demanda contra el acta de adopción de las hermanas Marta y Cristina Álvarez por parte del expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, que murió en 2014.

En este caso, se investiga la supuesta actuación sin de la Fiscalía en el procedimiento, pese a no estar fundamentada, y en la identidad del miembro del ministerio público que compareció en la audiencia previa, que podría no corresponderse con la persona que rubricó los documentos que figuran en la causa.

Entre los hechos que tendrán que dirimirse también se encuentra el relativo a si el fiscal que acudió a la audiencia previa estaba vinculado familiarmente de forma directa al entorno de las demandadas, tal y como consta en el escrito de denuncia.

Tal y como han declarado a Efe fuentes de la defensa de las hermanas Álvarez Guil, la tramitación de dicho expediente interno «en nada» puede afectar ni a la adopción de ambas, constituida en virtud de una resolución judicial firme tras la práctica de todas las diligencias debidas, ni a la «rectitud y validez» del procedimiento de impugnación del acta.

En cualquier caso, fuentes del procedimiento desvinculan esta investigación de las demandadas y de El Corte Inglés.