En 2018 quedó aprobada en España una nueva legislación, que pretende favorecer una mayor accesibilidad de la pequeña y mediana empresa a los concursos públicos. Una normativa cuyas medidas generan dudas, en opinión de Fernando Vicente Davila, doctor en Derecho por la Universidad de Vigo y Titulado Superior, Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.

Así lo pone de manifiesto el autor en una tribuna publicada para el Observatorio de Contratación Pública. Fernando Vicente Davila urge a que las medidas desplegadas surtan efectos, a tenor de los datos del último informe de la OCDE sobre contratación pública. En España las pymes  suponen el 99,88% del tejido empresarial y, según estos últimos estudios, solo el 28% de la contratación pública se adjudica a éstas.

El experto alude a la Directiva 2014, que asumió entre sus objetivos la reactivación del mercado único, y que en España se manifestó bajo  la Ley de Contratos, para remover las barreras detectadas en el acceso de las pymes a los contratos públicos.

En ese sentido, la ley estableció:

  • la simplificación administrativa de determinados contratos
  • rebaja de la dimensión necesaria para concurrir a macro contratos
  • refuerzo de la transparencia
  • mejora de la acreditación de solvencias desproporcionadas en relación con el objeto del contrato
  • rebaja de los elevados costes de transacción por contratar con la administración, como por ejemplo el retraso en los pagos, que venía representado en la práctica una exclusión de las oportunidades de negocio que significaba la contratación pública.

Urgen medidas a la contratación pública

Según señala el autor, entre las dificultades que encuentran las pymes destacan la complejidad de la documentación a presentar para licitar, la dificultad para acceder a todos los procedimientos publicitarios de la Administración y la acreditación de solvencia económica o la falta de conocimientos de la administración electrónica.

Alude, por tanto, a un informe que refleja que el nivel de participación de las pymes en la contratación pública tan solo alcanza a un 67%, y que dicho porcentaje se rebaja más desde Europa, a un nivel inferior del 45 %, según los datos oficiales comunitarios  y a un 28% desde la OCDE. “Estos valores dejan claro, que urge que las medidas activadoras desplieguen su efectividad para que este tejido empresarial desempeñe todo su papel en este nuevo marco de la contratación pública, que pretende ser competitivo e innovador”, asegura el profesor.

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