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Cinco ideas de los economistas para bajar el precio del alquiler sin limitarlo

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Varios carteles de 'Se Alquila' en la pared de un edificio el día que el Consejo de Ministros prevé aprobar un plan que contempla una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, para lo que cuenta con movilizar 700 millones de euros, en Madrid (España), a 31 de marzo de 2020. CORONAVIRUS;COVID-19;ESTADO DE ALARMA;PANDEMIA;CRISIS;ECONOMÍA;CONSEJO DE MINISTROS Marta Fernández / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 31/3/2020 Europa Press

Unidas Podemos consiguió hace algunas semanas arrancar al PSOE el compromiso de regular los precios del alquiler para poder limitarlos y hacerlos más asequibles en una nueva ley que, aunque aún no se ha redactado, ya cuenta con múltiples detractores. Entre ellos se encuentran los economistas, que consideran necesario un enfoque claro y duradero sobre la política de vivienda más que soluciones «mágicas» para restaurar el orden en el alquiler.

Esta propuesta llegó después de que se pusiera en marcha en Cataluña una polémica regulación para limitar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión» de precios que tampoco fue muy bien acogida por el sector y tras meses en los que las condiciones del mercado, impactadas por la pandemia, han llevado a cabo su propia bajada de los precios en Madrid y Barcelona, los dos mercados más «tensionados» del país.

Al respecto de esta propuesta que el Gobierno pretende poner en marcha, desde el Consejo General de Economistas (CGE) consideran que «está demostrado» que el control de los precios de los alquileres implica que los propietarios, tanto los particulares como las empresas, «se retraen a la hora de ofertar sus viviendas», lo que redunda en una reducción del mercado y de las inversiones y en un aumento de la economía sumergida.

Por ello, es necesario explorar otras vías para hacer accesible para los inquilinos las viviendas en alquiler, como ayudas directas a los arrendatarios o ampliar el parque público de vivienda.

Subvenciones

Una de las medidas que según los economistas sería útil para controlar los precios del alquiler sin llegar a limitarlos es crear subvenciones para que el coste del alquiler para los ciudadanos sea menor sin llegar a crear un perjuicio al propietario de la vivienda.

«En un país tan liberal como Estados Unidos las familias que destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler disponen de ayudas federales mensuales», explicaba Joan Ràfols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y ex director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya, en un encuentro informativo organizado por el CGE.

Esta medida también se ha implantado en Francia, donde se benefician de ella unas seis millones de familias con un gasto público cercano a 18.000 millones de euros, de acuerdo con Ràfols, según quién en Alemania existe un sistema similar para las familias con paro prolongado o pensionistas con bajos niveles de ingresos.

«Para que el parque privado de alquiler pueda alojar a las familias con bajos ingresos y a aquellas familias en peligro de exclusión social, es imprescindible un sistema de subsidios personalizados para el pago de las rentas», añaden, por su parte, desde el CGE en un manifiesto sobre esta medida que se aplica en países como Alemania, Francia, Reino Unido o Dinamarca.

El catedrático de Economía Aplicada José García-Montalvo, por su parte, considera que con las ayudas al alquiler se podría «graduar muy bien a quién se quiere dar la ayuda» y «controlar el precio de una forma más eficiente».

Ampliar el parque social de vivienda

Los economistas también abogan por ampliar el parque público de vivienda, si bien García-Montalvo matiza que «el parque social es una vía y no se puede ir solo por una, pues hay un arsenal si se está dispuesto a poner el presupuesto».

«Ya es hora de que las Administraciones tengan un papel mucho más activo asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público de vivienda y a subvenciones personalizadas para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento», señala, por su parte, Ràfols.

«La política de vivienda tiene un problema: es cara y debe mantenerse a lo largo del tiempo, por lo que lo fácil es pasar la pelota a la iniciativa privada»

Joan Ràfols

Se trata de una medida que el Gobierno tiene entre sus planes, aunque la dotación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la promoción de viviendas en alquiler social se sitúa en unos 30 millones de euros, que se destinarán a subvenciones a ayuntamientos y otras entidades locales.

Y eso que la vivienda en conjunto recibirá unos 1.652 millones de euros de los fondos europeos, el 6,2% del total contabilizado en los Presupuestos de 2021.

Regular los contratos

Como subrayan los economistas, en los últimos años algunos países de la Unión Europea han aumentado la regulación de los contratos en aspectos como su duración para equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos.

Sin llegar a poner un tope a los precios, como señalan desde el CGE, hay países que han introducido limitaciones al precio en grandes áreas urbanas a un margen vinculado al contrato ya vigente, aunque manteniendo el libre pacto entre las partes para fijar el precio y solo por un periodo temporal limitado.

Mejorar el índice de precios

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puso en marcha hace algunas semanas su índice de precios del alquiler, una referencia que existe también en la Agència d’Habitatge de Catalunya, pero cuya fiabilidad para diseñar una política de control de precios es cuestionada por los economistas, que creen está limitada por las características del mercado del alquiler en España, como su dispersión espacial y tipológica.

Para Ràfols, de hecho, este tipo de referencias funciona mejor en mercados donde las viviendas en alquiler representan una muestra más «amplia y decisiva» sobre el total, como en Berlín. «Aquí hay ciudades donde hay un 10% de vivienda en alquiler, por lo que es difícil ver algo significativo», añade.

Plan de vivienda duradero

En definitiva, la propuesta básica de los economistas es que se ponga en marcha un plan de vivienda duradero y que se comprometa la inversión necesaria para ello.

«Es necesaria una aproximación a partir de múltiples instrumentos: ayudas al alquiler, construcción y compra de edificios para destinar a vivienda en alquiler social y/o precio limitado con algún tipo de subsidio público que permita la colaboración público-privada para la construcción de un parque de vivienda asequible…», apuntan los economistas en su manifiesto.

Eso sí, como explica Ràfols, «la política de vivienda tiene un problema: es cara y debe mantenerse a lo largo del tiempo, por lo que lo fácil es pasar la pelota a la iniciativa privada».

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