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Cataluña aprueba la limitación de los precios del alquiler

La oposición augura corta vida a una ley que el PP llevará al Tribunal Constitucional y que el Consejo de Garantías ha declarado inconstitucional en 18 puntos

Debate en el Parlament sobre la limitación de precios del alquiler. EFE

El Parlament ha aprobado este miércoles la Ley que limita el precio de los alquileres en Cataluña con 71 votos a favor -de ERC, Junts, comunes y la CUP, y los 63 en contra de Cs, PSC y PP junto a los cuatro diputados del PDeCat. El texto será recurrido ante el Tribunal Constitucional -por lo menos- por el PP. Tanto Cs como el PSC y el PP han recordado a los impulsores del texto que la ley tiene los días contados, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) declarara inconstitucionales 11 de sus 14 artículos y otras siete disposiciones. Una advertencia que no ha querido oír su principal impulsora, la consellera de Justicia, Ester Capella.

«He llegado a la conclusión de que están deseando que nosotros llevemos al Constitucional» el texto aprobado, ha asegurado el popular Alejandro Fernández, dirigiéndose especialmente a JxCat, que han forzado en el último minuto la aprobación de dos enmiendas con las que la neoconvergente Gloria Freixa se ha erigido en «defensores de los pequeños propietarios».

La ley impone un limite a los precios de alquiler en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes de Cataluña, sujetos a partir de ahora al Índice elaborado por la Generalitat. Un índice que impone rebajas respecto a los precios actuales del 25% en Barcelona y entorno al 19% en otras poblaciones medianas.

Las enmiendas de JxCat excluyen de la ley a los «propietarios vulnerables», aquellos con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales incluido el alquiler. Y permiten un aumento del precio de alquiler en caso de inversiones de mejora en la vivienda, a razón de un 5% por cada uno de los conceptos definidos, desde la renovación de todas instalaciones a la renovación de cocina y baños.

El PDeCat vota en contra

La modificación no ha convencido, sin embargo, a los cuatro diputados fieles al PDeCat, que han anunciado su voto en contra del texto, una decisión que no compromete la mayoría a favor del texto. «No podemos estar de acuerdo en un texto que no defiende al pequeño propietario y provocará que haya menos pisos en alquiler» argumentan.

El portavoz popular también ha considerado totalmente insuficientes las enmiendas. «No han sido capaces de pactar elementos esenciales de protección de la propiedad privada y están esperando a que sea el PP el que con sus diputados en el Congreso lo lleve al TC» ha lamentado el popular, advirtiendo que esta estrategia puede dar réditos electorales a corto plazo, pero «es una lluvia fina que va degradando a las instituciones» como el Consejo de Garantías.

Fernández, que se ha erigido en único defensor de la propiedad privada en el Parlament, ha advertido que la ley es además un error porque «solo dejan dos opciones al propietario», dejar las viviendas vacías o ponerlas a la venta. El alquiler, ha añadido, tiene con esta ley «dos amenazas: un precio muy por debajo de mercado, o el riesgo de que no les paguen y la okupación, que van asociados».

En esta línea se ha expresado también la diputada de Cs Noemí de la Calle, quien ha acusado al Govern de imponer unos precios fuera de mercado que «ustedes no respetan» desde las instituciones, en las que les ha acusado de actuar como «especuladores» con el suelo público.

Confrontación y propaganda victimista

Este pleno «es un acto de propaganda victimista para tapar los años en que el presupuesto se ha ido a amiguetes y chiringuitos y no a vivienda pública» ha concluido la diputada naranja, recordando que las medidas de limitación de precios ya han fracasado en ciudades como Berlín o París. «Son unos viejunos con sus recetas» ha concluido.

La socialista Rosa María Ibarra les ha acusado también de buscar solo la confrontación para culpar después al Gobierno de cercenar las «leyes sociales» de Cataluña y ha lamentado que los Comunes se apunten a ese carro por afán electoralista. «Es un espectáculo lamentable que genera falsas expectativas en unos e inseguridad en otros» ha lamentado, «simplemente para azuzar la confrontación».

Unas críticas a las que ERC ha respondido acusando a los socialistas de «cobardes» y reclamando a los comunes que eviten que el Gobierno bloquee la ley llevándola al Constitucional por invasión de competencias.

En este contexto, la republicana Ester Capella ha asegurado que ha impulsado este texto «en ejercicio de competencias en de derecho civil» y se ha escudado en las regulaciones sobre las parejas de hecho, y las parejas del mismo sexo, como precedentes. «También entonces decían que no éramos competentes» ha defendido, asegurando que «esto no es confrontación es dar soluciones a la gente».

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