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La cláusula antimorosidad, un seguro de cobro en el contrato de alquiler

Idealista pone a disposición de particulares y profesionales una estipulación legal que protege a los propietarios de los impagos

Idealista pone a disposición de particulares y profesionales una cláusula antimorosidad que protege a los propietarios de los impagos.

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La seguridad en el cobro de la renta es una de las principales inquietudes entre los propietarios que deciden poner una vivienda en alquiler. La mayoría de los inquilinos cumplen con el compromiso adquirido y pagan en tiempo y forma el importe mensual de su arrendamiento. Pero, aparte de quienes por sus circunstancias dejan de poder pagar, hay una minoría de ‘profesionales’ de la morosidad que se aprovechan de las leyes que protegen el derecho a la vivienda para engañar a los arrendadores. Estos se ven expuestos a impagos, subarriendos y desperfectos, y como consecuencia de ello el mercado del alquiler se resiente, dificultando y encareciendo el acceso a la vivienda. Medidas como la cláusula antimorosidad pretenden prevenir este tipo de situaciones, favoreciendo la transparencia y la confianza de las partes.

¿En qué consiste dicha cláusula? Se trata de una estipulación que se añade al contrato, por la cual se informa al inquilino de que, en caso de impago, sus datos podrán ser incorporados a un registro de morosos accesible para profesionales del sector.

Idealista pone a disposición de los propietarios un modelo de cláusula de estas características vinculada a la Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria (BDMI), impulsada y promovida por la compañía de servicios inmobiliarios.

Además de sus propios datos, la BDMI incorpora información procedente de fuentes como el fichero de siniestralidad de las aseguradoras, el fichero de impagados (ICIRED), el Registro de Impagados Judiciales (RIJ) y ficheros de blanqueo de capitales y Badexcug, Bureau de crédito de Experian. Cuando una de las inmobiliarias que trabajan con idealista realiza una consulta sobre un potencial inquilino, previo consentimiento de este, el servicio recaba la información disponible y elabora un informe que remite al cliente por correo electrónicoen el plazo más breve posible.

Protección ante los morosos recurrentes

El hecho de que un candidato no quiera firmar un contrato que incluya una cláusula antimorosidad es una señal que el arrendador deberá tener muy en cuenta antes de decidir si finalmente alquila su propiedad a esa persona. Desde idealista señalan algunos indicios recurrentes entre los morosos profesionales: pueden ofrecer hasta medio año de renta por adelantado para evitar acreditar sus ingresos y vencer la resistencia de los arrendadores, y suelen solicitar que los contratos de suministro sigan a nombre del propietario.

La cláusula informa al inquilino de que, en caso de impago, su nombre podrá ser incorporado a la Base de Datos de Morosidad Inmobiliaria

Disponible tanto para particulares como para profesionales, la cláusula antimorosidad es una garantía disuasoria en sí misma, que además permite tomar medidas inmediatas y legítimas en caso de que se produzca un impago reiterado y malintencionado. En virtud de dicha cláusula, si el propietario no consigue llegar a un acuerdo de pago con el inquilino podrá, en cumplimiento del contrato, añadir sus datos a la lista de morosos de idealista. Para realizar este trámite deberá proporcionar su propio DNI o NIF, el contrato de alquiler y acreditar el envío al inquilino de un requerimiento de pago, cuyo modelo también ofrece idealista. En el caso de los profesionales inmobiliarios, deberán acreditar documentalmente que están autorizados a actuar en nombre del arrendador de la vivienda que gestionan.

El contrato tipo que ofrece idealista ya incluye esta cláusula antimorosidad. Se trata de un documento gratuito y redactado en base a la ley actual que puede firmarse en papel o con el móvil sin necesidad de DNI electrónico. Para hacer su contrato de alquiler con idealista, el interesado solo necesita registrarse en la web. La compañía también cuenta con recursos equivalentes para profesionales. En ambos casos, se trata de contratos ajustados a la ley que garantizan los derechos y obligaciones de ambas partes.

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