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Euskadi ofrecerá un "contrato de derechos y deberes" a los menores extranjeros no acompañados

Facilitará así su integración y que su acogida revierta en beneficio de la sociedad vasca a través de su inserción laboral.

El Ocean Viking lleva 13 días esperando un puerto seguro con 356 migrantes a bordo, más de 100 de ellos menores.

El Ocean Viking lleva 13 días esperando un puerto seguro con 356 migrantes a bordo, más de 100 de ellos menores. MSF

Es una llegada constante y creciente. Cada año la cifra supera la anterior. Los menores extranjeros no acompañados que recibe Euskadi no ha dejado de aumentar y por ello, el Gobierno vasco se ha propuesto convertir el problema en una oportunidad. En un contexto demográfico complicado, con una caída de la natalidad significativa que incluso comienza a dejarse notar en el mercado laboral, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se ha propuesto encauzar de otro modo la llegada anual de cientos de menores de otros países. Para ello, ultima una fórmula que facilite su correcta integración en la sociedad vasca una vez que cumplan la mayoría de edad y dejen de estar tutelados: la firma de un contrato de "derechos y deberes" que, de algún modo, facilite que con su trabajo reviertan a la sociedad lo que ésta ha dedicado a su acogida.

La fórmula en la que trabaja desde hace semanas la consejería de Empleo y Asuntos Sociales pasa por facilitar a los menores no acompañados que lo deseen una oportunidad para que se instalen en la sociedad vasca a través de una formación laboral. La Administración -que debe asumir su tutela hasta la mayoría de edad- se comprometería a partir de los 18 años a encaminar su integración en el mercado laboral. A cambio, los jóvenes firmarán contratos por los que se comprometen a cumplir una serie de obligaciones.

Cada año llegan al País Vasco cerca de un millar de extranjeros no acompañados menores de edad. Euskadi es, junto a Andalucía, Cataluña y Melilla, una de las comunidades autónomas que más 'Menas' recibe. En el conjunto de España la evolución ha sido creciente en los últimos años y lo ha sido además de manera muy importante. Según los últimos datos facilitados en el VIII Foro de las Autonomías celebrado el pasado mes de marzo, si en 2016 los menores extranjeros que llegaron a España rozaron los 4.000, al año siguiente la cifra se elevó a algo más de 6.400 y a 13.000 el 31 de diciembre de 2018.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha afirmado hoy que estos menores son acogidos y tutelados por las diputaciones forales hasta la mayoría de edad pero que una vez cumplidos los 18 años se encuentran en cierta situación de desamparo que se debe encauzar. En declaraciones a Radio Euskadi ha recordado que con la mayoría de edad su "situación de vulnerabilidad" no desaparece. Por ello, el Ejecutivo cree necesario que es necesario facilitar la transición hacia la a quienes realmente quieran instalarse e integrarse en la sociedad vasca para "buscar una oportunidad" por una vida mejor.

Compromiso mutuo

Artolazabal ha señalado que las instituciones tienen la obligación de ofrecer "una oportunidad de inserción" a estos jóvenes a través de programas de formación laboral. El plan, que ha sido previamente abordado con asociaciones y consulados, plantea que la relación se base en la firma de un contrato de derechos y deberes: "No podemos ocultar que es una realidad estructural, no coyuntural, que ha llegado para quedarse. Tenemos que trasladar a estos jóvenes que si tienen unos derechos también tienen unas obligaciones con la sociedad que les ha acogido y les quiere integrar. Debe ser un compromiso mutuo".

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha situado al abordaje del fenómeno de la inmigración como uno de los ejes de su política. Además del tratamiento de los menores no acompañados que ahora anuncia, Urkullu lleva años impulsando el proyecto Share (Compartir) para que se establezca un mecanismo justo de reparto de inmigrantes entre los países de acogida.

El proyecto, que ya ha presentado a varias comunidaes autónomas e incluso al Vaticano, propone que mediante un mecanismo de evaluación que tenga en cuenta criterios como los ingresos de cada región, el número de habitantes o la tasa de desempleo, se determinen cuotas de asunción de inmigrantes. De este modo, la llegada de los mismos quedaría fuera de las tensiones políticas en cada estado de acogida y se regiría por criterios objetivos.

Al el País Vasco cada año llegan alrededor de 10.000 inmigrantes, una cifra que ha ido en aumento y que sitúa el porcentaje de población extranjera en Euskadi en torno al 9,5%.

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