Las asociaciones judiciales han recibido con preocupación la propuesta registrada este martes en el Congreso de los Diputados por parte de PSOE y Unidas Podemos con la que se busca rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales procedentes de la carrera judicial y limitar sus funciones una vez hayan cumplido su mandato, evitando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga nombramientos estando en funciones.

Los dos partidos de Gobierno han registrado una proposición de ley en la Cámara Baja para sacar adelante la reforma del Poder Judicial. La elección de esa vía les evita -a diferencia de si se hubiera optado porque el Gobierno impulsara la reforma- tener que recabar los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Si reúnen los apoyos de otras fuerzas parlamentarias hasta llegar a la mayoría absoluta (176 diputados) de la Cámara Baja, algo que parece ya tendrían asegurado, sacarían adelante las modificaciones en la ley con las que pretenden que no sean necesarios 3/5 de las cámaras para elegir a los vocales judiciales, sino una mayoría absoluta.

Las asociaciones judiciales consideran que este sistema de elección es, directamente, antidemocrático. «No sólo no se ha atendido a la petición de que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales para que los políticos tengan menos influencia o participación en el proceso, sino que se politiza aún más la elección, consiguiendo que sea la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno quien elige a los miembros del Poder Judicial. Es como establecer un puente directo entre el palacio de Moncloa y Marqués de la Ensenada (la calle donde se sitúa el CGPJ)», afirma con evidente decepción Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en conversación con El Independiente.

Fernández Vaquero no descarta acudir al Consejo de Europa y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la reforma sale adelante porque afirma que es un «paso muy negativo y peligroso» para nuestro Estado de Derecho. «Entiendo que ahora mismo a un ciudadano no le parezca tan importante cómo se elija a los representantes del Poder Judicial, pero sí que lo es», lamenta.

La portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, también recuerda en conversación con este diario que el Consejo de Europa, a través de los informes GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha alertado ya de que el sistema actual de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no es el deseable en un sistema democrático por la intervención de los políticos. «Si encima rebajamos la mayoría parlamentaria para la elección, la situación es aún más antidemocrática», afirma del Barco.

Precisamente el presidente de la APM, Manuel Almenar, también ha afirmado en declaraciones a Europa Press que se trata de una una modificación «abiertamente inconstitucional» porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija mayorías cualificadas necesarias en Cortes.

Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) también ha considerado que la propuesta de PSOE y Podemos supone «una lamentable nueva vuelta de tuerca a la politización de la Justicia. Ése no es el camino y lo dicen todas las instituciones europeas Necesitamos una Justicia independiente y con medios para cumplir su función. Basta ya de mercadear con nuestra Justicia por intereses partidistas», han publicado en su cuenta pública de Twitter.