El director y los altos cargos de la Oficina Antifraude de Cataluña llevan casi una década cobrando trienios y un complemento de calidad que no les corresponden, y que habrían supuesto ingresos extras de hasta 300.000 euros para el polémico ex director de la OAC, Daniel de Alfonso, implicado en las escuchas al ex ministro Jorge Fernández. El actual director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, conserva parte de esos cobros, según señala el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, el tribunal de cuentas catalán, que concluye que «los conceptos retributivos de las tablas salariales de la OAC no se ajustan a la normativa vigente».

La clave de esos ingresos irregulares está en dos conceptos introducidos por Alfonso: el «complemento de calidad» y la aplicación de los trienios para funcionarios del Parlament a los altos cargos. Todo ello en un organismo con sueldos por encima de los 100.000 euros para sus altos cargos y una estructura de costes salariales que suman 3,9 millones de euros anuales para una plantilla de 47 personas según el balance de 2018.

Cargador Cargando…
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Según el informe, el director de la Oficina, Miguel Ángel Gimeno, en el cargo desde 2016 y «en situación de servicios especiales en la carrera judicial», y los altos cargos del organismo, «en situación de servicios especiales como funcionarios» de la Generalitat, «tienen derecho a percibir los trienios que corresponden a los cuerpos de funcionarios a los que pertenecen».

Trienios injustificados

No tienen derecho, en cambio, a percibir los trienios establecidos en los Estatutos del Régimen y el Gobierno Interiores del Parlament, que se aplican al personal al servicio de la Oficina Antifraude, pero no a sus altos cargos, subraya el informe. Sin embargo, «durante los ejercicios 2010-2018, los altos cargos de la Oficina Antifraude de Cataluña -director, director adjunto y directores funcionales- percibieron los trienios como el personal al servicio» de este organismo, denuncia la Sindicatura.

La OAC pagó por este concepto 232.603 euros extras a sus altos cargos, de los que 207.363 euros corresponden a De Alfonso durante sus cuatro años al frente de la Oficina y 7.371 a Gimeno en sus dos primeros años de mandato.

Además, en ese periodo se calcularon los trienios en base a la suma de los correspondientes a la OAC y los generados por otras administraciones, puesto que sus altos cargos proceden de la administración de justicia o de la Generalitat.

Tras la primera denuncia en este sentido de la Sindicatura, Gimeno «inició el procedimiento de revisión de oficio de 18 expedientes de personal funcionario» y, en junio de 2018, «adoptó la medida cautelar de suspensión del pago del exceso indebido en concepto de trienios retribuido a los afectados», dice el informe.

«Complemento de calidad»

Mención aparte merece el «complemento de calidad» creado por De Alfonso para gratificar de forma extraordinario a su equipo de confianza. Una figura que no tiene sustento legal en el reglamento de la propia Oficina Antifraude. Como no estaba previsto ningún complemento de productividad, con «una resolución del director convirtió este complemento en un complemento retributivo propio, llamado complemento de calidad», por lo que «las resoluciones dictadas por el director en el periodo 2010-2018 no se ajustan a derecho».

En un informe previo, la Sindicatura ya señaló que el anterior director -hasta 2016- de la OAC, Daniel de Alfonso, cobró casi 70.000 euros en trienios y complementos indebidamente percibidos. En este nuevo informe, la Sindicatura reitera que entre 2010 y 2016 el director, el director adjunto y los directores funcionales «cobraron el complemento de calidad, sin tener derecho a cobrarlo».

En total, la Oficina pagó hasta 2018 casi dos millones (1.895.404 euros) en concepto de «complemento de calidad» a sus trabajadores, de los que 314.546 euros fueron a parar a los cinco altos cargos de la OAC, incluido su director. Entre 2017 y 2018 las resoluciones de Gimeno ya les «excluían» de percibir este complemento.

Por otra parte, el informe alerta de que en la revisión de los expedientes de contratación menor del ejercicio 2018 se ha detectado «un fraccionamiento indebido», que incumple la ley de contratos del sector público.

Se trata del contrato de mantenimiento del edificio, de 10.105 euros por semestre: en la fiscalización de los gastos se han localizado facturas adicionales de mantenimiento del mismo proveedor por 21.984 euros, con un importe total -42.194 euros-, que «supera el importe de la contratación menor» regulado por ley.