La marcha del magistrado José de la Mata a La Haya (Holanda) abre la puerta a la juez que inició la investigación del caso ERE, Mercedes Alaya, para ocupar una plaza como instructora en la Audiencia Nacional. De optar a la vacante, como parece probable, el puesto será suyo al no tener nadie por delante en el escalafón en su jurisdicción (penal) y ser la antigüedad el criterio que prevalece en la cobertura.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes el nombramiento del juez gaditano como representante de España en Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. De la Mata deja el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, donde ha servido desde que en la primavera de 2015 sustituyó a Pablo Ruz.

En el entorno de Mercedes Alaya se da por seguro que ésta optará a la plaza, tras quedarse a las puertas cuando salió a concurso la última vacante de instructor en la Audiencia Nacional. De pujar por el puesto, pondría fin a cinco años y medio en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y daría un salto en su carrera profesional a sus 57 años.

El 3 diciembre de 2018, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adjudicó al magistrado José Luis Calama el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, que había quedado libre tras pasar Fernando Andreu a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Calama estaba tan sólo dos puestos por delante de Alaya en el escalafón general de la carrera judicial.

Calama y Alaya pertenecen a la misma promoción, fueron nombrados jueces el mismo día (14 de octubre de 1988) y alcanzaron la categoría de magistrado también en la misma fecha (25 de enero de 1990). El primero consiguió en su momento la decimocuarta mejor nota en el curso de formación selectiva en el Centro de Estudios Judiciales y la segunda la decimosexta, lo que sitúa a Calama dos posiciones por delante.

El criterio de la antigüedad

Según se detalla en las bases que regulan las convocatorias del CGPJ para cubrir estas vacantes, se adjudican a quienes "hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante ocho años dentro de los 12 años inmediatamente anteriores a la fecha de convocatoria", requisito que cumple sobradamente Mercedes Alaya al llevar más de tres décadas ejerciendo de forma ininterrumpida en dicha jurisdicción. "En defecto de este criterio, en favor de quien ostente mejor puesto en el escalafón", prevén las bases.

En el último escalafón de la carrera judicial publicado por el CGPJ en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha de 24 de abril de 2018, Alaya ocupa la posición 896. Ocurre que el juez que figura entre Calama y ella -José Moreno Hellín, titular del Juzgado de Primera Instancia 6 de Murcia- no reúne el requisito principal para optar eventualmente a una plaza de magistrado de instrucción en la Audiencia Nacional, dado que pertenece al orden civil y no al penal.

De optar a la vacante que deja José de la Mata, la magistrada sevillana se encargaría de terminar la investigación de varias causas de gran repercusión mediática, como ya vivió cuando estaba en Instrucción 6 de Sevilla. Uno de ellos es el de los Papeles de Bárcenas, pieza separada del caso Gürtel centrada en la presunta financiación irregular del PP. Otro de los procedimientos relevantes es el caso del 3 %, sobre la financiación de la antigua Convèrgencia.

Alaya se quedó en puertas hace dos años, cuando se llevó la plaza el magistrado que está dos puestos por delante de ella en el escalafón judicial

Se da la circunstancia de que el Juzgado Central 5 es el que se ha encargado de investigar en los últimos años el caso Enredadera, procedimiento en el que se ha investigado el pago de mordidas a funcionarios de diversas administraciones públicas a cambio de adjudicaciones de contratos y que Alaya inició cuando se encontraba en su anterior destino. Se inhibió al afectar a varias provincias.

A mediados de junio de 2015, la magistrada dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para ocupar plaza en la Audiencia de Sevilla, bajo la promesa de que se le concedería una comisión de servicio para volver al órgano del que había sido titular durante los 17 años anteriores para completar las instrucciones relativas a Mercasevilla y el caso ERE.

El 25 de junio de 2015, el CGPJ acordó conceder a Alaya una de las dos comisiones de servicio que integraban el plan de refuerzo que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces había acordado para el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Pero su vuelta nunca se concretó.

"Burdo engaño"

El 13 de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió por unanimidad revocar la citada comisión de servicio inicialmente asignada a Alaya y que el refuerzo se limitara exclusivamente al magistrado Álvaro Martín, que había ejercido con ella como juez de refuerzo.

La marcha atrás se produjo después de que la juez sevillana enviara un duro escrito a la CGPJ cuestionando la preparación y la imparcialidad de María Núñez Bolaños, su sucesora como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Mercedes Alaya mostraba su "gran inquietud" por los "escasos conocimientos» que la persona que iba a continuar su trabajo tenía de la jurisdicción penal "por su veteranía como juez de familia", al tiempo que llamaba la atención sobre la amistad que su sucesora tenía con el entonces consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera.

Tres años después, en una entrevista concedida a Abc de Sevilla, la magistrada que inició el caso ERE denunció el "burdo engaño" que dijo haber sufrido para apartarla definitivamente de la instrucción de la causas sobre corrupción que la convirtió en una de las jueces más mediáticas del país.