Política

Los errores de Alaya

La juez que inició el 'caso ERE' culpa a PP y PSOE de urdir un plan para apartarla como instructora de las macrocausas pero fue ella, confiando en una mera promesa verbal, la que facilitó el relevo al optar por una plaza en la Audiencia de Sevilla

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Los errores de Alaya
La magistrada Mercedes Alaya, llegando a la Audiencia de Sevilla.

La magistrada Mercedes Alaya, llegando a la Audiencia de Sevilla. EUROPA PRESS

Resumen:

¿Se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE para apartar a la juez Mercedes Alaya como instructora del caso ERE y de otros procedimientos penales de corrupción? Ésta es la versión que, casi tres años después de su salida como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y en pleno desarrollo del juicio en el que se dilucida la legalidad del procedimiento instaurado por la Junta de Andalucía para el pago de prejubilaciones, ha defendido la magistrada sevillana en una entrevista concedida a Abc.

En vísperas de la histórica jornada de huelga a la que están llamados este martes jueces y fiscales, en la que se reivindicarán la despolitización de la Justicia, Alaya ha cuestionado abiertamente el compromiso de los hasta ahora dos principales partidos en su lucha contra la corrupción y ha denunciado las presiones que sufrió en la instrucción del caso que ha sentado en el banquillo de los acusados a los ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos más. Pero ¿qué responsabilidad tiene ella en el hecho de que no haya continuado instruyendo las macrocausas que inició? Éstas son las claves.

¿Quién apartó a Alaya de seguir instruyendo las macrocausas? La única responsable de que Alaya no siga instruyendo hoy el caso ERE, el fraude de los cursos de formación y la causa de los avales concedidos por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -el ente de la Administración autonómica que actuaba como ‘caja pagadora’ de las ayudas a prejubilados y empresas en crisis con cargo al fondo de reptiles– es la propia Alaya. Fue ella la que solicitó una plaza en una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla y la que fió a una promesa verbal su continuidad al frente de esas investigaciones en comisión de servicio tras obtener la nueva plaza en un órgano jurisdiccional superior. Titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde 1998, nadie habría podido removerla del juzgado, y en consecuencia de la instrucción de estas macrocausas, de no haber planteado ella su salida. «[De haberlo sabido] No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil], con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado», ha revelado ahora.

Una comisión de servicio… concedida y revocada. El 25 de junio de 2015, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó conceder a Alaya una de las dos comisiones de servicio que integraban el plan de refuerzo que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces había acordado para el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un mes antes dada la carga de trabajo que presentaba y la necesidad de agilizar estas complejas investigaciones con centenares de imputados y miles de folios de sumario. La juez llevaba 10 días ya en su plaza de la Sección Séptima de la Audiencia sevillana a la espera de retornar al juzgado del que había sido titular en comisión de servicio para completar las instrucciones relativas a Mercasevilla y el caso ERE cuando el CGPJ ya había adoptado la decisión de que ella ocupara una de las dos plazas ofertadas, dada su antigüedad en el escalafón y su pertenencia al orden jurisdiccional penal. Pero su vuelta nunca se concretó. El 13 de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió por unanimidad revocar la citada comisión de servicio inicialmente asignada a Alaya y que el refuerzo se limitara exclusivamente al magistrado Álvaro Martín, que había ejercido con ella como juez de refuerzo. «Yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir», explica. Y añade: «¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos». La ‘traición’ se había consumado. Si su prioridad era rematar el trabajo que había puesto contra las cuerdas al gobierno socialista de la Junta por encima de su propia promoción profesional, ¿pecó de ingenua al confiar en una promesa verbal? ¿Realmente PP y PSOE se pusieron de acuerdo en un plan taimado para minimizar daños mutuamente en los grandes casos de corrupción que afectaban a los dos grandes partidos?

Alaya se quedó sin defensa tras la dura carta que envió al CGPJ en junio de 2015 cuestionando la preparación y la imparcialidad de su sucesora, Núñez Bolaños

La carta contra su sucesora, decisiva. Entre la asignación inicial de la comisión de servicio y la revocación de dicha plaza de refuerzo se produjo un hecho decisivo. El 25 de junio de 2015, Mercedes Alaya envió un duro escrito de ocho páginas a la CGPJ cuestionando la preparación y la imparcialidad de María Núñez Bolaños, su sucesora como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La magistrada mostraba su «gran inquietud» por los «escasos conocimientos» que la persona que iba a continuar su trabajo tenía de la jurisdicción penal «por su veteranía como juez de familia». Alaya tampoco pasaba por alto la amistad de su sucesora con el entonces consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera: «Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora». El TSJA entendió «totalmente fuera de lugar» las observaciones formuladas por Alaya y planteó al CGPJ la conveniencia de valorar nuevamente si la juez era la mejor opción para ocupar una de las plazas en comisión de servicio dada su «evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular» del juzgado.

La importancia de los cursos de formación. «El PSOE y el PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación», ha sentenciado la juez. Los hechos no se compadecen con esa afirmación. Los populares siguen ejerciendo la acusación popular en este procedimiento, lo que ha permitido conocer -por ejemplo- que un directivo de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) utilizó la tarjeta de crédito de este organismo público en un club de alterne y días después retrocedió el pago. Las declaraciones de Alaya han irritado en el seno del PP andaluz, partido que desde hace siete años mantiene una posición incisiva como parte personada en los ERE y la formación. De confirmarse la tendencia que apuntan las encuestas, de parte de ese trabajo se beneficiará… Ciudadanos.

¿Sufrió presiones políticas? Durante la instrucción del caso ERE, el CGPJ salió al menos en tres ocasiones en defensa de la juez Mercedes Alaya a raíz de manifestaciones realizadas por destacados socialistas o altos cargos de la Junta de Andalucía. En noviembre de 2011, el órgano de gobierno de los jueces emitió una nota en la que salía al paso de las declaraciones del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que aireó una supuesta «fuerte» relación entre la magistrada y Juan Ignacio Zoido, juez en excedencia y hoy ministro del Interior. En jlio de 2013, la Comisión Permanente del CGPJ adoptó por unanimidad un acuerdo en el que reiteraba «respeto» para las actuaciones judiciales, después de que el ex consejero Emilio de Llera acusara a la instructora de falta de imparcialidad y profesionalidad. Y, en septiembre de ese mismo año, volvió a mostrar su apoyo a la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla después de que el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, calificara de «muy grave» lo que estaba ocurriendo en la instrucción de la causa de las falsas prejubilaciones por utilizar Alaya expresiones «ofensivas» contra los imputados en sus comparecencias y negarse a grabar las declaraciones. También Susana Díaz, en su etapa de consejera de Presidencia y número dos del PSOE-A, llegó a criticar la «instrucción inquisitorial» que llevaban a cabo la juez y la UCO. El PP ya ha registrado una petición para que el Gobierno andaluz comparezca en el pleno del Parlamento de Andalucía a fin de que informe sobre las presuntas presiones ejercidas sobre la instructora.

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