El Ministerio del Interior ha instado a los directores y subdirectores de los centros penitenciarios a que revisen "la situación de todos y cada uno de los internos e internas con conductas y factores de riesgo suicida" antes de que comiencen las fiestas navideñas. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska concibe como indicios a tener en cuenta las tentativas previas de los presos de quitarse la vida previamente, haber participado o participar en este momento en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS), pero también, según refleja en un documento al que ha tenido acceso El Independiente, la falta de apoyo familiar o encontrarse en una situación de limitación regimental.

Los encargados de las cárceles deberán apoyarse para este cometido en las directrices establecidas en el Programa Marco de Prevención de Suicidios, que incluye entre las situaciones de mayor riesgo el régimen de aislamiento del recluso; la repercusión mediática de su ingreso, ya que puede desencadenar la estigmatización del interno; los cambios en su pena, así como su próxima excarcelación; y el abuso crónico del alcohol u otras sustancias similares.

"Conscientes de que las fechas navideñas que se aproximan son especialmente difíciles para la población reclusa y, en especial, para quienes presentan conductas de riesgo", Interior ve "absolutamente necesario" intensificar los cacheos integrales a aquellas personas que hayan participado en un 'vis a vis', si existen antecedentes o sospechas previas de que hayan traficado o consumido drogas. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) reclama al respecto que tanto el ministro Marlaska como el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, "nos pedían decoro y ligero desorden en los cacheos; ahora piden que los intensifiquemos, así como los registros y requisas".

Además, el Ministerio hace hincapié en organizar el reparto de medicamentos para que el personal de la prisión se cerciore de que la cantidad de fármacos que consumen los reclusos "sea la menor posible". Los profesionales sanitarios y los de seguridad realizarán a su vez una planificación para el control de dicha medicación, con el objetivo de evitar que se haga un uso indebido de estas sustancias.

Chequeo minucioso de la seguridad tras la fuga de Valdemoro

El documento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias fue enviado el 14 de diciembre, tan sólo ocho días después de que se produjese la fuga de El Piojo y su hermano de la cárcel de Valdemoro. Interior ha incidido en la importancia de realizar chequeos "minuciosos y pormenorizados" de los medios activos y pasivos de seguridad con los que cuentan los centros penitenciarios, entre los que se incluyen muros, vayas, barrotes -como el que fue serrado por los dos internos para escapar de la prisión-, videosensores o sistemas de grabación. La responsabilidad de la revisión de estos elementos recaerá directamente en los subdirectores de Seguridad.

Pero el personal penitenciario no sólo tendrá que prestar especial atención a lo que ocurre dentro del recinto, sino también a lo que llega de fuera. Los subdirectores de Seguridad y los jefes de Servicios deberán inspeccionar los patios de manera exhaustiva y a diario antes de su apertura, para evitar que se introduzcan en el centro "sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos", mediante lanzamientos desde el exterior o transportados a través de drones. Los funcionarios comprobarán que las dependencias comunes, tales como patios, salas de televisión y comedores, se encuentran en "perfecto estado" antes de que accedan los reclusos y después de que éstos vuelvan a las celdas.

"Al menos dos veces por semana se requisarán todas y cada una de las dependencias del centro, y diariamente aquellas que se considere necesario en función de los internos que albergan o por ser puntos más vulnerables", recalca el Ministerio en un epígrafe del documento, que se basa en una premisa de la Intrucción 3/2010. El Piojo y su hermano habrían utilizado una llave copiada o un artilugio fabricado por ellos mismos para entrar al almacén, desde donde iniciaron su fuga. Por ello, previsiblemente, Interior insiste en que sean los funcionarios los que conserven "en su poder" las llaves y que procedan, sólo ellos, a la apertura y cierre de puertas.

La APFP manifiesta que "la precariedad laboral en la que nos encontramos y las carencias que padecemos" dificultan la ejecución de las labores de "custodia y reinserción que tenemos encomendadas". "Solicitamos que nos doten del carácter de agente de la autoridad", ya que afirman que es "el colectivo de trabajadores penitenciarios el más agredido de la Administración General del Estado".