España

Las cárceles españolas cierran el año con el menor número de presos desde 2002

Los centros penitenciarios que gestiona el Ministerio del Interior albergan hoy a 47.696 reclusos, un 37,3 % menos que hace una década / Las reformas del Código Penal, el avance de las penas alternativas y la caída de la criminalidad por la pandemia, claves

Un furgón de la Guardia Civil traslada a presos a la cárcel de Valdemoro, en Madrid.

Un furgón de la Guardia Civil traslada a presos a la cárcel de Valdemoro, en Madrid. EP

Las cárceles españolas cerrarán el año con el menor número de presos desde 2001, consolidándose la tendencia que se viene registrando desde hace una década. Desde 2010, la población reclusa ha descendido en un 35 %, lo que ha llevado al Ministerio del Interior a revisar los planes de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios a las necesidades actuales.

De acuerdo con las últimas estadísticas difundidas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, referidas a la semana del 18 de diciembre, en las prisiones que gestiona el Ministerio del Interior -todas excepto las de Cataluña, comunidad que tiene transferidas estas competencias desde 1984- había 47.696 internos, exactamente 10.821 menos que un año antes.

Desglosados los datos, el 92,5 % eran hombres (44.153), el 84,74 % cumplen condena (40.418) y más de una cuarta parte se encuentran en centros ubicados en Andalucía (13.204). Esta cifra casi duplica la de las cárceles catalanas (7.907), la segunda comunidad con mayor población reclusa seguida de Madrid (6.926), Comunidad Valenciana (6.296), Castilla y León (3.518), Canarias (3.163), Galicia (3.005), Castilla-La Mancha (1.678), Baleares (1.488), País Vasco (1.305) y Aragón (1.174).

El volumen de reclusos viene bajando de forma ininterrumpida desde 2010, un año después de que se alcanzara el pico con 76.079 internos. Para encontrar un ejercicio con menos presos de los que hay ahora habría que remontarse hasta diciembre de 2001, cuando se contabilizaban 46.577. Entonces la población española sumaba 41 millones de habitantes, casi 6,3 millones menos de la que se registra actualmente (47,32 millones).

El director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Miguel Ángel Vicente, considera que hay dos hechos «muy significativos» que explican este descenso paulatino de reclusos. De un lado, las reformas operadas en la última década en el Código Penal, que se han traducido en una rebaja sustancial de las penas asociadas a los delitos contra la salud pública.

Las prisiones del Estado albergan en la actualidad un 37,3 % menos de reclusos que hace una década

Así, la modificación que entró en vigor en diciembre de 2010 redujo las condenas para el tipo básico del delito de tráfico de drogas a un máximo de seis años, frente a los nueve que podían imponerse hasta entonces. El recorte también alcanzó a los delitos agravados de tráfico de estupefacientes, que pasó de la horquilla de 9-13 años a la de 6-9.

Miguel Ángel Vicente también justifica el descenso de la población reclusa en el uso «cada vez más generalizado» de las penas alternativas a la prisión. «En la actualidad, tenemos los centros penitenciarios para albergar a las personas que cometen los delitos más graves pero tenemos otro recorrido penal alternativo (trabajos en beneficio de la comunidad, los programas de tratamiento y rehabilitación…) que sirven para evitar la entrada en prisión», recuerda.

Según datos del Ministerio del Interior, el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió el pasado año a 80.935, de los que un 30 % correspondían a delitos contra la seguridad vial (24.487). Otras 10.683 personas eludieron el ingreso en la cárcel realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

La pandemia por el coronavirus, que ha motivado la declaración del estado de alarma dos veces en siete meses y ha obligado a adoptar importantes restricciones de movimientos en el país, ha añadido un tercer factor para explicar la disminución durante el último año de las personas privadas de libertad: la caída de la criminalidad. Durante los nueve primeros meses del año, las infracciones penales ascendieron a 1.312.481, justo 332.436 menos que en el mismo periodo de 2019. En términos relativos, la reducción fue del 20,2 %.

Tendencia de futuro

Vicente elude ser categórico a la hora de pronunciarse respecto a si la tendencia de disminución seguirá manteniéndose en los próximos años, pero se inclina a pensar que se ha alcanzado ya una situación estable. «Jugar a los adivinos es difícil, pero sí parece que hay dos realidades importantes. Una es que el ámbito penal alternativo cada vez va a tener más pujanza en el repertorio de penas que se imponen ante la comisión de un hecho delictivo, en consonancia con la situación existente en el contexto europeo. Probablemente, el número de personas que sí entra en la cárcel tiende a estabilizarse en el número que tenemos ahora, entre 47.000 y 48.000 personas», expone.

La disminución de la población reclusa ha obligado a acompasar los Planes de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP) a esta nueva realidad, al no existir la necesidad de ampliar las plazas ya existentes. Éstas suman unas 70.000 en las 68 cárceles que gestiona Interior, de las que se desgajarán las tres del País Vasco cuando el próximo mes de marzo se materialice la cesión de las transferencias.

El Plan de infraestructuras para la seguridad del Estado 2019-2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019, reserva una parte de la inversión a la ampliación, modernización y reforma de instalaciones penitenciarias. En concreto, está previsto el remozamiento de 54 prisiones y 11 Centros de Inserción Social (CIS), se construirán tres nuevas unidades de custodia hospitalaria y se impulsará la construcción de la cárcel donostiarra de Zubieta (centro penitenciario Norte III), que ocupará parte de la vieja prisión de Martutene (levantada en 1948).

Según anunció el ministro Grande-Marlaska el pasado 11 de diciembre en San Sebastián, se prevé que el nuevo centro esté operativo en la primavera de 2023. La construcción durará 22 meses y la inversión prevista alcanza los 41 millones de euros. La futura cárcel de San Sebastián contará con 234 celdas dobles distribuidas en seis módulos, uno de ellos para mujeres.

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