La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra los responsables de poner en marcha el proyecto de construcción del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) incurriendo, según el Ministerio Público, en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el escrito con el que el Ministerio Público solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrir juicio contra seis personas, pide ocho años de prisión para el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada y seis años de prisión para el director de Seguridad del proyecto, el inspector de Policía Andrés Gómez Gordo que más tarde fue asesor de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha y está investigado en la pieza Kitchen del caso Villarejo. Precisamente Gómez Gordo fue el enlace entre el comisario en prisión preventiva y el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para convencer a este último de que participara en el dispositivo de espionaje al ex tesorero del Partido Popular cobrando 2.000 euros al mes de los fondos reservados del Estado por su trabajo, que la investigación de la Audiencia Nacional trata de despejar si encargó el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el caso de la denominada Ciudad de la Justicia de Madrid, -que proyectaba la construcción de una serie de edificios alejados de la capital para albergar sedes judiciales de la Comunidad- la Fiscalía considera que «los acusados concertaron contrataciones de CJM con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución. De este modo se
produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo».

El Ministerio Fiscal pide juzgar a todos los técnicos que participaron en la mesa de contratación del proyecto aún inacabado bajo la supervisión del presidente y consejero delegado de CJM, Alfredo Prada. Así, solicita para Prada las penas de ocho años de prisión, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Para Félix García
de Castro (letrado asesor); Alicio de las Heras Rodríguez (director del Área Financiera); Isabelino Baños Fernández (director general técnico); Mariano Sanz Piñar (subdirector téncnico) y Andrés Gómez Gordo (director de Seguridad), las penas de seis años de prisión, diez años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.

Los números del proyecto

En el escrito de la Fiscalía se describe que la previsión monetaria de ingreso por venta de inmuebles judiciales del proyecto era en torno a 200 millones de euros. «Sin embargo, solo dos operaciones llegaron a realizarse, a saber: la venta del inmueble ubicado en la calle Fernández de la Hoz número 35 de Madrid, en mayo de 2005 por 13.548.000 € y la venta del inmueble ubicado en la calle Hernani, número 59 de Madrid, en octubre de 2006 por 62.100.000 €».

«El capital con el que se constituyó la sociedad fue 7.350.000 €. En 2006 tuvo una ampliación por 37.289.000 € y pasó a tener de capital social 44.639.000 €, cifra que se mantenía a 31-12-2008. Entre 2005 y diciembre de 2008 la capacidad financiera real de CJM no superaba los 121.657.728 €, pero el total comprometido a través de contratos de CJM en ese mismo periodo fue muy superior. Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid, ascendió a 355.577.355,92 €».

El Ministerio Público repasa cómo hubo gastos de viajes y personal de los que no se pudo justificar la finalidad institucional: «Los gastos de CJM fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional, al no existir documentación soporte de la realización de los desembolsos con cargo al erario público. Tampoco en materia de personal se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación. Junto a las consideraciones específicas respecto a gastos concretos como los anteriormente descritos, se ha acreditado en general la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas», se repasa en el escrito de acusación.