Sentencia del procés

España VIOLENCIA TRAS LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

El director de la Policía, imputado por el operativo que hizo frente a los disturbios en Cataluña

Una juez de Barcelona cita a declarar en marzo como investigados a Pardo Piqueras y al 'número 2' por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores / Cerca de 300 agentes resultaron heridos en el dispositivo desplegado en el otoño de 2019

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en un acto oficial. EP

El director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y su número dos, José Ángel González Jiménez, tendrán que declarar como investigados en el procedimiento en el que se dilucida si cometieron delitos contra la seguridad de los trabajadores por el dispositivo desplegado en octubre de 2019 en Cataluña para repeler los graves disturbios provocados por radicales independentistas tras dictarse la sentencia del procés. Cerca de 300 agentes resultaron heridos, uno de los cuales ha causado ya baja definitiva por incapacidad debido a la gravedad de las lesiones.

En una providencia fechada el pasado 4 de enero, adelantada por Okdiario y a la que ha tenido acceso este diario, el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona cita a Pardo Piqueras y a José Ángel González a comparecer acompañados de abogados el próximo 9 de marzo para tomarles declaración tras la querella interpuesta hace un año por Justicia Policial (Jupol). Ésta es actualmente la organización sindical mayoritaria en el Cuerpo.

La citación se produce dos meses después de que la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona estimara el recurso del sindicato y obligara a investigar los hechos a la juez Pilar Rovira, que el pasado 9 de marzo había acordado inadmitir a trámite la querella por no apreciar indicios de delito.

Jupol acudía a los tribunales al entender que los dos máximos responsables de la Policía Nacional habían puesto en riesgo la seguridad de los agentes desplegados en Cataluña en octubre de 2019 por no asignar refuerzos para hacer frente a la turba, no proporcionar suficiente material antidisturbios o no autorizar el empleo de otros medios para repeler los ataques de los violentos, caso del camión lanza-agua. El vehículo se desplazó desde Madrid a Barcelona, pero no llegó a utilizarse y permaneció en todo momento en las instalaciones policiales de la Zona Franca.

Ese planteamiento no fue acogido inicialmente por el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, al considerar que los indicios aportados por el sindicato para sustentar la querella se basaban en meras noticias y opiniones críticas con el diseño del operativo. La Audiencia de Barcelona ordena ahora que se investiguen los hechos.

Jupol cree que la cúpula de la Policía puso en riesgo a los agentes por no proporcionar los medios humanos y materiales suficientes

«Este tribunal no puede pasar por alto que desde la planificación general hasta las comunicaciones de urgencia cursadas durante la enorme violencia desplegada contra las dotaciones policiales impulsadas por un desbocado animus hostilis perfectamente perceptible son elementos que no se encuentran al alcance de la representación querellante (de ahí que sea interesada en la querella una importante aportación documental de la Dirección General de la Policía que apriorísticamente puede resultar de indudable interés) lo que determina, en suma, la estimación del recurso», han razonado los magistrados de la Sección Octava.

El DAO ya se ha personado en las actuaciones a través del bufete Fuster-Fabra, mientras que la juez ha ordenado que se expida un exhorto a los juzgados de Madrid para que le notifiquen a Pardo Piqueras el auto por el que ha admitido a trámite la querella a la vista de su «incomparecencia» y designe abogado. La magistrada también está pendiente de resolver si acepta como acusación particular en el caso a un agente que resultó herido el 18 de octubre de 2019, quien deberá acreditar su condición de funcionario del Cuerpo Nacional y las lesiones sufridas.

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