La Audiencia Provincial de A Coruña ha declarado que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado tras el recurso presentado por los herederos de Franco, si bien les ha reconocido su derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del dictador, para conservar el edificio.

La sección tercera de la Audiencia Provincial ratifica que Meirás es propiedad pública, como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado septiembre, y en sentencia que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco condena a los herederos a desalojar esas propiedades "dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios".

No obstante, los jueces descartan "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".