Decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra han entrado esta mañana en el rectorado de la Universidad de Lérida y han detenido al rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Un fuerte dispositivo policial, formado por decenas de agentes de los Mossos y una veintena de furgonetas de la Brigada Móvil, se ha desplegado desde las 6.30 horas de este martes en las inmediaciones del rectorado para proceder a la detención de Hasel, cuyo plazo para ingresar voluntariamente en prisión finalizó el pasado viernes.

Hasel se encerró este lunes en el edificio del rectorado de la Universidad de Lérida «para ponérselo a la Policía lo más difícil posible» ante su inminente detención y con el objetivo, según declaró a Efe, de visibilizar lo que considera como un «gravísimo ataque» contra las libertades.

La policía, no obstante, ha podido sortear con facilidad las barricadas que habían situado en las entradas del edificio el medio centenar de activistas encerrados junto a Hasel en el rectorado, que han sido arrinconados por los agentes para proceder a la detención del cantante.

Los activistas se han refugiado en la tercera planta del edificio mientras lanzaban algunos objetos a los agentes, aunque finalmente han sido encapsulados por los policías, que han procedido a su identificación.

En el interior del edificio se encontraban también numerosos periodistas y reporteros gráficos que han pasado la noche junto a los activistas y el propio Pablo Hasel. El rapero, finalmente, ha sido detenido sobre las 8.30 horas, sin oponer resistencia física de ningún tipo. «Nunca nos callarán», ha gritado tras ser detenido el rapero, que será trasladado a prisión para cumplir su condena. Hacia las 9 horas, ha ingresado en la cárcel de Ponent de Lérida.

Este lunes, la Audiencia Nacional volvió a rechazar la suspensión de la ejecución de la condena de nueve meses de cárcel a Hasel, al recordar que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, y en 2018 por allanamiento de local.

«Con este historial delictivo resultaría absolutamente discriminador respecto de otros delincuentes, y también una grave excepción individual en la aplicación de la Ley, totalmente carente de justificación, la suspensión de la ejecución de la pena a este penado», argumenta el tribunal.

Y añade que «las campañas» en su favor «que pudieran haber orquestado algunas personas no pueden determinar la inaplicación de la ley vigente, sino su eventual modificación por el Parlamento».