El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha decidido paralizar los nombramientos de la cúpula judicial a la vista de la inminencia de un pacto entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Lesmes ha decidido dejar fuera del orden del día del Pleno del próximo jueves los nombramientos en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia que estaban previstos, según informan fuentes del Consejo a El Independiente. Así lo habían pedido parte de los vocales en coherencia, consideran, con las decisiones previas del CGPJ, que en las dos ocasiones anteriores en que ese acuerdo estuvo cerca congeló las designaciones.

Ocho vocales piden mantenerlos

Después de la decisión de Lesmes, ocho vocales le han enviado un escrito en el que piden mantener los nombramientos en la agenda y sea el Pleno, es decir, los veinte vocales más el presidente, quienes decidan si se retiran o no en base a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ.

El CGPJ ya está escarmentado con los acercamientos entre los dos partidos que han fracasado con anterioridad. Mientras se generaba un nuevo rifi-rafe entre el partido del Gobierno y el PP después de que el secretario general de dicho partido, Teodoro García Egea, haya sacado pecho al considerar que el PSOE había aceptado dejar fuera de la negociación a Podemos, ocho vocales han insistido en que los nombramientos continúen en el orden del día del Pleno que se celebrará este jueves.

Quienes firman el escrito dirigido a Lesmes, con el que obligan a que sean todos los vocales quienes voten la decisión y no parta únicamente del presidente, son José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Roser Bach, María Victoria Cinto, Vicente Guilarte y María Ángeles Carmona. De esta manera continúan ejerciendo presión sobre los partidos, principalmente sobre el partido del Gobierno que es contrario a que los nombramientos sigan realizándose -ha registrado una propuesta en el Congreso junto con Podemos para impedir que se hagan mientras el CGPJ esté en funciones- para que lleguen por fin al acuerdo de renovación.

Esta semana será clave para que el partido del Gobierno y el Partido Popular lleguen a un acuerdo de renovación del CGPJ, que lleva en funciones dos años y casi tres meses. Como publicó este diario el pasado viernes, los contactos se llevan ya directamente en Moncloa y Génova entre dos interlocutores muy próximos a las presidencias del Gobierno y del PP.

Sólo faltarían los últimos flecos para cerrar un acuerdo cuyos términos se fijaron en agosto: un reparto de la propuesta de vocales al 50%. Es decir, 10 vocales propuestos por el PSOE (donde propondría a dos vocales que contentasen a su socio Podemos) y otros 10 vocales propuestos por el PP. El partido del Gobierno pondría sobre la mesa el nombre del presidente del órgano que eligen los 20 vocales.

Ante la inminencia de ese acuerdo que no se ciñe sólo al CGPJ -sino que los dos partidos mayoritarios de las Cámaras también quieren sacar adelante la renovación del consejo de RTVE, el tercio del Tribunal Constitucional que debe renovarse y el Defensor del Pueblo- Lesmes ha dejado fuera del Pleno del próximo jueves los nombramientos discrecionales previstos, tres plazas de magistrado en las Salas Civil y Social del Tribunal Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco y Canarias.

Se debatirá la Ley de Libertad Sexual

Lo que el presidente del CGPJ no ha sacado del orden del día es el estudio de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El texto de la propuesta de informe a dicho anteproyecto que se debatirá se asignó a los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda. El resto de vocales lo recibieron el pasado 5 de febrero para que hicieran sus observaciones.

La propuesta de los vocales considera, según informó el CGPJ, que «la definición del consentimiento que introduce el anteproyecto puede comportar una inversión de la carga de la prueba y no logrará evitar la victimización secundaria». Los ponentes dicen que «la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual podría tener un efecto de desprotección de la víctima al resultar irrelevante el empleo de un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor».