El sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha han advertido este viernes de que el rey Juan Carlos I podría librarse de sus posibles responsabilidades penales y tributarias debido a la "lentitud" de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía del Tribunal Supremo. En un comunicado, Gestha señala que la segunda regularización tributaria presentada por el rey emérito

Según ha comunicado su abogado, ha presentado una declaración "sin requerimiento previo" por valor de 4.395.901,96 euros para saldar la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el dinero del que se benefició de la fundación Zagatka para el pago de vuelos privados- elevaría a más de 7 millones de euros las ganancias patrimoniales no justificadas de Juan Carlos I, de acuerdo a lo declarado hasta ahora.

Esta regularización, al igual que la primera, se realiza antes de recibir notificación formal de investigación, por lo que "la ley tributaria vigente respalda que el monarca emérito ya no habría cometido ninguno de los presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública" que se están investigando.

Gestha detalla que es posible presentar varias declaraciones fuera de plazo para regularizar la situación tributaria si se refieren a distintos impuestos o años no prescritos, que ahora serán analizadas para garantizar que la información es "veraz y completa".

En caso de que se demostrara que la regularización no es veraz y completa, el importe abonado se consideraría pagado a cuenta de futuras responsabilidades penales y tributarias.

En esta ocasión, los técnicos de Hacienda tienen "dudas" de que los hechos regularizados, por lo que instan a la Agencia Tributaria a abrir una investigación "como haría con cualquier contribuyente" para evitar incurrir en "dejación de funciones", según recoge Efe.

Una regularización tributaria consiste en la presentación de una declaración de cualquier impuesto extemporánea (fuera de plazo) siempre que no se haya recibido previamente un requerimiento ni de la administración tributaria ni de la justicia.

Para que la situación se considere regularizada es necesario reconocer el error cometido y abonar la deuda tributaria, unos requisitos que si se cumplen impiden que el contribuyente pueda ser sancionado o juzgado por ese delito fiscal.

En una regularización hay que abonar tanto las cantidades que no se pagaron en plazo como un recargo, que aumenta a medida que lo hace el retraso con respecto al fin del plazo: 5% en los tres meses siguientes, 10% en los seis meses siguientes y 15% en los doce meses siguientes. Si la declaración se presenta más de un año después del fin de plazo, el recargo es del 20% e incluye intereses de demora.

Una vez presentada la regularización, la administración tributaria o la justicia pueden investigar al contribuyente si tienen indicios de que la declaración no está completa, pero no se pueden perseguir irregularidades relacionadas con la deuda tributaria reconocida y satisfecha.