Este lunes, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, rompía el manto de silencio impuesto por la negociación del futuro gobierno catalán y señalaba directamente a la CUP y a su organización juvenil, Arran, como instigadores de los violentos disturbios vividos en Cataluña desde la detención del rapero Pablo Hasél. Una acusación sonoramente contestada desde Arran a las puertas del Departamento de Interior.

Preguntado por el papel de la CUP en las protestas, el conseller respondía que acababa de «identificar a un actor» y señalaba junto a los independentistas a grupos de «comunismo combativo y «anarquismo de forma muy violenta», a los que se habían sumado un «gran número de delincuentes comunes que se suman a una situación de desgobierno para delitos puramente patrimoniales».

Sàmper reconocía así lo que en ámbitos policiales es un clamor, la participación activa de Arran en casi todas las protestas con derivadas violentas de los últimos dos años. Una constante que de hecho está en el origen de la formación, pero que durante los años álgidos del procés desapareció de las calles catalanas. Hasta 2017.

Manifestaciones pacíficas

Eran los tiempos en que las calles eran de Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de las manifestaciones multitudinarias y las cadenas humanas que permitían presentar al independentismo como un movimiento pacifista capaz de convocar «las mayores movilizaciones de Europa». Era cierto. Cada convocatoria se resolvía «sin dejar un papel en el suelo», recuerda una fuente en los Mossos. No siempre fue así.

Nacida en verano de 2012 de la fusión de Maulets y Cajei, Arran alcanzó su punto álgido de «popularidad» con los violentos incidentes que siguieron a la desocupación del edificio Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona. Dos semanas de violencia contra la policía y las entidades bancarias como objetivos prioritarios.

También los medios de comunicación. Una unidad móvil de TV3 acabó ardiendo totalmente a manos de los okupas. Y la excavadoras utilizadas para el intento de demolición del edificio, igualmente incendiadas.

Arran derrota a Trias

Tras una semana de violentos disturbios, el Ayuntamiento de Xavier Trias se avenía no sólo a ceder de nuevo el edificio propiedad de TMB a los okupas, sino que se ofrecía a reconstruir la parte derribada en el único día que pudieron trabajar los operarios. Fue la oferta del entonces primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, a los okupas, para detener la violencia, que pese a todo siguió durante algunos días más.

Arran se asociaba entonces al movimiento okupa y su vertiente antisistema estaba muy por delante de la reivindicación independentista, un factor más de la impugnación al sistema. Can Vies sigue siendo, siete años después, un casal okupa patrocinado ahora por la alcaldesa Ada Colau. Y un referente de la «lucha en la calle» de los antisistema.

Consulta del 9N

Meses después, Artur Mas organizaba la consulta independentista del 9N, que supone la incorporación de la CUP al frente independentista «oficial» integrado por CiU y ERC. Los antisistema realizaron su propia campaña a favor de la consulta, a pesar de cuestionar en el último momento que Mas no le diera el carácter de referéndum oficial que el independentismo pretendía.

Tras el intento de toma del Parlament por los activistas del 11M, Artur Mas había conseguido reconducir el descontento por los recortes con la reclamación de la independencia. La incorporación de la CUP al bloque independentista oficial fue el último paso para institucionalizar el movimiento. Fue el fin de Artur Mas. Pero garantizó la «paz social» durante los años posteriores a la crisis.

Fuentes policiales reconocen que en ese periodo cambian las manifestaciones, desaparecen las manifestaciones violentas, ni un papel en el suelo. «Cuando se rompe eso a partir de 17 vuelve la violencia en manifestaciones, ¿casualidad?», apuntan.

Modelo policial

Los enfrentamientos entre mossos y manifestantes habían tenido otro efecto: el caso Ester Quintana, la primera mujer que perdió un ojo por una pelota de goma durante las protestas del 15M llevó a la primera «revisión del modelo policial catalán». Una comisión parlamentaria que concluyó aprobando la prohibición del uso de pelotas de goma e introdujo la mediación también en los operativos de orden público.

Los Mossos no cuestionan esa decisión, pero apuntan que ocho años después de aprobarse la resolución «sólo se ha cumplido la parte que nos afecta a nosotros». El portavoz del sindicato de mandos Sicme, Xavier Carabassa, recuerda que el Parlament se comprometió también a «promover el aislamiento y rechazo de social de la violencia urbana».

Un compromiso incumplido de forma flagrante en todos los incidentes violentos vividos desde 2017. El nacimiento de los CDR, muy ligados a parte de los grupos englobados en la CUP, cambia la estrategia independentista, que olvida el pacifismo de ANC y Òmnium tras el fracaso en la implementación de la declaración de independencia.

Detención de Puigdemont

El primer gran enfrentamiento con la policía se produce en abril de 2018, cuando Carles Puigdemont es detenido en Alemania y miles de independentistas se enfrentan a mossos frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña. Aunque los peores enfrentamientos se producen en otoño de 2019, tras la sentencia del procés.

Interior ya señaló entonces la participación de grupos organizados del anarquismo internacional en la «batalla de Urquinaona». Pero días antes, los mossos ya hablaban de la actuación organizada de los jóvenes que convirtieron el centro de Barcelona en un polvorín, con barricadas de contenedores ardiendo y lanzamientos contra los mossos.

En los disturbios vividos las últimas semanas por la detención de Hasél, tanto la CUP como Arran han reivindicado abiertamente las protestas, negándose a condenar la violencia. El último en hacerlo ha sido el diputado de la CUP en el Congreso, Albert Botran, tras visitar al rapero en la prisión de Lérida.