El PSOE propone que sea Odón Elorza el representante en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, una de las tres vocalías que se encuentran vacantes junto con las que nombran el Senado y la Secretaría de Estado de Función Pública. Elorza es actualmente secretario del área de Transparencia y Democracia Participativa en la comisión ejecutiva federal del PSOE.

La Comisión de Política Territorial y Función Pública se reunirá este jueves al término del pleno y, junto con el debate y votación de proposiciones no de ley, en ella los grupos propondrán nombres para ocupar la citada vocalía en la Comisión de Transparencia y se votarán. Se trata de un órgano de asesoramiento no remunerado de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que, entre otras funciones, se encarga de formular recomendaciones y directrices e informar sobre los proyectos normativos estatales que desarrolla la Ley de Transparencia.

Según ha confirmado El Independiente, el nombre que ha registrado esta formación -el plazo se ha cerrado este martes a las 14 horas- es el de Odón Elorza, diputado por Gipuzkoa desde finales de 2011 y actual miembro de la ejecutiva federal del partido. En su etapa en la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) fue responsable de la comisión de Participación Ciudadana, Derechos Humanos y Gobernanza y ha elaborado distintas proposiciones sobre regeneración, democracia participativa y nuevo modelo de Parlamento Abierto.

Elorza defiende que sea de aplicación también para los Reyes la Ley de Transparencia

En los últimos meses, Elorza viene significándose públicamente por defender que los miembros de la Casa del Real estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Ello requiere una revisión del texto que se aprobó a finales de 2013 y cuya reforma se incluye en el pacto de gobierno suscrito por PSOE y Unidas Podemos.

«Ante la exclusión que hace la ley podemos mirar hacia otro lado por simpatía con la realeza o pensando que no está el horno para bollos. Pero también cabe plantear algo tan natural para un demócrata como estudiar la reforma de los artículos 2 y 25, así como modificar la disposición adicional sexta de la ley para que las reglas de transparencia y buen gobierno se extiendan a los miembros de la familia real, incluido el rey emérito», defendió el parlamentario socialista en una tribuna publicada el pasado mes de julio en el diario Infolibre.

En su artículo 2.1 f), la Ley de Transparencia circunscribe exclusivamente la aplicación de dicha norma a la Casa del Rey en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo, como personal, administración y gestión patrimonial. Pero no ampara las peticiones de acceso a la información pública que buscan conocer los bienes de Felipe VI y su esposa al no estar comprendida esta materia en el ámbito -ni subjetivo ni objetivo- de aplicación de la citada norma.

Pendiente del Senado

Cubierta esta vacante, las Cortes tienen otro vocal por nombrar en este órgano de asesoramiento en materia de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata del representante a propuesta del Senado, sin que de momento se haya puesto fecha a la sesión en la que los grupos podrán proponer a sus candidatos.

Los dos puestos permanecen sin cubrir desde hace casi dos años, después de que la diputada por Zaragoza Pilar Cortés Bureta y la senadora por Gran Canaria María Auxiliadora Pérez Díaz causaran baja el 5 de marzo y el 20 de mayo de 2019 -respectivamente- al no repetir como parlamentarias. Quedaría por ocupar la vocalía cuya designación se reserva el Ministerio de Política Territorial y que en la última etapa ocupó Pablo González de Herrero Fernández, director de la Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Con el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al frente, la Comisión de Transparencia la integran Margarita Mariscal de Gante (a propuesta del Tribunal de Cuentas), José Manuel Sánchez Saudinós (Oficina del Defensor del Pueblo), David Javier Santos Sánchez (Agencia Española de Protección de Datos) y Diego Pérez Martínez, en representación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).