Afiliados de Jupol acusan al líder de "dispendios en viajes y comidas" y piden las cuentas

Afiliados de Justicia Policial (Jupol) acusan al secretario general, José María García, de hacer una "utilización irregular e injustificada" de los fondos del sindicato y exigen poder conocer las cuentas en cumplimiento del compromiso de transparencia que consagran los estatutos de la organización. "Sus dispendios en viajes y comidas no van a ser consentidos", aseguran.

La dirección del sindicato niega cualquier irregularidad, justifica la pertinencia de todos los gastos que se ponen en cuestión y asegura que una auditora externa está revisando desde principios de año las cuentas, cuyos resultados dará a conocer en los próximos meses a la afiliación. "No tenemos nada que ocultar", insisten.

El pasado 12 de febrero, tres afiliados enviaron un escrito por burofax al presidente de Jusapol -plataforma de la que salió este sindicato- y al comité ejecutivo nacional de Jupol en el que reclamaban la memoria de las acciones sindicales desarrolladas durante el pasado año, el plan de actuación para 2021, los extractos bancarios de las cuentas a las que están asociadas las tarjetas que utiliza José María García desde 2019, los contratos firmados por el secretario general en los dos últimos años, los acuerdos por los que se fijaron las dietas y su cuantificación, así como las transferencias realizadas a las secretarías provinciales.

La dirección de Jupol asegura que la auditoría externa ya en marcha acreditará que "no hay gastos superfluos"

"Es un hecho que la secretaría general de Jupol se comporta, ya sin esconderlo, como único referente en todas y cada una de las acciones del sindicato; que no existen iniciativas dialogadas; que sus acciones son propias del enfrentamiento y la búsqueda del desprestigio de grupos o instituciones; que todos los recursos con los que cuenta son 'manejados' por él y se destinan a su 'loa' personal: vídeos, reportajes, entrevistas...; que ha instaurado el temor a disentir en sus directos subordinados y el desafecto de los otros", exponían. En este sentido, aseguran que está "acreditado" que José María García ha utilizado fondos de la organización para "comprar y utilizar cuentas bots, o sin identidad, para silenciar las críticas y quejas de los afiliados".

Justo un mes después, el Comité de Garantías, Derechos y Finanzas dio respuesta a ese escrito en un documento de dos páginas en el que concluye que "no se ha observado ninguna incidencia" que justifique su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas, alegando que "no puede realizar ninguna valoración" al no aportarse ningún indicio que demuestre los hechos relatados. "Si de aquí en adelante obtiene algún medio de prueba que acredite tal hecho nos lo puede hacer llegar inmediatamente para que tomemos las decisiones oportunas", añade.

La contestación del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas está fechada cuatro días después de que los mismos afiliados hubieran pedido formalmente a José María García su "dimisión inmediata" como secretario general de Jupol y la convocatoria de elecciones por su comportamiento "injustificable y carente de la más mínima ética sindical". En su opinión, la forma de actuar del líder está provocando una "gravísima desafección" entre el cuerpo social del sindicato y generando "desilusión y desencanto" desde que "se apropió del sindicato y desplazó el movimiento Jusapol [nacido a finales de 2017 con el objetivo de lograr la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los Mossos y la Ertzaintza] a la radicalidad y el enfrentamiento".

Petición de dimisión

Por todo ello, los críticos defienden que la dimisión de José María García es "una exigencia ineludible" junto con la entrega de las cuentas y la justificación de sus "retribuciones en especie", al tiempo que le instan a proceder a la correspondiente "regularización tributaria" una vez que formalice su renuncia. "En otro caso, no dude de que iniciaremos las acciones para ello", advertían.

Este lunes han vuelto enviar otro escrito por burofax en el que muestran su disconformidad con la "larga cambiada" ofrecida por el Comité de Garantías, Derechos y Finanzas y anuncian que, ante el cambio de estatutos que otorga "todos los poderes" al secretario general e "impide la debida transparencia de las conductas del mismo", interpondrán una demanda en los tribunales "en aras del derecho a la información".

Entre otros documentos, los críticos exigen la auditoría externa que el sindicato está obligado a realizar cada dos años, como se detalla en el punto VI del Código Ético incluido en sus estatutos: "Promover y desarrollar dentro de la organización un portal de transparencia en el que puedan consultar los afiliados o asociados todos los ingresos y gastos de la organización, así como la realización de una auditoría externa cada dos años".

A preguntas de este diario, el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha asegurado que una compañía externa trabaja desde hace "varios meses" en la elaboración de un informe de auditoría y que los resultados se darán a conocer en el momento en que lo reciba la dirección del sindicato. Según Pérez, ese trabajo pondrá de manifiesto que no se ha incurrido en "gastos superfluos", como sostienen los denunciantes.

Gastos de representación

En 2019, el último ejercicio del que han ofrecido datos económicos, los "gastos de desplazamiento y representación" fueron la tercera partida más gravosa del sindicato al suponer el 14,79 % del total (sólo superado por la contratación del seguro de cobertura para sus afiliados y el coste en abogados y asesoría). El sindicato no detalló entonces a cuánto ascendieron sus gastos, tan sólo sus ingresos: 1.322.687,72 euros, cuatro veces más que en 2018 (344.245 euros) al haber empezado a contabilizar las subvenciones que concede el Ministerio del Interior para financiar la actividad sindical y la asistencia a reuniones.

Ante las quejas por el abultado importe de dicho concepto presupuestario, Pablo Pérez explicó que dicha partida refleja los gastos de representación (viajes, dietas, comidas...) de "todo el organigrama" del sindicato -incluida la organización de la asamblea nacional- y no "exclusivamente" de los integrantes del comité ejecutivo nacional.

Jupol es el sindicato mayoritario en el Consejo de Policía desde las elecciones celebradas en junio de 2019, cuando logró ocho de los 14 vocales en liza. Según informa en su web, cuenta en la actualidad con 25.637 afiliados, lo que representa en torno al 35 % de los efectivos que forman el Cuerpo Nacional.