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Jupol entregará también a la juez las auditorías y la justificación de las ayudas recibidas de Interior

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional entrega este viernes en el juzgado la contabilidad desde julio de 2018 a junio de 2021, como le requirió la semana pasada | La instructora investiga si el anterior líder cargó gastos personales a la organización

El secretario general del sindicato Jupol, Aarón Rivero, atendiendo a los periodistas.

El secretario general del sindicato Jupol, Aarón Rivero, atendiendo a los periodistas. EP

El sindicato Justicia Policial (Jupol) entregará a la juez que investiga los gastos de su anterior secretario general tanto los libros oficiales de contabilidad como las auditorías y la justificación de las subvenciones que le ha concedido el Ministerio del Interior en los últimos tres años para acreditar el destino que le ha dado a los fondos públicos.

Fuentes de Jupol han informado a este diario de que este viernes cumplimentarán el requerimiento realizado por el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid con la entrega a la instructora de más documentación de la que le solicitó a finales de la pasada semana: la contabilidad del sindicato desde el 9 de julio de 2018 al 3 de junio de 2021, cuando al frente de la organización se encontraba José María García.

En concreto, las fuentes han indicado que, además de la contabilidad oficial del citado periodo, aportarán las auditorías a las que sometieron las cuentas "sin incidencia alguna" y las declaraciones presentadas ante la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de acreditar que el sindicato "está al día en sus obligaciones" y que no pesa sobre él reclamación o impago alguno.

Jupol también presentará las memorias correspondientes a las subvenciones recibidas del Ministerio del Interior en los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Estas ayudas se otorgan en función de los votos y del número de vocales que cada organización tiene en el Consejo de Policía. En las últimas elecciones, celebradas en junio de 2019, logró 8 de los 14 representantes, desplazando al Sindicato Unificado de Policía (SUP) como primera fuerza.

Justicia Policial asegura que en su escrito detallará el destino dado a los fondos públicos que ha recibido, los conceptos y los perceptores de dichas cantidades con "importes individualizados". Según las fuentes, "más del 70 %" del dinero correspondiente a las subvenciones se ha destinado al pago de las pólizas contratadas con las aseguradoras.

Seguro de cobertura a sus afiliados

De acuerdo con las cantidades consignadas en el cuadro-resumen de su contabilidad, Jupol destinó el pasado año al abono del seguro de cobertura de sus afiliados 440.586,81 euros (el 26,14 % de todos sus gastos), una cifra que representó un incremento del 7,76 % respecto a la misma partida de 2020 (408.829,15 euros).

El procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid tiene su origen en la denuncia presentada por el policía Alejandro León, conocido en el Cuerpo Nacional como ‘Jandro Lion’. El citado órgano, que abrió diligencias previas el 30 de junio de 2021, acordó la pasada semana ampliar la instrucción por al menos seis meses más (hasta el 30 de diciembre de 2022) ante las pesquisas que ha de llevar a cabo para el esclarecimiento de los hechos, como el análisis de la contabilidad correspondiente al periodo 2018-2021.

La juez que investiga los gastos del ex líder de Jupol ha ampliado la instrucción del caso hasta diciembre

El denunciante ponía en conocimiento de la justicia que el comité ejecutivo nacional de Jupol había revisado los pagos realizados por José María García -entre ellos Aarón Rivero, entonces secretario de Organización y hoy secretario general- y había descubierto "gastos no autorizados", según le había transmitido telefónicamente un responsable provincial de la organización. 

Según León, el antiguo líder habría cargado al sindicato la compra de medicamentos (24 euros), consumiciones de bebidas alcohólicas "a altas horas de la noche por un valor de 24 euros cada copa", un par de zapatos (150 euros), la tasa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de una autocaravana, una impresora 3D pagada en Murcia "y que no se sabe dónde ha terminado", una "comilona" de diez personas (1.000 euros) en Almería y el alquiler de un vehículo "de alta gama" Citröen DS Crossback, con un coste mensual que "se aproxima a 930 euros".

La denuncia se presentaba justo cinco días después de que la entonces comisión transitoria de Jupol -constituida después de que cinco de los seis miembros que integraban el comité ejecutivo nacional se rebelaran contra García y forzaran la celebración de una asamblea extraordinaria para reprobar al secretario general y elegir una nueva dirección- reconociera abiertamente en un comunicado que una de las causas por la que se había producido esta crisis había sido el hallazgo de "gastos no justificados", alejados -decía- del "espíritu de eficiencia, transparencia y responsabilidad que ha caracterizado al resto de los miembros de la junta directiva de esta organización sindical".

"Burda justificación"

Frente a la versión esgrimida por la comisión transitoria, José María García calificó de "burda justificación" la acusación de que imputó gastos indebidos al presupuesto de la organización con la intención de "levantar fácilmente suspicacias". "Ni lo han acreditado mínimamente, a pesar de haber sido requeridos ante el Comité de Garantías, ni podrán hacerlo porque no es cierto y así se acreditará", mantuvo García en la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional con la que intentó abortar el "golpe de estado" con el que -en su opinión- sus compañeros le habían apartado de la dirección.

Aarón Rivero, secretario de Organización durante el pasado mandato, fue proclamado secretario general de Jupol tras las elecciones celebradas el pasado 21 de octubre. La suya fue la única candidatura que llegó a proclamarse: cinco precandidatos no lograron reunir los avales exigidos por la comisión organizadora (el 2 % en cada provincia), lo que motivó una impugnación en los tribunales que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo.

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