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El líder de Jupol pide a la Audiencia Nacional que invalide el "golpe de estado" en el sindicato

José María García asegura que la constitución de la comisión gestora que le ha desplazado de la secretaría general es "ilegal e ilegítima" y acusa a los "insurrectos" de buscar la desestabilización para beneficiar a los "enemigos" de la organización

José María García, en el centro, durante una concentración convocada por Jupol y Jucil.

José María García, en el centro, durante una concentración convocada por Jupol y Jucil. EP

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por presunta vulneración de derechos fundamentales con la que el secretario general de Justicia Policial (Jupol), José María García, pretende abortar el «golpe de estado» que -en su opinión- se ha producido en la organización para intentar apartarlo de la dirección de espaldas a los estatutos y a la legalidad.

Cinco de los seis integrantes del comité ejecutivo nacional de Jupol -todos menos García- presentaron un escrito el pasado 5 de mayo en el que pedían la convocatoria de una asamblea extraordinaria para someter a votación de las bases si se destituye al líder y se convocan elecciones anticipadas, después de que el secretario general hubiera intentado relegar a su número dos -el secretario de Organización, Aarón Rivero- y ampliar la estructura del comité ejecutivo con la creación de tres nuevas áreas sin aparente justificación. Desde entonces, el sindicato es regido por una comisión transitoria integrada por los miembros que han forzado dicha asamblea, que se celebrará el próximo miércoles.

En las últimas horas, el todavía secretario general de Jupol ha enviado un escrito a los afiliados en el que informa de la interposición y admisión a trámite de una demanda por parte de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que el próximo 17 de junio juzgará si la decisión de desplazarlo temporalmente del puesto y la constitución de una gestora tiene acomodo en los estatutos de la organización o por el contrario ha supuesto una vulneración a su derecho a la libertad sindical. La acción judicial está secundada por el presidente del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas, uno de los grandes apoyos de García en este momento y quien ya pidió que se le reintegrara en el puesto. 

«Algunos miembros de la junta directiva del sindicato han dado un golpe de estado en el sindicato, un golpe utilizando la fuerza para desposeer del cargo al secretario general, y para ello no han dudado en desatender la decisión del Comité de Garantías como órgano superior e independiente de nuestro Sindicato para la protección de los derechos, que ha declarado la nulidad de su actuación, y lo han hecho de forma totalmente ilegítima y contra la normativa legal y estatutaria», expone.

García dice no tener duda de la «ilegalidad e ilegitimidad» de la decisión y defiende que los «insurrectos» sólo buscan provocar «una enorme inseguridad sindical y una desestabilización orgánica» que beneficiaría a los «enemigos» de la organización. «Si no pueden con nosotros desde fuera, porque no cedemos, entonces el ataque llega desde dentro», subraya.

Gestión «autoritaria» y gastos «no justificados»

Según defienden los críticos, la decisión de forzar la salida de García está motivada por el carácter «autoritario» de su gestión, por imputar «gastos no justificados» al sindicato -como la compra de ropa, productos farmacéuticos y un ordenador, el pago de la ITV de una caravana, el alquiler de estancias hoteleras- y por mentirles al asegurar que había dimitido como administrador único de una empresa familiar cuando llegó a la dirección del sindicato y haberse confirmado que ha continuado. El hecho de ejercer cargos directivos en la compañía y no haber solicitado la compatibilidad para seguir ejerciendo como funcionario ha motivado que la Dirección General de la Policía le haya impuesto una sanción de un año -ya firme- por la comisión de una falta tipificada como muy grave.

«El sr. José María García nos manifestó a todos, e incluso lo hizo en medios de comunicación, que de la empresa que era motivo de una de sus sanciones disciplinarias, se había desvinculado totalmente de ella en 2018, extremo que todos creímos, haciendo incluso una campaña de apoyo mediante mensajes de difusión en redes sociales. Pues bien, hace cuestión de unas cuatro semanas aproximadamente, nos enteramos de que la desvinculación de la empresa en cuestión era falsa, pues en el Registro Mercantil figuraba como accionista 100% de la misma, y pudimos comprobar que en 2020 y 2021 todavía había competido en licitación de obra pública», destaca el comité regional de Galicia en el comunicado difundido este miércoles para pedir al secretario general que dimita «voluntariamente».

García acusa a los «insurrectos» de querer desestabilizar a la organización para beneficiar a los «enemigos»

A este último reproche no hace mención en su escrito García, que tacha de «burda justificación» la acusación de que imputó gastos indebidos al presupuesto de la organización con la intención de «levantar fácilmente suspicacias». «Ni lo han acreditado mínimamente, a pesar de haber sido requeridos ante el Comité de Garantías ni podrán hacerlo, porque no es cierto y así se acreditará», asegura.

El pasado 17 de mayo, un afiliado presentó una denuncia ante los juzgados de Móstoles contra José María García y Jupol al entender que aquél ha utilizado presuntamente dinero de la organización para «fines personales». Se trata de la misma persona que ya interpuso una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su líder a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados desde 2019, tras haber intentado sin éxito que le facilitaran la información contable.

En paralelo, el secretario general detalla que todos los gastos generados por la gestora se reclamarán «por las vías adecuadas» para que la afiliación no sufrague «las actuaciones de una comisión transitoria irregularmente constituida». «La asamblea nacional convocada tiene todos los visos de ser declarada ilegal, siendo su planteamiento de inicio antidemocrático y en la que se plantea una cuestión como es mi cese, sin que se me haya permitido exponer a los afiliados mis argumentos, pues se me han suprimido todos los medios de contacto con ellos y únicamente los golpistas han publicitado, que no acreditado, sus supuestos argumentos», apostilla.

A falta de una semana para que se celebre la asamblea extraordinaria en la que debe decidirse si se destituye a García y se convocan elecciones o se le ratifica en el puesto, la fractura en el seno del sindicato mayoritario de la Policía es absoluta. Como informó este diario, al menos siete comités regionales (Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco, Cataluña y La Rioja) y ocho provinciales de Jupol (Algeciras, Almería, Ávila, Córdoba, Granada y Jaén) no reconocen a la gestora que dirige la organización desde principios de mes al entender que se ha constituido «ilegalmente» y proclaman la autoridad de José María García como secretario general.

Madrid, Galicia y Valencia no respaldan al líder

Entre los comités regionales que no han mostrado abiertamente su adhesión al secretario general se encuentra el de Madrid, que ha abogado públicamente no por la continuidad en el cargo de García sino por la «celebración de elecciones». Esta organización es clave, dado el elevado número de afiliados que tiene Jupol en esta comunidad.

«Un sindicato que pretende ser modelo a seguir en cuanto a pulcritud, transparencia y ética, no debe de permitir esta serie de conductas, que fuere como fueren, han puesto en jaque el trabajo diario de muchos delegados, la credibilidad de Jupol, su unión, el movimiento de Jusapol, y también ha comprometido a Jucil [la asociación en la Guardia Civil]», defiende el comité regional de Galicia.

Entre los críticos con la actuación del secretario general se encuentra el máximo responsable de Jupol en Valencia, que ha difundido una nota de audio en la que deja clara su postura ante la situación que se ha generado en el sindicato. «La realidad es que Chema [José María García] ha tenido comportamientos impropios de esta organización y debería haber dimitido», sostiene Sebastián Gómez.

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